Obsesión por las puertas giratorias y la independencia judicial

El cuarto bloque del debate, sobre regeneración democrática y reformas, fue uno de los más tensos del cara a cara. El desprestigio de la política y la corrupción, la segunda preocupación de los españoles, según el CIS, provocó que Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias se enzarzaran en réplicas y contrarréplicas. El candidato de Ciudadanos, que abrió el turno, propuso un “pacto nacional” para que no haya imputados por corrupción en cargos políticos, para acabar con los aforamientos y los indultos a condenados por quedarse dinero público. Rivera puso el énfasis en reforzar la independencia de los jueces y fiscales y planteó cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para evitar que sus magistrados puedan ser afiliados de partidos, como sucede ahora. Su presidente, Francisco Pérez de Los Cobos, estuvo afiliado al PP hasta 2011.

Pedro Sánchez, candidato del PSOE, presumió de que su partido puso en marcha la fiscalía anticorrupción. El candidato socialista prometió derogar todas las reformas del PP en materia judicial de la pasada legislatura, sobre todo la Ley de Tasas y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita a seis meses el tiempo de investigación.

Por su parte, el primer recuerdo de Pablo Iglesias, líder de Podemos, en este bloque fue para el ausente Mariano Rajoy. “La policía estuvo 14 horas registrando la sede del PP, quizá por esto no está aquí esta noche”, dijo. Iglesias introdujo pinceladas a lo largo de todo el cara a cara, no solo en el bloque final, de su gran obsesión: el fin de las puertas giratorias entre la política y la empresa, que calificó de “corrupción legal”. “Existen centrales nucleares porque hay políticos en consejos de empresas que favorecen los intereses de las empresas en contra de la salud pública”, dijo. En un bloque anterior afirmó que la exministra socialista Trinidad Jiménez está ya sentada en el consejo de Telefónica cuando a día de hoy no lo está. Ello provocó una reacción airada del candidato socialista: “De Monedero me podía esperar esto, de ti no me lo esperaba”, le contesto.

En esta parte del debate los candidatos intercambiaron sonados reproches. Sánchez se jactó de no llevar ningún imputado en las listas. Rivera saltó: “No, los pones de presidente de la Junta [de Andalucía, en referencia al expresidente José Antonio Griñán]”. Iglesias reprochó entonces al líder de Ciudadanos su apoyo al PSOE en Andalucía. “Los imputados se van gracias a Ciudadanos precisamente”, le replicó Rivera al líder de Podemos, antes de echarle en cara que lleve de número uno por Jaén a Andrés Bódalo, condenado por agresión.

En el bloque de reformas, Ricardo, un espectador procedente de “un pueblo pequeño”, les preguntó sobre el futuro de los ayuntamientos. Rivera abogó por fusionar entidades locales pequeñas para mejorar los servicios y suprimir las diputaciones, “el lugar más opaco y donde los partidos pueden colocar a más gente”. Sánchez propuso una nueva derogación de una norma del PP: la de la ley de racionalización de la Administración Local, “que supone privatizar servicios”. Iglesias, por su parte, propuso fusionar municipios como forma de tener una administración más ineficaz: “Lo que salen caros no son los ayuntamientos, son los corruptos”, dijo.

Respecto a las reformas de la vida política, Rivera habló de cambiar la ley electoral para quitar peso a los nacionalistas mediante una lista nacional para partidos y urnas por distritos con listas abiertas para “premiar o castigar a candidatos”. Sánchez habló de limitar los mandatos y establecer por ley primarias y cuotas de mujeres en las listas. Finalmente, Pablo Iglesias propuso pasar de la circunscripción provincial a la autonómica para “acercarse al principio de proporcionalidad”.

El moderador, Carlos de Vega, cerró el bloque con una pregunta directa: “¿Si llegan a la Presidencia, qué sueldo se pondrán?”. Donde el presentador pedía una cifra, los candidatos le devolvieron doctrina. Rivera propuso otro “pacto de Estado” que haga que ningún otro cargo político –en especial presidentes autonómicos o alcaldes- pueda cobrar más que el jefe del Ejecutivo. Sánchez propuso “reordenar el sistema de retribución” e Iglesias planteó que el presidente del Gobierno no cobre más que un funcionario de nivel A, como un inspector de Hacienda o de Trabajo.