“La Infanta no quería firmar la compra de Pedralbes, no veía claro cómo adquirirla”

El notario de Barcelona Carlos Masía, que intervino en las escrituras privadas y societarias de los duques de Palma, testificó ante el juez José Castro que la infanta Cristina “no quería firmar” la adquisición por cerca de seis millones de euros el palacete de Pedralbes, donde la familia reside. “La infanta se había negado, no quería firmar. Porque no veía claro, entonces, cómo se podía adquirir esa casa”, explica el notario, quien aseguró que recibió indicaciones del asesor fiscal de Iñaki Urdangarin (Miguel Tejeiro) sobre qué tenía que decir para salir al paso si la Infanta planteaba sus dudas.

“Si la infanta te pregunta”, recuerda el notario que le dijeron, “di: 'Esto va a la comisión ejecutiva. La Caja de pensiones ya lo tiene aprobado”. En definitiva, que La Caixa tenía aprobada la hipoteca. Masiá abunda sobre las tribulaciones de la esposa de Iñaki Urdangarin: "Ella tenía una serie de dudas; no veía clara la operación”. Meditaba, supone el notario, “cómo se podía adquirir la vivienda”. Al final, la infanta firmó la compra y la hipoteca, sin preguntar al notario. “Se le venía cara de duda pero no preguntó nada”. Su actitud, concluye Masiá, “era muy reservada, muy protocolaria”.

La compraventa de la mansión de Pedralbes, de más de 700 metros cuadrados de vivienda, se ejecutó en un solo día, según el notario Masiá. "Los duques de Palma pagaron la póliza de crédito con cheques, porque había muy poca diferencia entre el importe de la hipoteca y la parte financiada". señaló al juez. El fiscal quiso saber si los duques de Palma adquirieron el chalé antes de vender el piso donde antes vivían (por 2,2 millones) Así fue.

En 2004 la hija del Rey y su marido se comprometieron a pagar 5.800.000 euros. Asumieron la hipoteca de La Caixa de cinco millones a liquidar en 30 años, con una carencia de los primeros cuatro años. Cada trimestre, la pareja debía afrontar el pago de 52.000 euros de amortización. Por la falta de ingresos -el yerno del Rey se quedó sin su sueldo en Telefónica-, se dejaron de pagar ya dos cuotas, según las últimas declaraciones de Urdangarin ante el juez. La mansión, teóricamente, está a la venta, al tiempo que sujeta a un proceso de embargo para asegurar la fianza civil de 8,2 millones impuesta al yerno del Rey y a Diego Torres.

Mientras, el fiscal Pedro Horrach rechaza la petición de retirada del pasaporte a Iñaki Urdangarin, que ha formulado la acusación popular, el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. Horrach, en un escrito al juez José Castro, afirma que a lo largo de los tres años de la instrucción de la causa no se han adoptado medidas cautelares personales porque no ha habido riesgo de fuga.

Urdangarin ha acudido siempre a las citaciones y tiene acreditado de manera notoria su arraigo personal, familiar y social en España. La hipótesis del cambio de domicilio —su traslado a Catar—, según el fiscal, se basa solo en referencias periodísticas “no contrastadas”, y no hay ninguna solicitud al respecto en el juzgado. Por todo ello, no ve nada que puede hacer sospechar “la posibilidad de riesgo de sustracción a la acción de la justicia”, dice el fiscal, quien añade que la escolta policial que tiene asignada el duque es “un plus de garantía” de que no huirá.