El constructor Méndez Pozo ingresa en prisión al denegarle el Gobierno el indulto que había pedido

Antonio Miguel Méndez Pozo, el empresario condenado a siete años de cárcel por falsedad documental en el caso de la construcción de Burgos, ingresó ayer en la pri sión burgalesa después de que el Constitucional haya denegado su recurso de amparo y el Gobierno no le indultase ayer. El titular de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló tras la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno ha tenido tres razones para denegar la petición del constructor: "La opinión negativa de la Saladel Tribunal Supremo, la opinión en contra del fiscal y el tipo de delito".

Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron al constructor en su despacho profesional sobre la una de la tarde, y le condujeron a la prisión provincial. Poco antes, el presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, Juan Sancho, órgano que dictó la condena en primera instancia, había firmado el correspondiente auto de ingreso en prisión. El constructor llevaba varios días sometido a una "discreta" vigilancia policial después de que el Tribunal Constitucional no admitiese su recurso de amparo.Méndez Pozo quedó recluido en el módulo de tránsito, donde ocupa una celda individual hasta que hoy le sea asignado un nuevo módulo. Ayer tarde iba a ser sometido a reconocimiento médico y atendido por una asistente social.

El empresario fue el único de los acusados en el caso de la construcción condenado a penas de cárcel. El ex alcalde de Burgos José María Peña y varios concejales fueron inhabilitados por prevaricación continuada -dictar a sabiendas resoluciones injustas en la concesión ilegal de licencias de obras de las que se beneficiaron las empresas de Méndez Pozo. Tras 13 años al frente de la alcaldía, de Burgos, Peña se vio obligado a dejar el cargo en junio de 1992.

La solicitud de indulto de Méndez Pozo había recibido los informes negativos de la Audiencia Provincial, el Ministerio Público y el Gobierno Civil de Burgos, que entendían que no existen razones objetivas para conceder la medida de gracia y que los siete años de cárcel son una pena proporcional a los delitos cometidos.

A la demanda de gracia presentada por los letrados del constructor se sumó otra de sus propios trabajadores, avalada por más de 17.000 firmas, que pedía el indulto de Méndez Pozo "teniendo en cuenta su intachable trayectoria personal y profesional". El propio empresario suscribió un documento mostrando su arrepentimiento y añadió que en su ánimo nunca estuvo realizar los hechos que la sentencia declara proba dos, "ni conocía que podía estar cometiendo delito". La petición fue apoyada por numero sos colectivos ciudadanos, pero no por el Partido Popular, pese a que el empresario, como esta bleció la sentencia, realizó la bores de mediación entre los sectores de la derecha política de Burgos e incluso asesoro en cuestiones urbanísticas a José María Aznar cuando el líder del PP presidía la Junta de Castilla y León.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó el pasado enero en su práctica totalidad la sentencia dictada por la Audiencia de Burgos en mayo de 1992. El Tribunal Supremo rebajó en cuatro años la condena de 12 años de inhabilitación por inducción a prevaricar que le fue impuesta a Méndez Pozo, pero mantuvo las de cárcel: seis años por un delito. continuado de falsedad en documentos públicos y privados y un año más por falsedad en documento público.