El Ejecutivo no encuentra aún cómo actuar contra la nueva consulta

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en el pasado, bajo la presión para que pidiera el rescate de España, reivindicó que no tomar decisiones es en sí una decisión, ha optado por no moverse ni un milímetro para actuar políticamente en Cataluña al menos hasta después del 9-N y, sobre todo, hasta que se aclare la guerra entre Convergéncia y ERC, que el Ejecutivo ve muy cruenta.

Rajoy, según fuentes del Gobierno, está a la espera de los movimientos de Artur Mas, del que no sabe qué piensa hacer y a quien ve muy volátil, con presiones de distintos frentes. “Estamos en una etapa llena de despropósitos, una ceremonia de la confusión. Hay que pedirle a Mas que se ponga a gobernar y deje de perder el tiempo”, explicó ayer el presidente a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Rajoy tampoco quiere unas elecciones catalanas anticipadas, y trabaja para evitarlas porque cree que no le interesan a nadie: ni a Mas, que se hundiría; ni a ERC, que espera obtener más poder en las municipales de 2015 y desde ahí conquistar la Generalitat con más garantías; ni a Unió; ni al PSC, que busca opciones para recuperar un papel decisivo. Tampoco al PP. El único que realmente las quiere es Ciutadans. “No se puede someter a Cataluña al martilleo constante de unas elecciones continuas. Cataluña necesita seguridad, certidumbre y un horizonte”, le dijo Rajoy a la cúpula de su partido. En este contexto, tanto Rajoy como en especial la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, están trabajando para buscar salidas en el escenario del 10 de noviembre y ponérselo fácil a Mas.

Santamaría ha hablado tanto con Josep Antoni Duran, líder de Unió, como con Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ambos con muy buena imagen en La Moncloa como hombres con visión de Estado, para preparar con ambos una salida para el presidente de la Generalitat por si alguien le convence de que debe romper definitivamente con ERC y evitar los comicios. El PSC está dispuesto a apoyarle para que tenga una vía de escape, el Gobierno respalda la operación y el PP catalán ayudaría en lo que fuera necesario. La operación está preparada, y ahí Rajoy sí parece dispuesto a ofrecer propuestas en el campo de la financiación y de las 23 medidas que planteó Mas en su última reunión en La Moncloa.

Pero de momento, mientras espera a que llegue el momento de tomar la iniciativa política, si es que llega, el Ejecutivo tiene que decir qué hace en su estrategia jurídica. Y ahí también la orden de Rajoy es no moverse si no resulta imprescindible. El presidente ha dado instrucciones de minimizar el sucedáneo de consulta y se plantea la posibilidad de no recurrir nada. Políticamente, cree que dejar que CDC y ERC sigan en su batalla es mejor que actuar ante el Tribunal Constitucional y volver a unir a los soberanistas contra el enemigo exterior.

Jurídicamente, el Gobierno no ve aún motivos para actuar contra la convocatoria de sucedáneo de consulta de Mas para el 9-N e intentar impedirla, según distintas fuentes del Ejecutivo. Si no hay cambios hasta ese día, sólo habrá actuaciones políticas, pero no jurídicas o ejecutivas.

El Gobierno no ha encontrado ninguna decisión administrativa de la Generalitat que permita impugnar de nuevo ante el Constitucional como ya hizo con la ley de consultas y con la convocatoria inicial de referéndum no vinculante. Una vez que Mas ha rebajado esta convocatoria, la Abogacía del Estado no ha hallado nada que recurrir, porque una decisión política anunciada en rueda de prensa no tiene eficacia jurídica, según el Gobierno. Mas ha optado por una vía en la que intervendrán voluntarios en lugar de funcionarios de la Generalitat y, por tanto, no es precisa ninguna decisión administrativa para organizar cualquier acto ese día.

Cada semana, el Consejo de Ministros escucha un informe del titular de Justicia sobre la situación legal de Cataluña, incluyendo el análisis de las acciones legales de particulares o partidos como UPyD contra el presidente de la Generalitat y análisis de alternativas de actuación. También se expone un informe de la Abogacía del Estado que se elabora en una reunión semanal en Justicia y del último se deduce que contra este paso de Mas no hay por el momento posibilidad de impugnación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer en TVE que está estudiando el registro de datos personales creado por la Generalitat para que se apunten quienes quieran votar el 9-N. Podría llegar a recurrirlo "si es un censo electoral alternativo y si ese censo está asociado con una consulta que está suspendida por el Constitucional”. Sin embargo, el portavoz del Govern, Francesc Homs, aseguró que el archivo estará operativo ese mismo día y no antes: "Con eso no quiero decir nada más; es un archivo debidamente regularizado". Según esa versión será imposible el recurso del Gobierno antes del 9-N.