Resistir la tentación

Valorar la abdicación del Rey Juan Carlos exige evitar dos tentaciones estrechamente relacionadas entre sí. La primera es la del panegírico acrítico. El Rey es una figura histórica y política, lo que supone que el análisis sobre su reinado debe hacerse desde supuestos racionales, no sentimentales. En ese sentido, la trayectoria del Rey a lo largo de estos casi cuarenta años refleja muy bien tanto los puntos fuertes de nuestra democracia como los débiles.

Entre los primeros ha estado el consenso que hizo de la transición política un logro admirado por una inmensa mayoría dentro y fuera de España, poniendo fin a un pasado de trágicos enfrentamientos entre españoles. Pero entre los segundos está también la construcción de una democracia demasiado cerrada y poco transparente, con unos políticos sumamente resistentes a imponerse límites externos y, a la vez, muy proclives a confundir los intereses personales con los de las instituciones que ocupan. Siempre se dice que, a la hora de diseñar sus instituciones, los padres fundadores de Estados Unidos prefirieron pensar en que los gobernantes serían demonios, no ángeles. De ahí la feroz separación de poderes, la rabiosa independencia de los tribunales y el más que férreo escrutinio de los medios de comunicación y la sociedad civil sobre sus políticos.

Si de algo ha adolecido la democracia en España en estos últimos años es de falta de transparencia y de controles, políticos, legislativos, judiciales o sociales, de ahí la combinación de la corrupción, ya de por sí mala, con algo mucho peor: la impunidad y la negativa a asumir responsabilidades políticas. Por desgracia, en este sentido, la Corona ha sido una institución más en una democracia generalmente opaca, anquilosada y de baja calidad, no una que estuviera claramente por encima de las demás y sus vicios. Esta reflexión, seguramente incómoda para muchos, es esencial si queremos extraer las lecciones que nos permitan mejorar la calidad de las instituciones y, especialmente la Corona, en el futuro más inmediato.

Lo que nos lleva a la segunda tentación a evitar; la de descargar sobre el Príncipe Felipe la responsabilidad de gestionar el fin de un régimen y poner en marcha una “Segunda Transición”. A primera vista, los elementos están todos ahí: la desafección de la ciudadanía con la política; el cuestionamiento del bipartidismo; la crisis en el modelo productivo; las tensiones identitarias y territoriales y la brecha social que está generando el desempleo masivo y el aumento de las desigualdades.

Sumados al argumento de la renovación generacional, con el que el Príncipe encaja perfectamente en un país donde la generación de la transición, mayor de 70 años, sigue al timón, el cóctel para replicar en la figura del Príncipe la narrativa heroica que encumbró a Juan Carlos al podio de la historia está servido. Pero el Príncipe debería guardarse del papel de súper-héroe que le quieren adjudicar. Reformar el sistema político, encauzar el independentismo catalán o recomponer el sistema productivo, por citar sólo alguna de las tareas más urgentes, no es una tarea que esté al alcance de una persona, y menos de un monarca constitucional en una democracia avanzada, cuyos poderes están lógicamente muy limitados, sino una tarea que la sociedad en su conjunto tiene que acometer. La madurez de la sociedad española se juega pues en lograr convertir la sucesión y la figura del Felipe VI en un impulso más para el cambio, pero gestionar ese cambio por sí misma.