Prevaricación, no malversación

El magistrado Alberto Jorge Barreiro sostiene que la Junta de Andalucía concedió 855 millones en ayudas sociolaborales durante 11 años mediante un procedimiento sin control que facilitó el fraude.

• El origen del fraude. “La consejería de Empleo implantó en 2000 un sistema de concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis sin bases reguladoras, ni convocatorias donde se publicitasen las ayudas ni criterios de selección de los beneficiarios, ni baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder, por lo que los sistemas utilizados para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales”.

• Prevaricación, no malversación. Los imputados, “conocedores de este sistema ilegal dictaron resoluciones con visos de arbitrariedad, a sabiendas de su injusticia, cuando aprobaron en los consejos de Gobierno las modificaciones presupuestarias con el fin de incrementar una partida que permitía dedicar grandes cantidades de dinero a conceder ayudas a empresas que sabían que se iban a conceder por un procedimiento ilegal (...) No constan indicios de que Chaves, Zarrías y Griñán intervinieran directamente en esas entregas de fondos públicos, ni que supieran que se estaba disponiendo de los caudales públicos para ayudas con destino al lucro ilícito de terceras personas”.

• Pérdidas millonarias. El magistrado advierte de que no todo el dinero empleado (855 millones) se puede considerar defraudado. “Concurren supuestos de concesiones claramente fraudulentas que nunca se debieron conceder y otras de las que sí tendría que hacerse cargo el erario público en todo caso, aunque cumplimentando el procedimiento legal para las concesiones”. El magistrado apunta la existencia de 77 intrusos —personas que sin pertenecer a la empresa cobraron por el ERE—, señala que se pagaron prejubilaciones cuya cuantía rebasaba los límites legales y denuncia una pérdida de 66 millones en sobrecomisiones pagadas a dos compañías de seguros.

• Los avisos de ilegalidad. El Interventor de la Junta de Andalucía avisó desde 2005 del sistema irregular de ayudas, pero no llegó a redactar un informe de actuación para obligar a tomar medidas. El juez sugiere que el Interventor no dio ese paso por miedo a perder el cargo, para el que fue nombrado por el Gobierno. Y se pregunta “si un interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido”.