Condenado a la cárcel el presidente del Sindicato de Periodistas en Egipto
El país árabe es uno de los más peligrosos para ejercer la labor de periodista, según el CPJ
Un tribunal de El Cairo condenó el sábado a dos años de cárcel al presidente del Sindicato de Periodistas, Yehia Kalash, y a otros dos miembros de la junta directiva de la institución, Gamal Abdel-Rehim y Khaled el-Balshy, por dar refugio en la sede del Sindicato a dos reporteros críticos con el Gobierno. Después del golpe de Estado de 2013, y en el marco de una intensa campaña de represión contra cualquier voz disidente, Egipto ha encarcelado a decenas de periodistas, convirtiéndose en uno de los países del mundo donde es más peligroso ejercer esta profesión, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Puesto que la sentencia no es firme y se puede recurrir, la corte ha impuesto una fianza de 10.000 libras (unos 615 euros) a los directivos del Sindicato. Los sucesos juzgados acaecieron en la primavera de este año, después de una manifestación contra la concesión a Arabia Saudí de dos islas en el mar Rojo, la más concurrida de las celebradas en el centro de la capital durante los últimos años. Finalmente, los periodistas que se habían refugiado en la sede del Sindicato fueron arrestados en una redada de la policía el día 1 de mayo.
En un comunicado público, Sherif Mansour, el responsable para Oriente Medio del CJP, ha censurado el fallo afirmando que los tres responsables del Sindicato estaban siendo castigados “por intentar proteger a periodistas del acoso, las amenazas y los arrestos”. Por su parte, en un mensaje en su página de Facebook, uno de ellos, Khaled el-Balshy afirmó que la sentencia solo añade tres más a la lista “ de los 28 compañeros que están pagando con su salud y su edad” la causa de la libertad.
Durante los últimos años, el Sindicato de Periodistas se ha constituido en uno de los pocos focos de oposición al autoritario régimen de al Sisi. De hecho, ante la imposibilidad de manifestarse en la icónica plaza Tahrir, su escalinata se ha convertido en el principal punto de reunión para las protestas de la oposición. “Este veredicto no debe distraernos respecto a nuestras prioridades, como los derechos económicos y sociales en esta sociedad y el impacto de las recientes decisiones económicas en los ciudadanos y los periodistas”, afirmó en su post el-Balshy, en referencia al plan de ajuste estructural del Gobierno.
La sentencia ha llegado tan solo unos días después de que el Parlamento, dominado por los partidos favorables a al Sisi, aprobara una ley de ONGs muy restrictiva, que sitúa el sector bajo la completa tutela del Estado y prevé penas de cárcel por asuntos como un simple cambio de sede sin previa notificación a las autoridades. Esta norma, junto con la ley de la prensa aún en fase de preparación, forma parte de un paquete de medidas jurídicas destinadas a edificar la nueva arquitectura legal de la dictadura.
En su núcleo, se halla la ley de manifestaciones, por la que han sido condenadas miles de personas, entre ellos algunos iconos de la revolución del 2011. Al Sisi ha prometido en diversas ocasiones su intención de enmendar la controvertida legislación, pero nunca lo ha hecho. Sin embargo, esta semana sí concedió el indulto a 82 jóvenes, entre ellos Islam el-Besheiry, un investigador que fue sentenciado par llamar a modernizar la interpretación oficial del islam.
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