La defensa de Leopoldo López enfrenta obstáculos en la reanudación del juicio
El opositor venezolano, que lleva seis meses en prisión, no ha podido presentar ni testigos ni pruebas en su favor
![López se entregó a las autoridades el 18 de febrero](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/3LCYBEE2UKGHXRHV6O25PP4DC4.jpg?auth=291b242fc426da7c8be60a1f5192202f51d98e6b1d506b9d47dbc4ae42e2b252&width=414)
Con seis meses recién cumplidos en prisión, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López Mendoza todavía no había podido presentar su defensa este jueves, cuando se reanudaba en Caracas el juicio que se le sigue por los cargos de delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
López, exalcalde del municipio capitalino de Chacao y líder del partido Voluntad Popular (VP), fue detenido el 18 de febrero. El Gobierno de Nicolás Maduro lo señala como instigador de los destrozos ocurridos en el centro de Caracas durante los disturbios del 12 de febrero, que marcaron el inicio de una ola de protestas que durante cuatro meses dejó un saldo de 43 muertos y casi de 3.300 detenidos en todo el país. Ese día una marcha estudiantil fue reprimida con severidad por las fuerzas del orden público. Durante la jornada, tres personas cayeron muertas por disparos, incluyendo a dos manifestantes y un simpatizante del chavismo.
Apenas unas semanas antes, el 23 de enero, López, junto a la exdiputada María Corina Machado –ahora bajo investigación-, lanzó la iniciativa La Salida, que propugnaba la búsqueda de mecanismos expeditos en la Constitución para sustituir al actual Gobierno. Ese llamado, junto a posteriores pronunciamientos, ha sido presentado por la Fiscalía, subordinada al régimen, como una prueba de la presunta responsabilidad de López en los desórdenes. La Fiscalía le imputó los cargos en abril, y en julio se dio inicio al juicio en el Tribunal 28 de Caracas.
Cada vez que López es trasladado desde Ramo Verde, la cárcel militar a 20 minutos de Caracas donde permanece confinado, al Palacio de Justicia, el casco histórico de la capital venezolana vive un virtual toque de queda. Las calles se militarizan y el comercio de los alrededores es obligado a cerrar sus puertas. Sin embargo, en la sesión de este jueves, la tercera del proceso, la principal expectativa giraba en torno a la cuestión de si la juez Susana Barreiros permitiría al equipo de la defensa presentar pruebas y testigos en descargo de López, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Solo en la primera audiencia pudo López hacer una breve intervención. Entonces denunció el carácter político del juicio. “Están intentando condenar la expresión del pensamiento, porque lo único que tienen en mi contra es lo que he dicho y mantengo: que Nicolás Maduro encabeza un régimen antidemocrático”, dijo.
Mientras, el tribunal ha admitido el testimonio de 138 testigos de la acusación. De acuerdo con versiones de prensa y de allegados a López, al menos tres de esos testigos de la Fiscalía fueron detenidos a comienzos de este mes al ser sorprendidos en un robo. Si López es hallado culpable de los delitos que se le imputan, podría enfrentar una pena de hasta 13 años de cárcel.
El Poder Judicial venezolano es controlado directamente por el Ejecutivo que encabeza Nicolás Maduro. El sucesor de Hugo Chávez en la presidencia de la República no se ha ahorrado expresiones públicas acerca del desenlace que espera en el juicio a López. “Él es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia, así de sencillo”, sentenció el 23 de julio reciente, durante una rueda de prensa ante corresponsales extranjeros en el Palacio Presidencial de Miraflores. “(López) es una pieza de los gringos en Venezuela, no de ahora, sino desde que era muy jovencito”.
De acuerdo con los registros de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), a la fecha todavía permanecen en prisión 75 personas detenidas durante los disturbios del primer semestre del año. En algunos casos –como los de Gerardo Carrero, recluido en la sede de la policía política en Caracas, y el de Raúl Emilio Baduel, preso en la cárcel de Uribana, estado Lara- se han denunciado maltratos físicos y psicológicos. Aunque en las últimas semanas se han producido varios sobreseimientos de causas, muchos de los detenidos durante las protestas que quedan en libertad siguen, sin embargo, bajo régimen de presentación periódica ante un tribunal.
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