Un referéndum lleno de sombras

Con un coste estimado de 20 millones de euros y un resultado incierto, el referéndum griego encierra muchos interrogantes y, en el plano práctico, múltiples quebraderos de cabeza, de la cancelación de las competiciones deportivas para favorecer la participación a la dificultad de costear los desplazamientos de los votantes con las limitaciones del corralito, ya que los electores, como de costumbre, deben votar en sus respectivas circunscripciones.

Para ello, el Ministerio del Interior anunció el martes que está negociando precios especiales con las principales compañías de transporte (incluidas las marítimas, para viajar a las islas), así como un acuerdo ventajoso con una conocida empresa de sistemas informáticos para completar el recuento en un máximo de dos horas desde el cierre de las urnas.

Pero es la sombra de la presunta institucionalidad de la consulta la que más nubarrones arroja. El principal órgano colegial de los abogados emitió este miércoles su veredicto, contrario a la convocatoria del Gobierno, por motivos parecidos a los que esgrimió el Consejo de Europa: la premura de la celebración, con apenas seis días hábiles para la organización, y, sobre todo, la extemporaneidad de la pregunta, que se refiere a una propuesta de los socios que ya no está vigente.

Como muestra de la polarización de la sociedad griega, al menos 50 profesionales okuparon el martes temporalmente el Colegio de Abogados de Atenas, interrumpiendo una reunión del órgano colegial. Este había pedido el lunes al Ministerio el texto exacto de la propuesta de los socios que sustenta la enrevesada e interminable pregunta del referéndum.

Para votantes aplicados, el Ministerio del Interior, del que depende todo el operativo, colgó el lunes en su página web el texto íntegro de los dos documentos técnicos que sustentan la pregunta, muy larga y bastante confusa. Asimismo, desde el martes existe una página web específica para el referéndum, con versión en inglés.

Pero las cuestiones técnicas no logran acallar el clamor sobre la para muchos irregularidad de la consulta, que sólo podrá dilucidarse mediante un tribunal especial electoral (que en cualquier caso se reuniría después del domingo).

La Constitución contempla un plazo de un mes para realizar un referéndum. Ítem más, el hecho de que las propuestas —ya extinta— de los socios incluya cuestiones de orden fiscal (aumento del IVA, por ejemplo) rozaría la irregularidad, según algunos constitucionalistas, ya que violaría el artículo 44 de la Ley Fundamental griega, que no permite ninguna consulta sobre cuestiones fiscales.

El secretario general del Consejo de Europa (integrado por 47 países, entre ellos Grecia), Thorbjorn Jagland, cree que la consulta “encajaría poco con los estándares internacionales” ya que no reúne las condiciones y garantías fijadas por ese organismo, informa Carlos Yárnoz. Jagland considera que, según esos estándares, un referéndum así debe ser convocado al menos con dos semanas de antelación para permitir un debate amplio previo a la votación, tiene que incluir una pregunta clara y debe contar con observadores internacionales. En el caso griego, “el mayor problema” es que ha sido convocado con pocos días de antelación, dijo Jagland a la agencia AP. “También que las preguntas hechas a la ciudadanía no son muy claras”.