Los escándalos de corrupción lastran a PP y PSOE en su imagen política

A una investigación por corrupción o una decisión judicial ligada a un escándalo le sigue un protocolo de actuación de los partidos similar y reiterado en el tiempo. Con algunos matices, el hilo conductor es el de defenderse, negar, arremeter contra el juez, comparar el caso con el del adversario y proteger a los afectados. Ese protocolo defensivo de manual, activado tras el caso Gürtel y el asunto de los ERE, termina por lastrar a PP y PSOE en su actuación política y en su imagen ciudadana, según el resultado del sondeo de Metroscopia para EL PAÍS.

A la recurrente desafección, que limita a un insólito 44,6% la suma de la expectativa de voto de populares y socialistas, se une el claro rechazo ciudadano a la gestión que hacen de esos dos escándalos concretos. La desconfianza en la respuesta política a las investigaciones judiciales llega a porcentajes del 90%.

Esta actuación defensiva es manifiesta en PP y PSOE, pero no están exentos otros con casos similares, como por ejemplo CiU que la lleva al extremo de vincular las pesquisas de los jueces con supuestos ataques a Cataluña.

Ese lastre distorsiona el mensaje político del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su obsesión de combatir la identificación con el PP. Así, el martes el número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, calificó de "causa general" contra su partido la investigación sobre los ERE, la misma expresión que había utilizado dos semanas antes el portavoz del PP, Carlos Floriano, para referirse al caso Gürtel. La dirección del PSOE intenta no secundar esta vía para evitar esa identificación.

También lastra y altera su agenda porque tiene que responder públicamente sobre ese asunto en estos días en los que trabaja en una complicada propuesta de modelo de Estado.

En febrero pidió la dimisión de Mariano Rajoy por Bárcenas y este martes habló en el Congreso de "nube negra" que persigue al presidente del Gobierno. Según la número dos del PSOE, Elena Valenciano, la petición de dimisión está vigente y no hay necesidad de reiterarla. La dirigente socialista explica que los dos casos son diferentes en el fondo y en la forma en que se les hace frente. "Una cosa es una red como la de Gürtel creada para financiar un partido y pagar sobresueldos, y otra la de una política y una partida presupuestaria que ha sido utilizada de forma criminal por personas concretas, con nombres y apellidos, para enriquecerse abusando de los procedimientos, burlando los controles y traicionando la confianza depositada", explica. Valenciano sostiene que "no existía un fondo de reptiles, sino unos reptiles que utilizaban para su propio beneficio un fondo legal, tanto en su origen (expresamente previsto en las leyes de presupuestos) como en todas las ampliaciones posteriores que siguieron todos los trámites legalmente establecidos y los informes preceptivos". En la gestión, la socialista argumenta que hubo una denuncia de la Junta y una investigación parlamentaria con comparecencias de los dos últimos presidentes, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Para el PP, Bárcenas actuaba al margen de su cargo de tesorero, se han depurado responsabilidades con destituciones y dimisiones de alcaldes y consejeros imputados. Por el contrario, en el caso de los ERE fraudulentos, los conservadores insisten en que, si se ha investigado en el Parlamento de Andalucía, es porque el PSOE perdió la mayoría absoluta, ya que antes se opuso a todas las peticiones. También recuerdan que nadie ha asumido la responsabilidad política por el escándalo.

Según Metroscopia, los ciudadanos diferencian algunos de estos matices, aunque en términos generales rechacen la respuesta de ambos. Con el PP son especialmente duros en la valoración del fondo del caso. Así, el 92% de los ciudadanos y hasta el 89% de los votantes del PP considera que el partido no vigiló adecuadamente. Esos porcentajes son del 82% y el 63% entre los que aseguran que el PP lo sabía y lo toleró.

La mayoría de sus votantes rechaza las explicaciones sobre el caso que han dado Rajoy, María Dolores de Cospedal y Carlos Floriano y solo respaldan la autocrítica de Esperanza Aguirre. Esta última ha intentado mostrarse distante respecto a la dirección de su partido, con duras críticas a Cospedal y petición de responsabilidades, pese a que el epicentro de Gürtel estaba en la Comunidad de Madrid.

