El Gobierno reprocha al Congreso que se haya excedido de su competencia

El Gobierno reprocha al Congreso de los Diputados que se haya excedido de sus competencias al intentar someterle a control, mientras que no ha cumplido con su cometido de investir a un presidente. Así lo explica en el escrito de alegaciones previo a que se inicie el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional y concluye que "el Congreso de los Diputados ha planteado el establecimiento de un control ordinario en una situación extraordinaria".

El Ejecutivo presenta el escrito la tarde del viernes en el registro del Congreso. Concluye que "el Gobierno rechaza el requerimiento del Congreso de los Diputados por estimar que está actuando en el ejercicio constitucional de sus atribuciones y se ratifica en su criterio de que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre este y el Congreso de los Diputados".

El conflicto de atribuciones fue iniciado por el Congreso, con el voto de todos los partidos, salvo el PP, al negarse el Gobierno a someterse a control del Parlamento mientras estaba en funciones.

El Constitucional tardará aún meses en fallar sobre el asunto, por lo que su resolución tendrá un efecto simbólico y político. Servirá también para resolver el vacío legal para el caso en el que se llegue a una situación similar en el futuro.

Sostiene Moncloa que desde la celebración de elecciones en diciembre de 2015, el Gobierno cesó y pasó a estar en funciones y con un Parlamento distinto del que le dio la confianza en 2011. Los ministros "dejan de ejercer sus funciones en virtud de la confianza depositada en el presidente como consecuencia de la investidura otorgada por el Congreso de los Diputados y pasan a ejercer una obligación ex lege que evita la vacatio en el despacho ordinario de los asuntos públicos y que, al mismo tiempo, impide al Ejecutivo en funciones adoptar decisiones de orientación política, tal y como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de septiembre y 2 de diciembre de 2005 y de 28 de mayo de 2013".

Pese a eso, comparecieron el presidente del Gobierno y tres ministros para dar cuenta de decisiones que como la cumbre europea requerían escuchar a los grupos. Lo hicieron "para proporcionar información sobre asuntos en los que no cabía demora por la urgencia de las materias, así como para que el Gobierno en funciones pudiera, en su caso, conocer el criterio de las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados sobre las mismas".

A partir de ahí, el escrito cita los precedentes y reprocha al Congreso que pretendiera actuar con normalidad y con un control ordinario. "No sólo ha tramitado iniciativas de control político al Gobierno cesado, sino que ha llegado a incluir en el orden del día del pleno una sesión de preguntas orales en pleno, que constituye la forma más habitual de control ordinario al Gobierno, y ello a pesar de que el Ejecutivo en funciones no solo carece de la confianza de la Cámara sino también de capacidad de orientación política en sus actuaciones y para adoptar medidas", explica.

Reprocha también que haya admitido preguntas ajenas a las competencias restringidas que tiene estando en funciones. Así, asegura que ha admitido "iniciativas de control sobre asuntos que excedían manifiestamente de las competencias de un Gobierno en funciones o que aludían a decisiones de orientación política adoptadas antes del cese del Gobierno tras la celebración de las elecciones del 20 de diciembre".