El juez busca el nexo de Aguirre y González con la red Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco está estrechando el cerco judicial sobre la expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y sobre su número dos, Ignacio González, con más registros en despachos de la sede del Canal de Isabel II, la empresa pública encargada del suministro de agua, y en la Consejería de Transportes, los dos departamentos más inversores del Gobierno madrileño. El juez requisó este lunes un total de 31 contratos firmados entre 2004 y 2013 por esa consejería con la constructora OHL, cuyo consejero Javier López Madrid es investigado por el caso Púnica.

Un funcionario de la Audiencia Nacional se personó el viernes 12 de febrero en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid con un mandamiento judicial firmado por el juez Eloy Velasco, que investiga el caso Púnica, para reclamar los contratos suscritos por ese departamento con la constructora OHL desde 2004 hasta la actualidad. Este lunes acudió de nuevo a recogerlos. Le facilitaron la lista completa. Fueron 31 contratos y el último se adjudicó en 2013. Los hay cuantiosos y otros menores.

Velasco persigue demostrar la conexión entre algunas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid en la época de la presidencia de Esperanza Aguirre, e incluso, a partir de 2012, de Ignacio González, cuando la dirigente popular anunció su primera retirada por enfermedad y para dedicarse más a asuntos personales. La investigación tiene que ver con el caso Púnica, que ha llevado a la cárcel desde hace 14 meses a Francisco Granados, que fue su consejero de Presidencia, de Transportes y secretario general en el PP madrileño. Pero las ramificaciones de Púnica implican a más departamentos relacionados con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y a varios Ayuntamientos, con los que Granados tenía amplias relaciones y a los que se otorgaron obras a través del constructor y su presunto socio David Marjaliza.

EL PAÍS se puso en contacto con la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que declinó hacer ningún comentario, y no pudo localizar al expresidente Ignacio González.

La investigación ha experimentado una gran evolución a partir de la colaboración del constructor Marjaliza con el juez, tras descubrirse una agenda en la que apuntaba anotaciones muy valiosas y tras escrutarse los numerosos pinchazos telefónicos autorizados.

El juez Velasco, también en el ámbito de la Operación Púnica, encargó hace justo un año a los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que registrasen despachos y ordenadores de la sede central del Canal de Isabel II en Madrid. Registros similares se han producido de nuevo en las últimas semanas, según fuentes del organismo regional.

Los investigadores inspeccionaron ordenadores y documentación relacionada con contratos publicitarios del Canal de Isabel II, que es una de las entidades con mayor capacidad inversora del Gobierno regional madrileño desde hace años. Ignacio González presidió durante nueve años el Canal, la empresa pública que depende de la Consejería de Presidencia, que también ostentaron más tarde tanto Francisco Granados como Salvador Victoria. Este exconsejero era considerado la mano derecha de González en su Ejecutivo, hasta que Mariano Rajoy decidió la primavera pasada retirarle su confianza y relevarle en la candidatura del PP sin llamarle siquiera por teléfono y sustituirle por Cristina Cifuentes.

El Canal de Isabel II concedió en enero de 2014 un megacontrato publicitario a la empresa Area Media, filial de una multinacional francesa, por un importe de 5,5 millones de euros para campañas de publicidad y ese contrato está en el punto de mira de la investigación judicial.

El juez sospecha que en el transfondo de esas adjudicaciones y de algunos de esos contratos pudo producirse también financiación irregular del PP de Madrid y de algunas campañas electorales de Esperanza Aguirre. Por esa razón, los investigadores de la Guardia Civil acudieron el pasado jueves a la sede regional de ese partido en la calle Génova de Madrid para registrar y requisar el disco duro y el servidor completo del ordenador del exgerente de esa formación, Beltrán Gutiérrez Colomer. El exgerente, que la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, despidió tras el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y que Aguirre volvió a recolocar sin pedir permiso como administrativo, fue interrogado el viernes pasado por la Guardia Civil. Lo negó todo y este lunes fue considerado imputado por el juez, que ahora le tomará declaración.