Otro juzgado de Valencia pregunta al Senado si Rita Barberá es aforada
La juez instruye una denuncia contra la exalcaldesa por mantener símbolos franquistas
El Senado ha recibido otro escrito de un juzgado valenciano, el de Instrucción 16, que le pregunta por la condición de senadora de Rita Barberá y, por tanto, de aforada; en este caso, por un supuesto delito de desobediencia relacionado con el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. En concreto, por mantener símbolos del franquismo en Valencia, ciudad de la que Barberá fue alcaldesa de 1991 a 2015.
La recepción del escrito remitido por el juzgado ha sido anunciada por el vicepresidente primero de la Cámara, Pedro Sanz, según ha informado Europa Press.
El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha precisado que la misiva remitida al Senado con fecha de 22 de febrero "es un recordatorio de otro oficio dirigido" a la Cámara en octubre de 2015 "ya que, después de cuatro meses, la magistrada seguía sin recibir respuesta a su solicitud de información sobre Barberá".
Este juzgado abrió el año pasado una causa judicial por supuesto delito de desobediencia y denegación de auxilio contra Barberá por no retirar el nombre de calles y honores a dirigentes franquistas. La denuncia que dio origen al procedimiento fue interpuesta por el Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica y por los socialistas valencianos. Como entonces Barberá era diputada regional, el juzgado remitió en 2015 el asunto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, ante el cual estaba aforada, para que decidiera si imputaba —investigaba según la nueva denominación judicial— a la exalcaldesa.
El TSJ respondió que, al haber dejado de ser Barberá diputada autonómica para convertirse en senadora, solo el Tribunal Supremo podía actuar penalmente contra ella. El paso previo a remitir el asunto al Supremo es contar con la confirmación oficial del Senado de que Barberá es diputada en la cámara alta.
La Mesa del Senado ha decidido remitir el escrito al Tribunal Supremo, que deberá responder al juzgado valenciano sobre Barberá. Si la causa sigue adelante, será este tribunal el que la asumirá, puesto que es el único que puede juzgar a diputados y senadores.
La petición de información es el mismo trámite que el Senado siguió con el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye la Operación Taula y que también había preguntado por la exalcaldesa al Senado en febrero. Dicho juzgado recibió la respuesta del Supremo.
Calles y placas
La denuncia contra Rita Barberá, cuando todavía era alcaldesa de Valencia, por incumplir supuestamente la Ley de Memoria Histórica fue firmada por el secretario general de los socialistas de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, el responsable del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, Matías Alonso, y el abogado madrileño Eduardo Ranz.
En ella se mencionaban los nombres de 33 calles que, según los denunciantes, continuaban dedicadas a personas que fueron dirigentes franquistas o tuvieron un papel relevante en la dictadura. La relación incluía inicialmente 59 nombres, pero buena parte de ellos fueron eliminados tras ser revisados por expertos de la Universidad de Valencia. Entre las calles y placas conmemorativas incluidas en la denuncia figuran las dedicadas al exgobernador civil de Valencia Antonio Rueda y al primer alcalde de la ciudad tras el final de la Guerra Civil, Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, barón de Cárcer.
Los denunciantes mantuvieron que Barberá se había mostrado "especialmente hostil" al acatamiento de la Ley de Memoria aprobada en el año 2007 por un Gobierno socialista. Y que había sido advertida tanto de la existencia de la norma como de la jurisprudencia emanada por los tribunales en el sentido de que debían retirarse los honores a dirigentes de la dictadura.
El secretario general de los socialistas en la provincia de Valencia afirmó que el principal objetivo que perseguía la denuncia era poner de manifiesto "que todas las leyes deben cumplirse, también esta". Este martes, Ábalos ha insistido en que Barberá se mostró siempre "siempre beligerante" respecto a la norma, lo que les llevó "a recurrir a la justicia ante la persistencia de la entonces alcaldesa en mantener símbolos franquistas en la ciudad".
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