El 62% de los votantes populares ven a la dirección del partido vulnerable al chantaje de Bárcenas y el desgaste del PP hace que la fidelidad de voto haya caído hasta un récord del 35%. Es decir, solo uno de cada tres votantes del PP dice que volvería a hacerlo.

En el caso del PSOE y los ERE, el reproche fundamental es a la respuesta. La crítica apunta más a la responsabilidad política por falta de control que a la penal por la participación en los hechos. El 78% de los ciudadanos y los votantes socialistas no ve creíbles las explicaciones de la dirección del partido. No obstante, un 55% asegura que los principales responsables son unas cuantas personas que se han lucrado engañando a los responsables políticos.

El PSOE argumenta que el auto de la juez Alaya que imputa a Magdalena Álvarez no concreta los delitos, hace eslalon y sortea a los aforados para no hacer una exposición razonada al Tribunal Supremo y no perder el caso, y acompasa en el tiempo sus decisiones a los acontecimientos políticos. Argumenta que hubo imputaciones en las campañas de las municipales y generales de 2011 y las autonómicas de 2012; en las negociaciones con IU para formar gobierno y ahora en el arranque de las primarias.

La estrategia del PP frente a Gürtel y Bárcenas, con algunos balbuceos, ha sido la de encapsular el escándalo, según se iba ampliando, y atribuirlo a conductas privadas. Su tesis es que todos los imputados han abandonado los cargos. Y esgrimen la confesión pública del diputado socialista José Blanco cuando admitió haberse excedido al exigir dimisiones en el PP. "He reflexionado bastante sobre la presunción de inocencia", dijo el exministro, imputado por el Tribunal Supremo. El PP recuerda que alguno de sus dirigentes fue imputado, perseguido y luego exculpado, como José Manuel Soria o Francisco Camps.

El Gobierno reacciona con reformas legales para eliminar la figura del imputado en el nuevo código procesal para sustituirla por la de encausado y la posibilidad de declarar como testigo, pero asistido de abogado. Todo para evitar el estigma del término "imputado". Esa reforma también impedirá que los partidos se personen como acusación popular. El PP critica ahora esa práctica en los casos que le son contrarios, pero el histórico proceso de los fondos reservados se inició con una denuncia de su entonces responsable de Justicia, Federico Trillo. Y como escribía el jueves en EL PAÍS el catedrático Fernando Vallespín, la judicialización de la política lleva inevitablemente a la politización de la Justicia, es decir, al intento de control.

La crítica de ambos partidos a los jueces que instruyen sus casos ya se utilizó con los escándalos de los años noventa. El PP desacreditó más allá de los límites al juez Luis Manglano, que instruía el caso Naseiro, y el PSOE descalificó al juez Marino Barbero que indagaba sobre Filesa. Y los dos partidos han arremetido alternativa y sucesivamente contra Baltasar Garzón, hasta que acabó su carrera por prevaricar cuando investigaba al PP. El propio Pablo Ruz fue jaleado por el PP cuando investigaba el caso Faisán, luego preferido a Javier Gómez Bermúdez y ahora criticado. A los dos partidos les es reprochable su propia denuncia de dilación excesiva de esos procedimientos, porque ambos han gobernado sin haber cambiado las leyes procesales.

El desgaste del PP hace que su estimación de voto haya bajado 1,5 puntos en un mes, de tal forma que el PSOE está a solo 1,4 puntos, pero por la caída de los populares. En ese periodo ha habido datos optimistas sobre el paro, pero aparentemente el encarcelamiento de su extesorero le ha pasado factura. El PP está 11,6 puntos por debajo de su resultado de 2011. El PSOE se mantiene en el último mes, aunque no ha recuperado los siete puntos perdidos desde las generales. Los nuevos episodios de los ERE y el pacto europeo no han afectado a su expectativa.

IU y UPyD siguen siendo los beneficiarios del desgaste de los dos grandes partidos y consolidan un mes más su ascenso, muy por encima del doble de su resultado de las elecciones generales.