La Infanta niega la venta de 13 fincas que Hacienda le atribuye por 1,4 millones

La infanta Cristina, hija del Rey, desmintió anoche el informe que Hacienda ha entregado al juez del caso Nóos en el que se le atribuye la venta, entre 2005 y 2006, de 13 propiedades inmobiliarias en España que le reportaron unos ingresos de 1,43 millones. A través de un portavoz autorizado, la Infanta dijo: “Esa información es del todo falsa y carece de base”.

En la información que la Agencia Tributaria ha remitido al juez José Castro, consta que la mayor venta realizada por doña Cristina, esposa de Iñaki Urdangarin, fue por valor de 450.000 euros por una casa de 315 metros en Calella (Barcelona). La operación de menor entidad se dio por 843 euros en el cerro de la Cruz, de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), unos dominios castellano-manchegos donde se repitieron diferentes ventas. En Pilar de la Horadada (Alicante) constan dos transmisiones de más de 200.000 euros. En parte de esos negocios doña Cristina figura como titular y en el resto, como copropietaria.

Esta actividad patrimonial particular de la esposa de Iñaki Urdangarin —coincidente con la compra por 5,8 millones y obras por más de tres del palacete de Pedralbes— ha aflorado en la causa judicial en un informe específico del caso Nóos. La Agencia Tributaria ha extraído la biografía inmobiliaria de la Infanta, por orden del juez, de los registros notariales de la propiedad y, en especial, del catastro, y ha dado el dossier al magistrado José Castro.

El juez reclamó un exhaustivo análisis tributario centrado exclusivamente en los bienes, cuentas, patrimonio y activos financieros de la esposa de Urdangarin, entre 2002 y 2012. Además de sus fondos en cuentas corrientes, las inversiones en Bolsa y las letras del tesoro, constan las declaraciones de la renta. Sus declaraciones dinerarias no revelan depósitos en efectivos ni activos de gran magnitud. En 2012 los duques de Palma declararon menos de 100.000 euros en fondos en Estados Unidos. Su socio Diego Torres y su esposa afloran más de 900.000 euros en Luxemburgo en una cuenta bloqueada por el juez.

Las operaciones inmobiliarias atribuidas a la Infanta son un tanto extrañas. Por ejemplo, nadie en Valenzuela de Calatrava, un pequeño pueblo de Ciudad Real, tiene ninguna noticia de que la Familia Real o la familia Urdangarin poseyeran propiedades allí. “¿No será una broma? A esas personas solo las hemos visto aquí por la televisión. Eso es imposible”, espetó un vecino, secundado por cuatro más.

La misma extrañeza expresó de forma muy alterada la mujer que, según los datos de la Agencia Tributaria, compró a doña Cristina una casa —valorada en 50.000 euros— así como cuatro fincas rústicas del mismo término municipal, situado a una veintena de kilómetros de Ciudad Real.

Según una de las propietarias, esas fincas las heredó su madre de una vecina con la que convivió durante su infancia y su juventud. “No he comprado nada de eso que usted me dice. Pero el resto de la información que me está contando es exacta. Es exacto dónde están la casa y las fincas. ¿Cómo es posible que figure mi nombre en esos papeles del caso Urdangarin?”, se pregunta esta valenzoleña, esposa de un albañil.

En la información enviada por la Agencia Tributaria al juez Castro hay otro dato también cierto: que esa casa y esas cuatro fincas de Valenzuela de Calatrava cambiaron de titularidad el 16 de noviembre de 2005. “Esa fue la fecha en que mi hermana y yo fuimos a un notario de Almagro junto con mi madre porque ella quería poner esas cosas a nuestro nombre”, detalla la mujer, que pide mantenerse en el anonimato. Pero en modo alguno, insiste, fue porque compraran esas propiedades a la hija menor del Rey.

En el informe de la Agencia Tributaria figura también que doña Cristina vendió en 2006 una vivienda de 315 metros construida en 1950 en Calella (Barcelona). Esa mansión, valorada por Hacienda en 450.000 euros, fue adquirida por una joven que ha trabajado en la televisión catalana, según la Agencia Tributaria.

Cristina de Borbón está siendo investigada por su posible relación, como cooperadora no administradora, en los delitos fiscales de los que se acusa a su esposo, con quién comparte la sociedad Aizoon, con 3.000 euros de capital. La Audiencia de Palma, al rechazar la imputación y citación de la Infanta, señaló la necesidad de ahondar en la existencia de posibles indicios para implicarla en el supuesto delito de blanqueo de capitales por las inversiones y compras de bienes con fondos ilícitos que Urdangarin traficó por Aizoon. La fiscalía y Hacienda rechazan esta hipótesis. La Audiencia indica que Aizoon fue una sociedad pantalla para defraudar.