El Gobierno desautoriza a Gallardón al no aprobar la ley del aborto en el plazo fijado

Nadie en el Gobierno quiere pronunciar en público una palabra sobre la ley del aborto que implicaría un gran coste político en el sector de la derecha: retirada. Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría, sin llegar a hablar de ella, se acercó bastante ayer, más que nunca, cuando señaló que esa ley trata un tema “muy sensible” y que no se puede aprobar sin “un consenso que no es sencillo”.

Es casi imposible, porque prácticamente todos los demás grupos políticos la rechazan, y el Gobierno ni siquiera está buscando ese consenso: hace meses que no se reúne con nadie por este asunto y la ley está lista y bloqueada en La Moncloa. Por tanto, parece abocada a dormir en un cajón hasta que ya no quede tiempo para aprobarla en las Cortes.

Sáenz de Santamaría fue más explícita que otras veces, aunque no aclaró si la ley está ya definitivamente muerta o habrá un último intento. “Es una ley complicada, de gran sensibilidad social. Desde el principio se quiso trabajar por un consenso, que no es sencillo. Es el encargo que tenemos y estamos trabajando en ello. Se harán todos los esfuerzos”. “¿Y sin consenso no saldrá?”, fue preguntada. “Ese consenso es importante. El ministro de Justicia tiene el mandato de trabajar por el consenso en todos los ámbitos y todos seguiremos trabajando y ayudando”.

Sáenz de Santamaría no quiso hablar sobre el futuro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ni sobre la posibilidad de que dimita al quedar desautorizado. El ministro garantizó públicamente el pasado julio que la ley saldría del Consejo de Ministros “antes de que acabe el verano, en septiembre”. El verano se acaba el martes y el próximo consejo ordinario será ya en otoño. Este viernes era el último día políticamente viable para poder aprobar la norma en 2014. Si no, se va a 2015, año electoral, lo que la hace inviable ante el coste político que tendría a pocos meses de las autonómicas y municipales.

Retirar el proyecto como está planteado tendría un gran coste político en la derecha

Ahora, el futuro de Gallardón está en el aire. Su imagen queda tocada y su capacidad de maniobra política también. Tiene que decidir si agota la legislatura —es poco probable que vaya más allá— o dimite ahora. Él mismo dijo a la prensa esta semana que cuando acabaran los trámites para recurrir la ley de consultas y la convocatoria del referéndum catalán, en principio, la próxima semana, hablaría de su futuro. Antes tendrá que hacerlo con el presidente Mariano Rajoy, la persona que ha tomado todas las decisiones: la de que la ley del aborto fuera al Consejo de Ministros —aunque él no estaba ese día— y la de que quede guardada en un cajón ante el coste electoral que supone, como reflejan las encuestas manejadas por Pedro Arriola. Rajoy no quiere ninguna crisis de Gobierno por el asunto del aborto, difícil de gestionar en el sector conservador —la Conferencia Episcopal le ha pedido que cumpla sus compromisos—, pero puede ver cómo su ministro le plantea una dimisión irrevocable. Si la decisión depende del presidente, pedirá a Gallardón que siga, según señalan en su entorno. Pero el ministro tiene la última palabra.

Al Gobierno, como explicó públicamente el ministro de Educación, José Ignacio Wert, experto en encuestas como Arriola, le gustaría que fuera el Tribunal Constitucional el que resolviera esta papeleta. Casi con seguridad lo haría en el sentido que quiere el PP, declarando inconstitucional ley de plazos del PSOE, porque el ponente es Andrés Ollero, un exdiputado del PP claramente antiabortista, y porque los conservadores tienen una clara mayoría. Sin embargo, el presidente de este organismo, Francisco Pérez de los Cobos, ya ha dejado claro que no llevará este asunto al pleno mientras el Gobierno tenga en tramitación la ley. Por tanto, el Ejecutivo tendría que anunciar la retirada del proyecto y asumir el coste político para forzar así que el Constitucional falle.