Varias autonomías se rebelan contra los recortes en sanidad y educación

La aplicación de los decretos del Gobierno para facilitar el recorte de 10.000 millones de euros en el gasto sanitario y educativo de las comunidades abrirá grandes diferencias entre autonomías en la prestación de estos servicios públicos esenciales. Los Ejecutivos socialistas del País Vasco y Andalucía ya han anunciado que no aumentarán el número de alumnos por aula (como defiende el Ejecutivo central para ahorrar en profesores) ni subirán las tasas universitarias un 50%. Tanto País Vasco como Andalucía prevén recurrir los decretos del Gobierno.

En Galicia, el presidente Alberto Núñez Feijóo (PP) anunció ayer que no aplicará el tope máximo de los recortes educativos porque la situación financiera de su comunidad se lo permite. “Vamos a preguntar a los rectores para ver en qué grado quieren aprovechar para ir equiparando las tasas al coste real de las matrículas”, afirmó tras comprometerse a mantener las tasas como las más baratas de España. Feijóo aseguró que no aplicará el decreto de recortes en el apartado del ratio de alumnos por aula.

Otras autonomías que padecen graves dificultades financieras, como Valencia y Cataluña, aplicarán las restricciones educativas y sanitarias con el margen máximo que les permite el decreto aprobado por el Gobierno.

» Cataluña. La consejera Irene Rigau ya se ha mostrado partidaria de aumentar el número de alumnos por aula, como defiende el Gobierno central, y apoya también incrementar las horas lectivas de los profesores —Cataluña ya aplicó el año pasado un aumento de una hora—. En materia universitaria, la Generalitat presume de que ya lleva dos años aplicando ajustes similares y se define como “alumno aventajado”. En Sanidad, el Gobierno catalán se alinea con los nuevos recortes, que incluso califica de “insuficientes”. Pese a este apoyo, el Ejecutivo catalán considera que el decreto vulnera sus competencias, por lo que ha pedido un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), como paso previo al recurso ante el Tribunal Constitucional.

» Comunidad Valenciana. El Gobierno valenciano de Alberto Fabra tiene muy poco margen para rebelarse contra las directrices del Gobierno, ya que depende de las líneas de crédito abiertas por el Ministerio de Hacienda y corre el riesgo de ser intervenido si no reconduce su situación financiera. En Educación, la Generalitat estudia aplicar la parte alta de la horquilla de la subida propuesta para las tasas universitarias, aunque la Consejería de Educación presiona para que el aumento solo se aplique a los jóvenes que inicien sus estudios el curso que viene, pero no al resto.

» Andalucía. El Gobierno de coalición entre PSOE e IU que se constituirá en las próximas semanas ya se ha comprometido a no incrementar el número de alumnos por aula. En relación con las tasas universitarias, ambos partidos se han comprometido a garantizar “tasas universitarias acordes con la capacidad adquisitiva de las familias andaluzas”. La Consejería andaluza de Salud ha encargado a los servicios jurídicos que estudien la posible inconstitucionalidad del decreto. Considera que el incremento del copago farmacéutico es de obligado cumplimiento, pero que podrá sortear las demás medidas. Es lo que se plantea, por ejemplo, en el caso de que el Gobierno reduzca la cartera básica de servicios y elimine algunas prestaciones. La consejera en funciones, María Jesús Montero, considera el decreto una auténtica “contrarreforma del modelo del Sistema Nacional de Salud, que pone en jaque una de sus características básicas: el acceso universal de todos los ciudadanos a la atención sanitaria pública”.

» País Vasco. El Gobierno vasco ha encargado a sus servicios jurídicos que estudien el recurso legal que lo libere de aplicar los recortes en educación y sanidad. De momento, el departamento de Educación ha rechazado la subida de tasas universitarias y reduce el posible incremento al IPC. A su vez, considera una “invasión de competencias” las propuestas que afectan al aumento de horas lectivas del profesorado, a las sustituciones y a los complementos salariales. En Sanidad, Euskadi, que dispone de un estudio de futuro sobre los enfermos crónicos, se opone a los recortes planteados y mantendrá su actual política de ahorro en la compra de medicamentos con una potenciación de los genéricos, e impulsará la teleasistencia.

Con información de Juan Mari Gastaca, Daniel Salgado, Ivana Vallespín, Joaquín Ferrandis, Manuel Planelles, Reyes Rincón y Ángeles Lucas.