El magistrado estudia si cita de nuevo a la infanta Cristina

La sociedad familiar de los duques de Palma, Aizóon, cargó con gastos particulares de sus propietarios, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, según han verificado los rastreos efectuados por Hacienda y la Policía, por orden del juez del caso Nóos, José Castro. El instructor acumula datos de la economía privada de Urdangarin y de la hija del Rey. Ha de decidir, en semanas, si cita de nuevo como imputada a la Infanta, como hizo en abril de 2013, decisión que bloqueó la Audiencia de Palma. Esta es la única línea abierta en el sumario.

Urdangarin figura encausado por supuesta corrupción en negocios millonarios con los Gobiernos de Baleares y Valencia, a través del Instituto Nóos, entidad que se declaraba sin ánimo de lucro y que compartía con Diego Torres. Además de parte de la reforma y decoración del palacete familiar de Pedralbes, Aizóon asumió el coste de festejos privados. La mansión, hoy en venta, costó cerca de seis millones y su reforma tres más. Fue el domicilio de los duques en España desde 2004 hasta el verano de 2013, con sus años de estancia en EE UU. Ahora, la infanta Cristina trabaja y vive sus hijos en Ginebra (Suiza).

La hija del Rey ‘alquiló’ a su propia sociedad Aizóon parte de su palacete

El caso ha servido para demostrar que los duques alquilaron a su propia empresa Aizóon una parte de su mansión por más de 6.000 euros anuales. Hacienda no admite esta práctica a efectos fiscales, ni como gasto deducible por la sociedad —sin estructura ni actividad— ni como ingreso de su administrador Iñaki Urdangarin. La factura de este arrendamiento fue librada por la hija del Rey a su propia empresa. El duque de Palma está imputado por dos delitos fiscales y del impuesto de sociedades.

El juez José Castro tiene la biografía económica particular de la Infanta y determinará si reúne indicios suficientes para citarla como imputada. Sigue la ruta que le marcó la Audiencia para que buscara, sin dilaciones, indicios sobre la posible implicación de la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia —sin aforamiento especial— en un caso supuesto delito de blanqueo de capitales. La Audiencia supuso que podría existir un posible uso punible de fondos de origen ilícito, los generados por Urdangarin tras “la pantalla” común de Aizóon.

La Agencia Tributaria ha cribado los ingresos y gastos de la Infanta y, por ejemplo, ha comprobado que gastó 20.702 euros en 2004 y 8.975 euros en 2005 en ropa del fallecido modisto Jesús del Pozo. En 2004, el salario que percibía la hija del Rey como ejecutiva de la Fundación La Caixa era de 83.250 euros. En los siete años investigados, doña Cristina no realizó pagos individuales de más de 3.000 euros, de declaración obligada.