Jamás volveremos a ser extranjeros

El cartero italiano Giovanni Maria Sotgiu consiguió en 1974 que la Bundespost —Correos de la RFA— le pagara el complemento por separación familiar, pues lo abonaba a sus camaradas alemanes (caso 152/73).

La lectora de español Pilar Allué logró en 1989 su contrato indefinido en la Universidad de Venecia, porque sus colegas italianos lo tenían (caso 33/88).

El obrero alemán Klaus Biehl logró en 1990 que Luxemburgo le devolviese las retenciones excesivas practicadas a su salario en el IRPF, pues se les retornan a todos los luxemburgueses (caso 175/88).

La trabajadora española María Martínez Sala ganó en 1998 al Estado Libre de Baviera la misma “prestación por crianza” para su hija que la que recibían sus compañeras: porque se declaró ilegal que a ella le exigieran un documento acreditativo de residencia que no se les pedía a las madres alemanas (caso 85/96).

Y así hasta el infinito. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han amparado y expandido la libre circulación de trabajadores y sus derechos sociales: ese envidiado modelo social europeo.

Es esencial: para el mercado interior, para el laboral, para la cohesión de un área económica aún muy dispar. Y es que unos 15 millones de europeos trabajan en un país comunitario que no es el suyo. Hasta hoy, la UE, como “comunidad de derecho”, les ha protegido a fondo. Y cada día más. Hasta el punto de que los principios de no discriminación por razón de nacionalidad; de rechazo a sus “formas encubiertas” —pero que “conducen al mismo resultado”, según la sentencia Allué—; de igualdad de trato..., actúan. Impiden, de iure, y de facto, que los europeos (de distintos orígenes nacionales) sean laboralmente extranjeros (en los otros Estados miembros).

Eso es producto del Tratado (TFUE, artículo 45): “La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad” en cuanto al empleo, salarios y otras condiciones. Y de la Carta de Derechos Fundamentales (artículo 21.2): “Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad”. Y de los consiguientes reglamentos 883/2004 y 492/2011, varias veces actualizados.

Si leen con detalle el papel perpetrado por Donald Tusk y David Cameron comprobarán que es una traición a ese aumento acumulativo de libertades civiles y derechos sociales, y abre ventanas —aunque estrechas— para desmocharlos. Para que volvamos a ser extranjeros en casa.

El proyecto es un bodrio jurídico. Reforma el Tratado (su protocolo sobre Parlamentos nacionales; la excepción al principio de “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, art. 1) asegurando cínicamente que solo lo interpreta. Y sin tener competencia para ello: esa “decisión” que sería de los 28, pero ni siquiera del Consejo Europeo, está en el limbo legal y no sustituye a una Conferencia Intergubernamental, única vía para reformarlo.

Si los Gobiernos nos traicionan, a los ciudadanos nos queda el Parlamento. Y el Tribunal. No volveremos a ser extranjeros.