El fiscal de Cataluña ve legítimo aspirar a una consulta que respete la legalidad

El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, ve legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político pero avisa de que actualmente "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia", por lo que apuesta por buscar una alternativa en preguntas que respeten la legalidad. En una entrevista de Europa Press, Rodríguez Sol ha considerado que ante el previsible no de Madrid a permitir un referéndum sobre la independencia "existen otras alternativas, y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar".

Según el fiscal, "hay un marco legal muy concreto y, a la vez, hay que intentar conectarlo con una realidad social de una parte importante de la población de Cataluña que cree que es mejor para Cataluña otro modelo" al actual. "Si no hay solución en Madrid hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas", ha indicado Rodríguez Sol. Asimismo, ha opinado: "Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general a cualquier pueblo".

El fiscal ha hecho un símil con el viaje de Ulises y el proceso catalán: "En estos momentos, del viaje a Ítaca, los billetes los pueden tener en Madrid. Y nos podemos encontrar con que la postura de Madrid no sea muy favorable a los cruceros".

Por ello, ha pedido "ser realista" y entender que el marco legal no contempla la posibilidad de un referéndum sobre la independencia, aunque sí apunta a que se podría hacer legalmente con una modificación legislativa que depende del Gobierno central.

"Yo creo que al final los legisladores tienen que ser conscientes de que legislan para los ciudadanos y tienen que buscar el bien común de todos y ver si la unidad nos fortalece o puede llevar a hacernos más débiles", ha reflexionado.

Preguntado sobre si defiende una reforma de la Constitución en esta cuestión, ha puntualizado: "Lo que digo es que todas las leyes se pueden modificar y hay que valorar si la norma sigue respondiendo a una realidad social como fue en el año 78 o si hay una realidad distinta, plural, que aconsejaría una modificación", aunque ha puntualizado que estas decisiones corresponden a los políticos.