El referéndum sobre el acuerdo de asociación con Ucrania pone a prueba el europeísmo holandés

Incluso en momentos de gran agitación política, por ejemplo, ante la caída de un Gobierno en plena legislatura, las campañas electorales suelen ser un modelo de control en Holanda. El próximo referéndum sobre el acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania, que ha cogido por sorpresa al Gobierno de centro izquierda, ha cambiado las cosas. A pesar de que el pacto ha sido aprobado ya por el Parlamento holandés, la consulta popular está prevista para el próximo 6 de abril después de que GeenStijl, un portal informativo digital -satírico y euroescéptico- consiguiera reunir 446.000 firmas (el mínimo legal son 300.000) para convocarlo. Aunque la votación no es vinculante, un no mayoritario puede entorpecer la ratificación misma del acuerdo por parte de La Haya. También pondrá a prueba el reconocido europeísmo nacional, que ya sufrió un duro golpe en 2005 cuando un 62% de electorado votó en contra de la Constitución Europea. Un riesgo que la UE no puede permitirse, según Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, porque “puede traducirse en una crisis continental de enormes proporciones”.

El acuerdo, firmado también por Georgia y Moldavia, desató en 2013 una crisis política en Ucrania cuando las presiones de Rusia forzaron la interrupción de los preparativos del documento, que crea en realidad una zona de libre comercio con la UE. Ratificado por el Parlamento Europeo y la Rada Suprema (el Parlamento ucranio) en septiembre de 2014, obliga a Kiev a efectuar reformas económicas, financieras y judiciales para que sean compatibles con las comunitarias. De todos modos, ambas partes y Rusia acordaron aplazar su aplicación hasta 2016. Por eso, Juncker teme ahora que “la auténtica vencedora del referéndum, si es que gana el no, sea Rusia”. Y de ahí que haya advertido a los votantes holandeses de que “no rechacen el acuerdo por razones ajenas al mismo”. En unas declaraciones al rotativo NRC Handelsblad, el político sugiere que tal vez se haya confundido un convenio pensado para desarrollar la economía de Ucrania, y fomentar el diálogo político y la estabilidad de la región, con una adhesión de facto a la UE. En realidad, Alemania, Francia, Austria, Bélgica y Holanda han rechazado cualquier intento de integración. Por el contrario, Reino Unido, Suecia, Polonia y los Países Bálticos lo han intentado.

Lecciones innecesarias

Sus palabras no fueron bien recibidas por los parlamentarios holandeses, por considerar que no necesitan lecciones para ejercer su trabajo. Pero tanto GeenStijl, como el centro de pensamiento Forum para la Democracia y la asociación Comité de Ciudadanos EU, que apoyan la petición del referéndum, señalan el peligro de que Ucrania, “un país en guerra con Rusia, corrupto y con neonazis y ultranacionalistas en el Parlamento”, se convierta en un socio comunitario. “Si ocurre, será a costa del contribuyente holandés, y es nuestra oportunidad de hacernos oír y de que los ciudadanos se pronuncien sobre las leyes, políticas de expansión y presupuestos de la UE”, en palabras de Thierry Baudet, escritor y periodista euroescéptico que encabeza el Forum para la Democracia. El presidente ucranio, Petro Poroshenko, ya advirtió en 2015 de que “esta votación es a favor o en contra de los ucranios que han dado la vida por los valores europeos”.

Para complicar aún más las cosas, tanto el líder xenófobo holandés Geert Wilders, como el Partido Socialista, más radical que la socialdemocracia, que gobierna en coalición con los liberales de derecha, harán campaña en favor del "no" en el referéndum. El rechazo a la UE, al euro y a la presencia de extranjeros en Holanda vertebra el ideario de Wilders. Los socialistas radicales afirman que el acuerdo “favorecerá a las multinacionales y no la integración social”. A su vez, el Partido de los Animales votará que no, “porque la “corrupción en Ucrania es colosal, en el país hay niños trabajadores y se trata a los animales de forma terrible”. En cuanto al resto de los parlamentarios, la mayoría dice que los resultados de la consulta deben respetarse, si la participación supera el 30%. Con todo, el Gobierno tiene la última palabra.