La mitad de las grandes ciudades ha reducido el sueldo de sus alcaldes

Tras las elecciones locales del pasado 24 de mayo, tres de las seis grandes ciudades han reducido el sueldo de sus alcaldes: Barcelona, Valencia y Zaragoza, en porcentajes que rondan el 25%. Madrid, que también anunció la rebaja antes de los comicios, formalizará la iniciativa partir de septiembre, según fuentes municipales. La reforma de la Administración local, en vigor desde enero de 2014, estableció los techos salariales en función del número de habitantes, un criterio que para Podemos e IU es insuficiente. También Ciudadanos los critica.

Zaragoza en Común arrebató el poder a los socialistas en las urnas. A principios de julio, el nuevo alcalde, Pedro Santisteve, propuso y aprobó en el primer pleno del Consistorio una reducción del 25% de su sueldo. Zaragoza, con 666.058 habitantes, entra dentro del tramo más alto de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La norma establece que en las ciudades de más de 500.000 vecinos los regidores no podrán cobrar por encima de los 100.000 euros. Antes de que entrara en vigor, los Ayuntamientos podían establecer el sueldo de los ediles sin limitación, pero la ley no impone un salario mínimo.

La retribución del exregidor Juan Alberto Belloch (PSOE) no sobrepasaba el máximo de 100.000 euros, pero Zaragoza en Común decidió disminuir el sueldo de Santisteve después de las elecciones. "Hay que distinguir entre un salario digno y unos privilegios", manifiesta el alcalde, que considera desorbitada la cantidad de 100.000 euros que cobraba su predecesor, si se tiene en cuenta la situación de precariedad salarial "en la que viven muchas personas de este país".

Pero, ¿qué se considera como un sueldo "digno" para desempeñar la función pública en el ámbito local? Podemos e IU coinciden en que son necesarios criterios adicionales al número de habitantes para regular los límites máximos. Y, además, consideran que el techo que impone la ley para Ayuntamientos de más de 500.000 habitantes no responde al principio de austeridad que, según ambas formaciones, debe asumir un cargo electo.

En el caso de Podemos, se ha establecido que ninguno de sus cargos públicos puede cobrar tres veces por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI, 648,60 euros al mes). La formación propone otros parámetros para corregir los salarios, como tener en cuenta el número de hijos del edil en concreto. Desde IU se aboga también por atender a la capacidad presupuestaria del Consistorio o al número de concejales liberados, porque la carga de trabajo y dedicación del alcalde será mayor o menor. Ambos partidos coinciden en que un sueldo de unos 2.000 o 2.200 euros al mes es suficiente, incluso para ciudades como Madrid o Barcelona.

Manuela Carmena pretende alcanzar un consenso con el resto de la Corporación para bajarse el salario a partir de septiembre, mientras que Ada Colau ya lo ha aprobado y es la edil que ha hecho un esfuerzo económico mayor. La líder de Barcelona en Comú pasará a cobrar, de manera oficial, 80.115 euros; mientras que su predecesor, Xavier Trias (CiU), percibía unos 109.000. Sin embargo, su sueldo real será de unos 43.000 —unos 2.200 euros al mes—, en aplicación del código ético de su formación, según fuentes municipales. Una rebaja que también asumirán Santisteve o el regidor de Valencia, Joan Ribó (Compromís), cuya remuneración será un 20% menos que la de su antecesora, Rita Barberá (PP).  

Sevilla es la ciudad con el  alcalde que menos cobra, Juan Espadas (PSOE), 59.831 euros

Algunos expertos consideran que una reducción drástica puede implicar problemas. Elena Costas, investigadora del departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y editora de Politikón, cree que para recuperar la confianza de la ciudadanía no basta solo con rebajarse el sueldo, sino que los políticos tienen que ser buenos gestores: "Para atraer a profesionales bien preparados los salarios no pueden ser demasiado bajos. Si queremos buenos políticos, hay que pagar bien por ellos", manifiesta. El politólogo Pablo Simón apoya la teoría de Costas e introduce un nuevo tema a debate: la "posibilidad" de que concejales mal remunerados caigan en la corrupción para enriquecerse por otra vía. "Creo que la horquilla de retribuciones que establece la ley es lógica y correcta", subraya.

