Si viene inmigración: “No abran la puerta, no digan nada, no firmen nada”

Es la peor pesadilla de una familia en la que hay un inmigrante indocumentado. El pasado martes, un padre fue detenido por la policía de inmigración de Estados Unidos justo después de dejar en el colegio a su hija de 12 años. La detención de Rómulo Avélica-González, mexicano de 48 años, se produjo en plena calle en el Este de Los Ángeles delante de su esposa y otra de sus hijas, de 13 años. Ella grabó la detención desde el coche. Se la oye llorar mientras los agentes se llevan a su padre.

Las nuevas normas de inmigración dictadas por el presidente Donald Trump han convertido en objetivo a todos los inmigrantes indocumentados. En los últimos años, a pesar de las cifras récord de deportaciones, se había instalado la sensación de que si un indocumentado no se metía en problemas, el Gobierno federal tenía otras prioridades. Ya no. Trump ha logrado que el miedo penetre las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos en solo un mes.

Avélica-González, de 48 años, tenía un antecedente por conducir ebrio y otro por tener documentos falsos. Ha vivido en Estados Unidos 25 años y tiene cuatro hijas, todas ciudadanas norteamericanas, según contó la familia a la prensa local.

Lo más inquietante de su arresto es que no había hecho nada especial más que su rutina diaria de dejar a su hija en el colegio. La detención viene a confirmar los peores temores de una comunidad en la que desde hace dos semanas se suceden los rumores, por el momento sin confirmación, de que la policía migratoria (ICE) está yendo a buscar a los inmigrantes a sus casas, a los colegios o a los hospitales. No está claro que haya más arrestos, aún no hay datos que permitan comparar con la época de Obama, pero sí que los agentes de ICE están haciendo cosas que antes no hacían.

En lugares como Los Ángeles, la ciudad con más inmigrantes y donde se calcula que viven un millón de sin papeles, ese ambiente de miedo ha llevado a la movilización de autoridades y asociaciones para defender a los inmigrantes. Talleres sobre qué hacer para evadir a la policía migratoria se suceden a diario. El pasado sábado, el presidente del Senado de California, Kevin de León, hijo él mismo de una inmigrante mexicana, organizó una reunión de vecinos en el centro de Los Ángeles para tranquilizarlos respecto a la política de California sobre los indocumentados y para que pudiera consultar con abogados.

Bajo una carpa en la que se sientan más de 200 personas, un abogado preguntaba cuántos están en Estados Unidos sin papeles o tienen familiares en esa situación. Más de la mitad levantaron la mano. De León empezó por decir que en California “no vamos a levantar ni un dedo para ayudar a la patrulla fronteriza”. El senador está impulsando una ley que convertiría a todo California en un Estado santuario, es decir, cuyas autoridades tendrían prohibido por ley compartir información con ICE.

Porque la situación desatada por Trump afecta también a las fuerzas del orden locales. Los agentes que detuvieron a Avélica-González llevaban chalecos en los que decía “policía”. El alcalde de la ciudad ha pedido que dejen de hacerse pasar por policías. Ha costado décadas construir una relación de mínima confianza entre las fuerzas de seguridad y los vecinos de barrios con fuerte presencia de inmigrantes. En una ciudad como Los Ángeles, con semejante población indocumentada, la policía tendría un ojo tapado si no pudiera contar con la colaboración y las denuncias de cientos de miles de personas.

Ese día estaban allí también el sheriff del condado de Los Ángeles, Jim McDonnell, y el subjefe de la policía local (LAPD) Robert Arcos. “Soy hijo de inmigrantes”, dijo McDonnell a la audiencia, “entiendo por lo que están pasando”. Las fuerzas del orden “solo podemos tener éxito si la comunidad nos apoya. Si tenéis miedo de la policía, todos salimos perjudicados”. McDonnell reiteró: “En el condado de Los Ángeles, la policía y el sheriff están con ustedes, para protegerlos”. “La policía sabe que muchos de ustedes tienen miedo y estamos perdiendo la confianza”, dijo el subjefe Arcos. “Voy a decirlo alto y claro, el LAPD está aquí para proteger y servir”.

Su audiencia eran personas que, literalmente, tienen miedo de no volver a ver a sus hijos después de dejarlos en el colegio. O niños que tienen miedo de volver a una casa vacía. Como René G., de 33 años, que lleva siete en Estados Unidos. Vive en Watts, al sur de Los Ángeles y ese día había acudido con su hermana y con su hija Stephanie, de cuatro años, a la que miraba mientras decía “yo soy su soporte y ella el mío”. La detención de Rómulo Avélica-González ha instalado el terror en personas como René.

Un grupo de abogados dio consejos a los inmigrantes presentes. “Tienen derechos bajo la Constitución”, recordó Luis Nolasco, de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). En un encuentro con ICE, “estén siempre callados, cualquier cosa que digan la pueden utilizar”. “Nunca firmen nada” continuó. Y por último, si se presentan en su casa, “no abran la puerta si no traen una orden judicial”.

Entre los consejos que dan los abogados estos días a los inmigrantes irregulares hay uno desgarrador. Que vayan a un notario y nombren un tutor legal para sus hijos. Alrededor de cinco millones de menores de edad viven con al menos uno de sus padres sin papeles, según un estudio del Migration Policy Institute citado por Reuters.