El día de la deslealtad

Por fin llegó el gran día. Artur Mas decidió hace casi un año que este domingo se votaría y se ha votado. La Generalitat ha ganado la partida al Estado.

Eso sí, se ha votado sin garantías, sin base legal, sin censo, sin controles, sin mesas imparciales, sin saber si el recuento será verdad, incumpliendo la propia ley catalana que regula el proceso, con unos órganos de comunicación oficiales convertidos en puros órganos de propaganda (Catalunya Radio, la emisora pública de la Generalitat, no hizo este domingo otra cosa desde las ocho de la mañana hasta que se cerraron las urnas), con una doble pregunta incomprensible. Pero la sensación es que se ha votado. Y en Cataluña Artur Mas ha ganado y Mariano Rajoy ha perdido.

Desde el 6 de octubre de 1934, nunca Cataluña se había parecido tanto a una república bananera. El Estado de derecho ha sido derrotado, el espectáculo que se ha dado al resto del mundo ha sido alucinante, los periodistas que nos han visitado esta última semana no daban crédito a lo que veían ni entendían nada de esta confusa situación. Pero Mas ha ganado a Rajoy, es decir, la arbitrariedad ha ganado a la ley, porque los independentistas —o los que, sin serlo, les dan soporte al ir a votar— siguen siendo un bloque compacto dispuesto a seguir adelante, sea cual sea el resultado dado que lo importante es la participación.

Fíjense si esto es así, que la Redacción de este periódico me pide que entregue esta columna antes de las ocho de la tarde, justo en el momento en que se cierran las urnas, sin conocer la voluntad de los ciudadanos que han depositado en ellas su papeleta. En ninguna elección o referéndum legal pasa esto: las redacciones retrasan el cierre para incluir el comentario de los resultados. En este caso, solo interesa el número de participantes.

Aunque algunos no se hayan enterado, ir a votar ya es dar un sí a la independencia porque es hacer el juego a quiénes están dispuestos a alcanzarla saltándose la legalidad. Lo explicaba estupendamente Carlos Jiménez Villarejo el pasado viernes en estas páginas en un artículo que concluía diciendo: “Desde cualquier punto de vista que se examine, el 9-N es incompatible con las exigencias de un Estado democrático de derecho”. Votar ha sido colaborar.

La situación de Cataluña es grave porque hay alrededor de dos millones de ciudadanos, más o menos un tercio de la población, que siguen ciegamente a un Gobierno y a unos partidos que ignoran los procedimientos democráticos para conseguir sus objetivos. El consenso democrático se ha roto, la deslealtad es la regla. El peligro está en que por ahí sigan las autoridades catalanas.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.