Hacienda investigaba desde hacía meses al exdirector del FMI

La Agencia Tributaria llevaba muchos meses investigando el patrimonio en el exterior del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, pero no fue hasta febrero pasado en que decidió enviar sus informes al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), según ha podido saber EL PAÍS en fuentes del Ministerio de Hacienda.

Las primeras alarmas no saltaron en abril de 2012, cuando Rato regularizó su patrimonio mediante una Declaración Tributaria Extraordinaria (DTE), ni tampoco un año después, al entrar en vigor la obligación de declarar todos los bienes y derechos en el exterior (la denominada Declaración 720), sino cuando en abril de 2014 tuvo que actualizar esa información. A partir de ese momento saltaron los indicadores al casar estos tres documentos y comprobar que había contradicciones entre lo declarado como persona física y sus participaciones en sociedades. Tirando del hilo, los inspectores de Hacienda comprobaron la existencia de una serie de sociedades radicadas en el exterior, cuya pista llevaba hasta algunos paraísos fiscales.

A mediados de febrero de 2015, la Agencia Tributaria decidió enviar su informe detallado al Sepblac, junto a una lista de más de 700 contribuyentes que habían regularizado su patrimonio en 2012 y se consideraban “personas con exposición pública” (PEP, en argot de esta agencia). Hacienda consideraba que además de presunto delito fiscal el exdirector gerente del FMI podría haber cometido otro delito de blanqueo de capitales. Todo se precipitó esta misma semana, cuando los investigadores del Sepblac detectaron ciertos movimientos en varias sociedades de Rato en el exterior y enviaron toda la documentación a la Fiscalía de Madrid, quien decidió ayer por la mañana intervenir para evitar que continuara el alzamiento de bienes y, sobre todo, la destrucción de pruebas.

Desde el Ministerio de Hacienda explican que todo este proceso prueba que la Ley de Regularización no era una amnistía, sino tan solo una posibilidad de traer el dinero que muchos españoles tenían en el exterior pagando una multa. El propio ministro, Cristobal Montoro, ha comparado la DTE con las anteriores regularizaciones fiscales (dos con distintos gobierno socialistas). “Esas sí eran amnistías fiscales y no ésta, porque hemos investigado las regularizaciones para comprobar que los fondos en el exterior no provenían de una ilicitud”.

La Agencia Tributaria envió el informe al Sepblac en febrero pasado

En 2012, 29.683 contribuyentes se acogieron a la DTE y Hacienda ingresó 1.193 millones de euros por esa regularización. Un año después, con la entrada en vigor de la Declaración 720, 134.310 españoles declararon patrimonio y cuentas en el extranjero (la gran mayoría justificadas), lo que supuso un saldo de 88.865 millones de euros que pasaban a ser controlados por Hacienda. Y en 2014, ese saldo se redujo hasta 20.615 millones de euros, lo que muestra que unos 68.000 millones volvieron a España de forma natural. En Hacienda consideran que esta es una época completamente distinta en la que los inspectores manjean mucha más información que antes, lo que les permite mejorar su capacidad de gestión.

Respecto al debate sobre dar publicidad o no a las lista de los 705 PEPs investigados por el Sepblac, las mismas fuentes de Hacienda explicaron ayer a este periódico que hoy mismo el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de reforma de la Ley General Tributaria, que permitirá hacer pública la lista de deudores y morosos a la Hacienda. Esa reforma tendrá que ser debatida y aprobada por el Parlamento. “Una cosa es publicar esa lista”, añadió esa fuente, “y otra muy distinta, difundir los nombres de las personas que están siendo investigadas en un momento dado. Ninguna Hacienda europea ha levantado la confidencialidad en este asunto, salvo Alemania que lo hace en casos de alta relevancia social”.