IU rechaza que los sueldos austeros sean sinónimo de corrupción. Manuel Fuentes, es secretario de política municipal de la formación: "Hay ejemplos de algunos que cobraban mucho dinero y sin embargo se lo llevaban a Suiza". En la misma línea se pronuncia el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Velasco, quien entiende que hay que analizar qué hace realmente un alcalde, en función del Ayuntamiento en que gobierna, para modular su retribución. "Algunos cargos electos podrían hasta no cobrar, la cuestión es conocer qué hace de verdad ese cargo electo", asevera.

Por su parte, Ciudadanos agradece que la ley impusiera topes a las retribuciones, pero considera que estos son excesivos. "Lo lógico es que ningún alcalde cobre más de 75.000 euros, que es el sueldo del presidente del Gobierno", aduce Antonio Espinosa, secretario de Acción política de la formación. Ciudadanos coincide con UI en el hecho de atender más a la capacidad presupuestaria de los Ayuntamientos, para que los sueldos sean proporcionales a la responsabilidad del cargo.

Bipartidismo

Fuentes del Partido Socialista (PSOE) consideran que el problema del criterio del número de habitantes es que algunos municipios ven incrementada su población de manera considerable en determinadas épocas del año, por lo que habría que estar también a otros factores como la actividad económica del municipio. Solo uno de los alcaldes de las grandes ciudades es socialista: Juan Espadas, Sevilla. Él no se ha tocado el sueldo, pero es el que menos cobra —59.831 euros—, aún siendo la cuarta urbe de mayor envergadura. Espadas sí ha llevado a cabo otras iniciativas, como igualar la remuneración de los directivos y gerentes de las empresas municipales a la suya.

Desde el PSOE entienden que, salvo excepciones contadas, la mayoría de las retribuciones son las "adecuadas", e incluso se sitúan por debajo de la media europea. Están de acuerdo con establecer criterios de austeridad ajustados a la realidad presupuestaria de los Consistorios y al nivel de responsabilidad que se asume como cargo público, pero sin practicar "la demagogia y el populismo". 

Desde el Partido Popular (PP) consideran un logro el hecho de que la reforma de 2013 estableciera un techo salarial que anteriormente no existía, y entienden que el número de habitantes es el criterio más objetivo. "Es muy complicado ir caso por caso", subraya Manuel Cobo, secretario ejecutivo de Política local, que participó en la elaboración de la norma.

Ninguna de las grandes ciudades populares —Málaga y Murcia— ha reducido el sueldo de sus alcaldes. José Ballesta, regidor de Murcia, manifestó en una entrevista a La Opinión de Murcia que "ya llegaba con el sueldo bajado", porque él cobraba más con su trabajo anterior. Por su parte, Francisco De La Torre, que gobierna en Málaga, ya perdió poder adquisitivo cuando dejó de cobrar como senador y pasó a percibir solo como alcalde.

Las rebajas que están por venir

El único Ayuntamiento de más de 500.000 habitantes en el que gobierna una formación de unidad popular que aún no ha reducido el sueldo de su alcalde es el de Madrid. El parón estival y el deseo de llegar a un consenso con el resto de grupos han hecho que Manuela Carmena deje para septiembre la rebaja de su retribución y la del resto de ediles, según fuentes municipales. Tanto Barcelona en Comú, como Compromís o Zaragoza en Común —que gobiernan en Barcelona, Valencia y Zaragoza— han subrayado que además de las reducciones que se han formalizado en pleno, destinarán parte de sus salarios a proyectos sociales o a su propia formación, por lo que esa diferencia no influirá en un ahorro concreto de las arcas públicas. Otra de las ciudades que pretende bajar el sueldo de su alcalde es Valladolid. Aunque Óscar Puente (PSOE) no sobrepasa el tope legal, pretende llevar a pleno la rebaja en las próximas semanas.