La derecha acusa a Obama de abuso de poder por la reforma migratoria

Será una batalla larga. En el Congreso y los tribunales. En la opinión pública. Definirá el ambiente en el que Estados Unidos elegirá al sucesor de Barack Obama en noviembre de 2016. Las medidas de Obama para regularizar a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados —y la respuesta de la oposición republicana— amenazan con elevar la crispación que paraliza Washington desde hace media década.

El problema, para el Partido Republicano, es medir las fuerzas. La derecha, dividida entre un ala dura que instintivamente querría la destitución del presidente y unos líderes pragmáticos que saben que la gesticulación excesiva puede resultar contraproducente, duda.

La primera respuesta a la acción ejecutiva de Obama —medidas adoptadas sin el Congreso— fue doble. Primero, una enmienda al método y al supuesto abuso de poder que revela, pero sin ningún anuncio de represalias concretas. Y segundo, una denuncia ante la justicia federal, preparada desde hace meses pero que hasta este viernes no se efectuó, por las acciones ejecutivas de Obama en otro logro de su presidencia: la reforma sanitaria.

El argumento del Partido Republicano es que Obama ha excedido los límites constitucionales de su cargo y exhibe una tendencia peligrosa a convertir la presidencia de EE UU en un poder imperial que revienta los equilibrios de poder establecidos en la Constitución.

"Si el presidente puede salirse con la suya y hacer sus propias leyes, los futuros presidentes también tendrán la capacidad de hacerlo", dijo el líder republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes.

"Las acciones que he adoptado no solo son legales, sino que son el tipo de acciones que todos los presidentes republicanos y todos los presidentes demócratas han adoptado durante el último medio siglo", dijo Obama en la noche del jueves al presentar sus reformas. Obama ha firmado este viernes las acciones ejecutivas en Las Vegas (Nevada), el Estado con una mayor proporción de sin papeles de EE UU, para presentar las decisiones.

La medida más controvertida evitará la deportación de unos cuatro millones de inmigrantes sin papeles que, además, podrán obtener un permiso de trabajo. Los beneficiarios son indocumentados que llevan más de cinco años en el país y cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Otro millón de personas se beneficiará de las otras medidas del plan de Obama. Quedan unos seis millones de indocumentados que se mantendrán fuera de la ley.

En un memorando difundido por la Casa Blanca, el Departamento de Justicia responde a las críticas por abuso de poder que el presidente disfruta de la discrecionalidad a la hora de deportar a unos inmigrantes y permitir a otros seguir en EE UU.

Otra justificación es política. El presidente sostiene que no le ha quedado más remedio que recurrir a las medidas unilaterales por el bloqueo de cualquier intento de aprobar una ley de inmigración convencional en el Congreso. Desde 2011, los republicanos son mayoría en la Cámara de Representantes. Como resultado de las últimas legislativas, en enero serán mayoría en el Senado.

En el discurso, el presidente esgrimió que EE UU es un país de inmigrantes. "Todos fuimos extranjeros una vez", dijo, tras citar el Antiguo Testamento (Levítico, 19.33.34).

Los argumentos morales colocan a los republicanos en una posición delicada. La retórica antiinmigrantes cada vez es menos aceptable en el discurso público. Y saben que los votantes de origen latino cada vez serán más decisivos en las elecciones.

De ahí que los argumentos contra las medidas Obama sean jurídicos. Si esgrime que la identidad de EE UU es indisociable de la inmigración, la derecha replica que este país se fundó en la división de poderes, destinada a frustrar cualquier tentación monárquica del presidente.

El Partido Republicano sopesa dejar sin fondos a los programas responsables de aplicar el plan de Obama sobre la inmigración. Otra posibilidad es llevarlo a los tribunales, como ha hecho con la reforma sanitaria. Aunque el Congreso la aprobó en 2010, el litigio sigue abierto. Con la inmigración, que divide Washington como la sanidad, puede ocurrir algo similar.