León envuelve a Isabel Carrasco en el olvido

Desde Acebedo a Zotes del Páramo, en ninguno de los 211 municipios de la provincia de León, una placa, una calle, una rotonda o un edificio público recuerdan a Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación provincial abatida a tiros el 12 de mayo de 2014. El olvido social de la víctima, una de las políticas más poderosas de Castilla y León, comenzó casi el mismo día de su funeral —con la excepción de la entrega de la medalla de Oro de la Diputación a título póstumo y un homenaje más bien discreto en el primer aniversario del crimen— y se ha extendido al juicio contra sus supuestas asesinas, que arrancó el pasado martes.

Carrasco se ha convertido en una figura incómoda tras su muerte. El PP, del que la asesinada fue presidenta provincial y del que eran afiliadas dos de las procesadas —Montserrat González, autora confesa de los disparos, y su hija Triana, que usó el partido como lanzadera laboral— se ha personado en la vista oral como acusación particular. Sin embargo, en esta primera semana de juicio ningún dirigente conservador, ni siquiera a nivel local, ha tenido un recuerdo para la víctima, ni ha expresado públicamente palabras de aliento para su hija o su pareja sentimental. El mismo silencio se ha apreciado a las puertas de la Audiencia Provincial: la llegada de las acusadas —madre e hija desde la cárcel de Mansilla de las Mulas y la policía local Raquel Gago, supuesta cómplice del crimen, en libertad provisional— solo ha despertado el interés, ese sí masivo, de los medios de comunicación.

La persona que más ha reivindicado la figura de la asesinada ha sido en este tiempo Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, que ha honrado la memoria de la víctima en sus visitas a la provincia tras el crimen, aunque en las últimas campañas electorales en la provincia Carrasco desapareció del horizonte. A medida que se desciende en la escala institucional, el olvido se hace más palpable. En la actual Diputación gobierna Juan Martínez Majo, uno de los principales rivales políticos de Carrasco, y de quien esta se deshizo tras las elecciones municipales de 2011. En ningún pueblo, ni siquiera en Cuadros, donde gobierna Marcos Martínez Barazón, su sucesor y que dejó la presidencia de la Diputación tras ser detenido y encarcelado en la Operación Púnica, se ha realizado homenaje alguno a Carrasco.

Precisamente, una de las razones que explican el abandono póstumo de Carrasco tiene que ver con su supuesta implicación en esta trama de corrupción. La Diputación contrató los servicios de la empresa de Alejandro de Pedro Llorca, uno de los principales imputados de Púnica, para mejorar la imagen de Carrasco en las redes sociales. Los servicios supuestamente incluyeron la creación de periódicos zombi en Internet para alabar la tarea de la dirigente popular al frente del ente supramunicipal leonés. El hecho de que Carrasco ocupara hasta 13 cargos en administraciones y consorcios públicos, por los que percibía en torno a 150.000 euros anuales entre sueldos y dietas, tampoco ha espoleado las ganas de reivindicar su figura entre sus compañeros de partido.

Carrasco prometió a Triana Martínez, la hija de su asesina confesa, un puesto a dedo de funcionaria en la Diputación, y posteriormente, con el mismo criterio caprichoso, se lo quitó. Según confesó la propia Triana varios meses después de ser detenida, la caída en desgracia llegó tras haberse negado, a finales de 2010, a mantener relaciones sexuales con Carrasco. Personas que trataron en vida con la presidenta de la Diputación —así como todas las acusaciones del juicio— albergan grandes dudas sobre este supuesto acercamiento sexual, que Triana mantuvo oculto por “vergüenza”.

La muerte violenta de la política no ha venido acompañada de ninguna muestra de simpatía popular, como suele suceder en estos casos. Después de que la Diputación concediera a la víctima la Medalla de Oro de la institución a título póstumo, un total de 10.738 personas firmaron una petición en la plataforma Change.org para que la distinción le fuera revocada.

La antipatía que suscitaba Carrasco más allá de su círculo íntimo de confianza tuvo su expresión más extrema —y delictiva— en la pintada que un anónimo realizó en el suelo donde cayó tiroteada la política. “Aquí murió un bicho”, escribió alguien, amparado por la oscuridad, en la pasarela sobre el río Bernesga, que ha pasado a ser conocida en la ciudad con el mal nombre de “Puente de Triana”, en referencia a la hija de la asesina. Un joven de Bembibre estuvo detenido un día por un tuit en que injuriaba gravemente a la asesinada y justificaba el crimen.

Aunque estas expresiones de enaltecimiento del crimen son marginales, en la primera jornada del juicio el fiscal jefe de León, Emilio Fernández, se vio obligado a recordar una aparente obviedad: la vista oral no va sobre la “supuesta maldad” de Carrasco sino sobre su asesinato.

En el inicio del proceso, las estrategias de las defensas quedaron claras: Montserrat González se ha responsabilizado en exclusiva de la preparación —seguimientos, compra del arma— y ejecución del crimen. La madre busca exculpar a su hija Triana, que, según su versión, trató de disuadirla de matar a Carrasco y recogió del suelo, sin saber su contenido y por puro instinto, la bolsa que contenía el revolver Taurus con el que la política fue asesinada. De creerse el jurado esta versión, Triana sería únicamente responsable de encubrimiento, lo que además no acarrearía pena, pues el Código Penal no castiga a las personas que ocultan los delitos cometidos por sus familiares en primer grado.

En cuanto a la policía local Raquel Gago, esta ha rechazado que autorizara a su amiga Triana a esconder en su coche la bolsa con el arma homicida y ha tratado de desvirtuar los informes policiales que la sitúan en los supuestos seguimientos a la presidenta de la Diputación.

El juicio terminará el 17 de febrero. Ese día, el jurado se retirará a deliberar, y tras el veredicto el silencio sobre Isabel Carrasco será ya absoluto.