Juristas denuncian que Interior viola la ley con las expulsiones en caliente

Una quincena de destacados juristas ha acusado al Gobierno español de actuar de forma ilegal al expulsar a inmigrantes que intentan entrar a Ceuta y Melilla por la valla o por mar, o cuando alcanzan islotes de soberanía española. “Consideramos que la ilegalidad es tan clara, que hay responsabilidades penales derivadas”, estima José Miguel Sánchez Tomás, uno de los autores de las 21 páginas del documento en el que los expertos realizan una disección jurídica de las llamadas “devoluciones en caliente”: la de aquellos inmigrantes que ya han llegado a pisar suelo español.

Los juristas, la mayoría catedráticos de las principales universidades de España, parten de la premisa de que la expulsión colectiva y al margen de cualquier procedimiento legal de personas del territorio español es un hecho que ha quedado probado por los vídeos publicados en los que se puede ver a agentes de la Guardia Civil expulsar a subsaharianos sin que medien intérpretes, abogados o identificación alguna. “Hay muchas pruebas sobre la realización de estas prácticas”, añade Sánchez Tomás, Profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

Desde el Ministerio de Interior aseguran que su “posición no ha cambiado”, y que según la misma “no hay devoluciones en caliente”, en palabras de un portavoz. “A cualquier inmigrante que entre en España se le aplica la ley de extranjería y se le traslada a un CIE [Centros de Internamiento de Extranjeros]”. A los que no se les aplica, es decir a los que la Guardia Civil devuelve “en caliente”, Interior considera que es porque no han pisado territorio español.

Los juristas creen sin embargo que este argumento constituye “una ficción” sin cobertura legal, ya que en el caso de las playas, la frontera territorial no la puede crear “una línea imaginaria formada por los agentes de la Guardia Civil” como figura en un informe de febrero de 2014 de la Dirección Adjunta operativa citado por los expertos. En el caso de las expulsiones que se producen en las estrechas zonas en las que se quedan atrapados los inmigrantes entre las vallas, los juristas consideran que son igualmente ilegales y que la frontera española no comienza una vez que se han superado todas las vallas, como sostiene Interior. "La valla externa que delimita en determinadas zonas estas ciudades de Marruecos y que fue levantada en un primer momento por el Gobierno español, está construida sobre territorio español", señala el informe. En cualquier caso, aunque no fuera territorio español, el informe establece que debe aplicarse la ley de extranjería -con sus correspondientes garantías- porque la expulsión la perpetran las autoridades españolas.

En el caso de los islotes, Interior interpreta que la entrega de indocumentados a las autoridades marroquíes obedece a la colaboración entre las fuerzas españolas y marroquíes. Los expertos legales consideran sin embargo, que “el acuerdo hispano-marroquí de readmisión no justifica la aplicación de las “expulsiones en caliente” y que en cualquier caso un acuerdo bilateral no puede derogar la legislación española.

Del análisis de los juristas se desprende que “las expulsiones en caliente” violan la legislación de extranjería, la comunitaria y el derecho internacional de los derechos humanos. Este examen jurídico conlleva “implicaciones penales” “sobre quien las ordenan, las ejecutan o las consienten”, según el texto del documento publicado el viernes. En concreto, las devoluciones en caliente supondrían la comisión de delitos de coacciones, de obstaculización del acceso a un abogado y de prevaricación de funcionario público, según detalló la catedrática de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid Mercedes Pérez Manzano durante la presentación del informe.

José Luis Segovia, profesor de Ética Social de la Universidad Pontificia de Salamanca, también firmante, cree que las devoluciones en caliente “suponen la negación del derecho a la palabra”, algo que “incluso al condenado a muerte no se le niega”.

Los juristas desestiman que la solución pase por una modificación de la ley con el objeto de dar cobertura legal a las expulsiones “en caliente”, porque creen que entraría en contradicción con la Constitución española y la legislación internacional. “Vulnerar los derechos pone en peligro no solo a las víctimas de este desafuero, también compromete la dignidad moral de nuestras democracias”.