El hartazgo de los chilenos toca fondo

A un mes de las municipales de octubre y a un año y medio de las presidenciales de 2017, el malestar y la desconfianza de los chilenos con la clase política y la gestión pública parece haber tocado fondo, de no continuar creciendo. En un fenómeno que estalló con las movilizaciones estudiantiles de 2011, pero que solo se ha profundizado, y las instituciones democráticas tienen récord históricos de baja popularidad. Nunca antes desde la llegada de la democracia en 1990 un presidente había tenido un respaldo como el de Michelle Bachelet, que alcanza apenas un 15% de adhesión y un 66% de rechazo, de acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Un 50% cree que casi todos los políticos están involucrados en casos de corrupción y la adhesión a las dos principales coaliciones políticas es mínima: un 8% apoya a la Nueva Mayoría de centroizquierda y un 10% a la derechista Chile Vamos.

Bachelet se explica la desafección hacia la política como un fenómeno universal. En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, señala que “a Chile no se le está criticando en el extranjero, no se dice que el país está declinando”. En una reunión con corresponsales extranjeros en Santiago, Muñoz indica que es en Chile donde “hay pesimismo”, aunque también lo explica como un proceso global: “La desconfianza hacia la política y la autoridad está en todos lados y es enorme”.

La indecisión tiene magnitudes insólitas: de acuerdo al mismo sondeo del CEP, un 62% no contestó o dijo no saber quién le gustaría que fuera el próximo gobernante. Para las municipales del proximo 23 de octubre, un 41% probablemente no acudirá a votar, amparado por el voto voluntario implantado en 2012, con el acuerdo de toda la clase política que ahora se arrepiente de la medida. Para Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, “está comenzando a ser evidente que los ciudadanos se están retirando y distanciando de la política convencional”, lo que se explica por “la decepción creciente con la gestión pública y sus resultados”. De acuerdo a Moreno, sin embargo, “esta retirada no se debe leer necesariamente —o en forma lineal— como desinterés por la política o como despolitización”.

El pasado 21 de agosto, cerca de 100.000 personas marcharon por la avenida Alameda de la capital chilena y en diferentes ciudades del país para protestar por el sistema de pensiones creado en el régimen de Augusto Pinochet, por lo que difícilmente se pueda hablar de una ciudadanía aletargada y abatida. Pero lo que resulta difícil de comprender es lo que quiere la población. En 2011 los chilenos salieron a la calle para expresar su malestar en diferentes ámbitos, sobre todo con la educación, y en 2014 asumió Bachelet con la promesa de reformas estructurales profundas. La baja popularidad de la presidenta hace que los analistas regresen a la pregunta inicial: ¿efectivamente se buscaban tales cambios?, ¿se hizo una lectura correcta de las demandas sociales? Carlos Peña, analista del diario El Mercurio, escribió hace un par de semanas: “El pueblo al que Bachelet es fiel no es real: es imaginario”. “(…) Según ella cree, conforme avancen las reformas, asomará y comenzará a aplaudirla”.

Reformas y abuso de poder

Según el analista Gonzalo Müller, el alto rechazo a la presidenta Bachelet se explica por la oposición a las reformas, ideadas por los llamados autoflagelantes: “Esa izquierda que estuvo más bien marginalizada durante los gobiernos de tono más bien socialdemócrata de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, que resumen su posición en un rechazo frontal a la transición chilena y a la vigencia de la institucionalidad modelada en la Constitución de 1980, que buscan derribar”.

No hay una sola lectura. Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, señala que “la necesidad de reformas está intacta en Chile, incluso más que antes, porque la sensación de abuso de poder probablemente se ha agudizado con los casos de corrupción y los delitos de colusión conocidos”. De la Fuente se explica la baja popularidad del Gobierno, más que por su espíritu transformador, “por la conducción de las reformas y la forma de instalar el debate”. Pero no solo apunta al Ejecutivo: “La responsabilidad también le cabe a la coalición oficialista, que ha sido incapaz de ejercer la mayoría política y social con la que se comprometió. No obstante, son todos los sectores los que finalmente han sido ineficaces en desarrollar capacidad de respuesta frente a las demandas de la ciudadanía”.

Según la encuesta CEP, todos los dirigentes políticos, incluso los más nuevos, cuentan con muy bajos o escasos niveles de aprobación ciudadana: ninguno supera el 50% de respaldo.