Montoro une el duro reproche a Pujol con la crítica al soberanismo

Cristóbal Montoro lanzó ayer en el Congreso un duro alegato cargado de reproches contra Jordi Pujol, en el que incluyó referencias críticas al proceso soberanista en Cataluña. El ministro de Hacienda compareció en la Cámara baja para dar cuenta de las actuaciones de la Agencia Tributaria respecto al expresidente de la Generalitat y convirtió su intervención en una sucesión de condenas morales de la conducta de Pujol.

“No podemos descartar uno o varios delitos”, concluyó Montoro tras definir gráficamente la conducta del político catalán: “Ha estado 30 años de clandestinidad fiscal”. Su dura crítica moral, inusual en un ministro que comparece en el Congreso, la unió a las referencias al proceso soberanista en Cataluña y al cambio de CiU hacia el independentismo.

Así, aseguró que es todo más grave porque el expresidente de la Generalitat “se ha reconvertido en adalid del independentismo” y, a medida que avanzaba la investigación contra él, se transformaba en “adalid y baluarte” del soberanismo. El contexto, según el ministro, es el de la “radicalización de discursos políticos de quienes quieren acompañar esos discursos con instituciones propias”.

Montoro no hizo referencia a ningún otro responsable político catalán, pero extendió su comentario para hablar de “quienes se amparan y radicalizan discursos con pulsos al Estado y se están lucrando y sacando partido personal del mismo”.

“Pretenden lanzar pulsos al Estado y al mismo tiempo se están lucrando y sacando partido personal del mismo” y “ningún dirigente político sensato puede tolerar la manipulación y el cinismo político de quienes sostiene un discurso político y en privado trabajan por el interés general de unos pocos”. En este punto, el ministro añadió una insinuación sin rematar su destinatario, pero dando la impresión que hablaba de Artur Mas, al afirmar que es normal que los ciudadanos se pregunten si los “herederos políticos” de Pujol “no estarán contaminados por esa presunta herencia”.

La actuación del expresident resulta especialmente grave, según el ministro, por tratarse de un responsable público, lo que lleva a la desafección ciudadana. La tesis sobre la que se extendió es que a los dirigentes políticos les es exigible un plus de responsabilidad y de "deber de ejemplaridad". Por ello, habló del “cinismo político de quienes trabajan en privado por el oculto interés de unos pocos” y personalizó al referirse a la “perplejidad e indignación si es un dirigente político que como Pujol cultivaba imagen de austeridad y honestidad y una fundación con sus pensamientos y valores, con un comportamiento ético reprobable hasta un grado que podemos imaginar”.

Confirma que no se acogió a la amnistía, pero elude hablar de los hijos del político

Montoro rechazó de plano que el comunicado de Pujol de julio admitiendo su fortuna en Andorra le exculpe porque, según dijo, le falta asumir responsabilidades.

En su opinión, el comunicado que hablaba de la supuesta herencia de su padre supone “un fraude continuado” y muestra que no hay voluntad de asumir su responsabilidad, por no haber acudido a Hacienda o a la Justicia a confesar. “Se justifica públicamente y arremete contra la banca andorrana por dejar al aire sus vergüenzas y, si no se viera obligado, no lo hubiera admitido, porque tengo el convencimiento de que está reaccionando a las investigaciones al sentirse acorralado por la agencia tributaria, las Fuerzas de Seguridad y los servicios que persiguen blanqueo de capitales”, aseguró. Y remachó su condena con expresiones como “Pujol ha engañado a la sociedad catalana y sus votantes”.

El ministro no aportó datos nuevos porque, adujo, la ley General Tributaria se lo impide, aunque ofreció entregar toda la documentación al Parlament de Cataluña si se crea una comisión de investigación. Y anunció que la Abogacía del Estado se personará en los procesos judiciales abiertos para exigir responsabilidades. “Actuaremos en sede administrativa y en sede judicial. Llegaremos hasta el final”, subrayó.

El único detalle que aportó fue confirmar que el expresidente catalán no se acogió a la amnistía fiscal de marzo de 2012. Pujol ya había negado en su comunicado que se hubiese acogido a la amnistía fiscal o regularización extraordinaria. Es una regularización de bienes en el extranjero no declarados durante 30 años que, según Montoro, pueden implicar uno o varios delitos fiscales y que ya le está suponiendo al expresident el pago de una cuantiosa cantidad no especificada.

No respondió a las reiteradas peticiones de los grupos para que diga si alguno de los hijos del exmandatario se acogió a la amnistía. Montoro sostuvo que sólo habló de Jordi Pujol porque él mismo levantó el velo de confidencialidad con su comunicado, lo que no ha hecho ninguno de sus hijos.

Ofrece dar los datos a una comisión de investigación en la Cámara catalana

Las investigaciones de Hacienda a la familia, según explicó, se iniciaron entre 2000 y 2002, es decir, en su anterior etapa en el cargo con el Gobierno de José María Aznar. Se centraron en una firma concreta del Ibex 35 y siguieron con el Servicio de Vigilancia Aduanera, con relación a las adjudicaciones de estaciones de ITV que investiga ya la Justicia y que han motivado la imputación de Oriol Pujol, otro de los hijos del fundador de Convergència..

Desde finales de 2012, Hacienda ha requerido información a personas y bancos sobre operaciones financieras de la familia en EE UU, Suiza, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo y Argentina.

En nombre de CiU, le respondió Pere Macias, para quien el ministro hizo “juicios de valor temerarios”. El diputado advirtió a Montoro de que “no aproveche este caso más que para hacer justicia”, en referencia implícita a las referencias al desafío soberanista. Ninguno de los demás portavoces defendió a Pujol. Algunos sí hicieron referencia a la diferencia del tono de Montoro contra Pujol frente al que utilizó hace más de un año cuando compareció para informar sobre la situación fiscal de Luis Bárcenas. Entonces puso distancia con el extesorero del PP, pero no hubo reproches como los de ayer.

El socialista Pedro Saura insistió sin éxito en pedir datos sobre la llamada amnistía fiscal que, según dijo, ha sido “una pasarela para los defraudadores”.