Jueces y fiscales alertan del posible mal uso del ‘megafichero’ antiblanqueo

Fiscales y jueces de instrucción, de Audiencias Provinciales e incluso del Tribunal Supremo coinciden: al margen del control judicial, nada. Partidos y usuarios de banca también manifestaron su desconfianza acerca del uso que se dé al fichero con los datos bancarios de todos los españoles que va a crear el Gobierno y que, al margen de los jueces, también permite su uso a fiscales, policías y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las fuentes judiciales consultadas subrayan que solo es factible legalmente la consulta de ese tipo de datos protegidos si media “una autorización judicial”. Los bancos tendrán que depositar en ese megafichero, a cargo del Ministerio de Economía, todas las cuentas bancarias de sus clientes, depósitos y valores, tal como publicó EL PAÍS en su edición de ayer.

Para luchar contra el blanqueo de capitales existe una ley orgánica aprobada en abril de 2010 que traspone una directiva europea. El Gobierno ha desarrollado esa ley a través de un reglamento, que fue aprobado el pasado martes. La ley orgánica sí impone que el acceso a ese archivo requiere de autorización judicial, e incluso del fiscal, pero el reglamento ha obviado esta condición. El objetivo de la norma es luchar contra el blanqueo de capitales, pero no vale todo.

Jueces. “Sería escandaloso que, por ejemplo, el CNI, que depende del Gobierno, pueda entrar en esos archivos sin más: podría ser utilizado políticamente como arma arrojadiza contra el adversario político, al margen de que sin orden judicial atentaría contra los derechos fundamentales de los ciudadanos”, señalan fuentes judiciales.

Los jueces de instrucción (los que investigan delitos) ya tienen acceso directo a los datos fiscales (a la Agencia Tributaria) de los ciudadanos que investigan en el marco de sus pesquisas. Fuentes judiciales explican: “Costó mucho lograr que la actuación del CNI estuviese controlada por un juez del Supremo y lo que ahora faltaba es que a ellos y la policía se les dé luz verde para ver los datos bancarios de los ciudadanos”, señala. Otra fuente del Tribunal Supremo indica que en todo este asunto son importantes los matices legales, aunque hay una cosa clara: “A datos de este tipo nadie puede acceder sin autorización o control judicial”. Y, además, “no vale una autorización judicial general, ha de ser especifica, en una investigación y debe estar motivada”, advierte una fuente del Consejo del Poder Judicial.

Fiscales. Los fiscales también han alertado del uso indebido que se le puede dar al fichero. De hecho, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha señalado que el informe del Consejo Fiscal ya advirtió de que el reglamento debía recoger el condicionante, que sí incluye la ley, para que el acceso por parte de la policía esté supeditado siempre a autorización judicial o fiscal y, de esta manera, se restrinja a cuando existe una investigación criminal. El mismo informe indica que la supresión de esta condición podía ser ilegal.

Por su parte, la Asociación de Fiscales también mostró cautela, advirtiendo de que debe limitarse a investigaciones porque, de otra manera, se estaría dando un uso indebido a los datos.

Entidades bancarias. Los banqueros también alertan de los efectos de un mal uso de este tipo de información. La Asociación Española de Banca (AEB) reclama al Gobierno que “extreme las cautelas sobre el acceso a este tipo de datos para que se preserve el carácter confidencial que tienen” respecto a sus clientes. Los bancos, que estarán obligados a descargar en ese fichero todas sus cuentas corrientes, de ahorro, valores y depósitos a plazo con sus respectivos titulares tanto físicos como jurídicos, pese a estas prevenciones, también afirmaron: “Estamos dispuestos, con nuestra mejor voluntad, a colaborar con las autoridades en materia de blanqueo de capitales y otras prácticas asociadas a estos delitos”.

Las entidades bancarias exigen que se extremen las cautelas y garantías para la consulta de datos

Usuarios de banca. Más rotundos fueron los representantes de los usuarios, no solo con el uso , sino también con las carencias del megafichero. Las principales asociaciones de consumidores, Adicae y Facua, coinciden en destacar que la nueva normativa contra blanqueo de capitales tiene un agujero: las filiales de los bancos en el extranjero. “Las mayores entidades españolas tienen filiales en los paraísos fiscales y según parece, el fichero no incluirá cuentas y depósitos de sucursales o filiales que estén fuera de España”, comentó Manuel Pardo, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, insiste en esta idea: “Los grandes defraudadores, que son los que se deben perseguir, tendrán fácil esquivar el control del Gobierno solo con utilizar bancos no españoles que trabajen en los paraísos fiscales. Los más importantes blanqueadores tienen facilidad para utilizar redes financieras internacionales por lo que, aunque la ley puede dar sus frutos, también podrá ser esquivada”. Las dos organizaciones consultadas creen que la iniciativa puede ser positiva , pero también alertan contra su utilización torticera. “¿Quién vigilará al vigilante?”, se preguntan desde Adicae y Facua y destacan que no entienden que el CNI, el servicio secreto, tenga acceso a estos datos tan confidenciales. “No tenemos problemas con que jueces y fiscales accedan a estos ficheros, pero es inquietante lo del CNI. ¿Quién nos garantiza que los servicios secretos no pueden trabajar para el Gobierno con estas informaciones?”, se pregunta Rubén Sánchez.

Partidos. De la misma manera que los usuarios, José Antonio García Rubio, secretario de Economía y Empleo de IU, alerta de que el proyecto del Gobierno “deja fuera las cuentas de sucursales de bancos españoles en el extranjero y también los paraísos fiscales, que es donde está el problema”. “Da la impresión de que Montoro quiere enterarse de esos datos independientemente de que se sea sospechoso de algo o no, es decir, que obedece a un afán de control administrativo por encima de un procedimiento judicial para tener controlados a todos los ciudadanos”.

Por su parte, fuentes de la dirección del PSOE prefirieron mantener cierta cautela aunque señalaron su intención de estudiar el proyecto con detenimiento el proyecto “al afectar a la protección de datos de los ciudadanos”.

Con información de Íñigo de Barrón, José Antonio Hernández, Natalia Junquera, Francesco Manetto y María Fabra.