Jueces y fiscales acusan a los partidos de controlar a quienes les juzgan

La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales han reaccionado a la extensión de los casos de corrupción y han emitido un inédito comunicado conjunto. En el texto, jueces y fiscales consideran que el desarrollo del modelo constitucional del Poder Judicial “ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos —de uno y otro signo— de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles”.

Según señalan, la consecuencia de estas injerencias es el debilitamiento del Poder Judicial, “único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española”. En el mismo comunicado consideran que la responsabilidad de la regeneración democrática precisa de la implicación de todos los poderes públicos del Estado.

La instauración de un nuevo modelo procesal penal, “apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción”; la mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal; el incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria y la revisión del Código Penal para sancionar como delito la financiación ilegal de partidos, son algunas de sus propuestas.

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales son los colectivos que firman el documento en el que, de entre las grandes organizaciones, solo falta la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.

"Los episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de derecho", opinan los profesionales de la justicia. 

Entre sus propuestas para combatir la corrupción y por la regeneración democrática figura también la de evitar "inaceptables injerencias" del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial y la reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.