La UE condena una nueva expansión de los asentamientos judíos en Jerusalén

La responsable de la política internacional de la Unión Europea, Catherine Ashton, ha pedido a las autoridades israelíes que reconsideren su decisión, anunciada el miércoles, de construir 558 nuevas viviendas en zona ocupada. “Insto a las autoridades israelíes a que reconsideren sus planes y den marcha atrás en sus decisiones”, dijo Ashton. La expansión la ha ordenado el gobierno local de Jerusalén en medio de una ronda de negociaciones en la que israelíes y palestinos buscan un acuerdo de paz a instancias de Estados Unidos.

La Comisión de Construcción y Planificación de Jerusalén aprobó el miércoles las 558 nuevas viviendas en zona ocupada tras la guerra de 1967. De ellas 386 se hallan en el asentamiento de Har Homa; 136 en el de Neve Yakov, y 36 en el de Pisgat Zeev. El gobierno local, que lidera el conservador Nir Barkat, autorizó la construcción de otras 210 viviendas, 45 de ellas en los vecindarios árabes de Beit Hanina, Beit Safafa, Jabel Mukaber y Sur Baher. Los planes para esas expansiones fueron aprobados hace años, según una portavoz municipal.

La Autoridad Palestina, que reclama Jerusalén oriental como capital, se apresuró el miércoles a condenar estas nuevas construcciones en los asentamientos. “Israel quiere aislar a Jerusalén de su entorno palestino con la construcción de muros de apartheid, puestos de control y anillos de asentamientos”, dijo en un comunicado Hanan Ashrawi, de la Organización para la Liberación de Palestina. “Los ciudadanos palestinos de Jerusalén siguen sufriendo por las políticas israelíes de limpieza étnica, que incluyen demoliciones de casas, anexión de tierras palestinas y revocación de cartillas de identidad que permiten la entrada a Jerusalén”.

El ayuntamiento de Jerusalén, en un comunicado, dijo que rechaza “firmemente cualquier intento de detener el derecho legítimo de cada residente de recibir permisos de construcción y seguirá construyendo en todos los vecindarios de la ciudad, de acuerdo con los planes establecidos, para judíos o árabes sin distinción”. Añadió que “no tiene el derecho legal de invalidar los derechos de propiedad de residentes que poseen tierras en cualquier lugar de la ciudad, y que investigar la religión de los dueños de una propiedad es ilegal”.

Ashton condenó esa expansión de los asentamientos, que llevarán a cabo constructoras privadas, porque “pone en peligro la posibilidad de que Jerusalén se convierta en la capital de dos Estados y, en concreto, la continuidad territorial entre Jerusalén oriental y el sur de Cisjordania”.