Manuel Valls, el cambio de los valores de la izquierda por votos

“Lo importante no es mi persona. Lo importante es Francia”. Esta declaración de Manuel Valls, el titular de Interior francés (Barcelona, 1962), a Le Journal du Dimanche (JDD), resume la última victoria del único ministro realmente popular del Ejecutivo socialista. Después de cinco días de controversia por la detención y expulsión de Leonarda Dibrani, una joven alumna gitana de 15 años, mientras realizaba una excursión escolar, el hijo mayor del pintor republicano Xavier Valls ha emergido del caos que él mismo produjo convertido en el líder incuestionable del socialismo francés. Los hechos y las encuestas lo reflejan claramente: Valls tiene el apoyo del 89% de los votantes de la derecha y del 68% de los electores socialistas. Por su parte, el presidente, François Hollande (igual que su primer ministro, Jean-Marc Ayrault), no supera el 23% de aprobación. Y su imagen acaba de quedar seriamente tocada al proponer a Leonarda, “y solo a ella”, una solución a medio camino entre la magnanimidad, la hipocresía y la crueldad: la niña puede volver a estudiar en Francia si abandona a sus cinco hermanos (cuatro de ellos escolarizados como ella, y la quinta nacida en Francia) y a sus padres.

La imparable ascensión del “camarada Valls”, como lo llaman sarcásticamente sus compañeros de partido, se produce en un contexto social, político y mediático envenenado, hábilmente manipulado a su favor por el “primer policía de Francia”, un político que galopa a lomos de los sondeos y que apenas trata de ocultar sus ambiciones presidenciales.

Hace dos semanas, una encuesta reveló que el Frente Nacional marcha en cabeza de la intención de voto para las elecciones europeas de mayo de 2014, con un 24%, y situaba al PS en un penoso tercer lugar, con el 19%. Los sondeos de las municipales de marzo son también malos para los socialistas, aunque el doble turno y la escasez de concejales de la extrema derecha ayude a limitar los daños.

En ese momento, Valls toma las riendas del Gobierno. Anuncia que hace falta frenar a la extrema derecha, sale de gira por el país para dar algunos mítines en lugares sensibles, y copia el discurso del enemigo extremista y de la derecha sarkozysta declarando la guerra a los 17.000 gitanos del Este de Europa que residen en Francia: “Su cultura es muy distinta de la nuestra. No se quieren integrar. La única solución es devolverlos a sus países”, afirma.

El movimiento busca poner en el centro del debate las cuestiones de seguridad e inmigración, para no hablar del paro y de economía y para contrarrestar mejor las acusaciones de laxismo y buenismo que lanzan durante el verano Marine Le Pen y los conservadores populistas. Mezclando churras y merinas, Valls mezcla tres elementos distintos: convierte a un puñado de gitanos —la mitad de ellos, niños— en el principal problema de la segunda potencia de la zona euro; advierte de que Francia vetará la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen, y añade que París solo permitirá que los ciudadanos de esos países circulen libremente “en avión”.

La estrategia cuenta necesariamente con el beneplácito de Hollande, consciente de que su política económica, casi tan ineficaz como la de su antecesor, Nicolas Sarkozy, no parece la mejor apuesta electoral. Cuando la ministra de Vivienda, Cécile Duflot, pide al presidente que desautorice en público las palabras “antirrepublicanas” de Valls, Hollande calla y otorga. Por si quedaban dudas, ayer Valls declara al JDD: “Mi política es la del presidente”.

El ministro lleva meses preparando este momento. Antes de sacar a pasear el “problema romaní”, envía el 11 de marzo una circular a los prefectos ordenándoles que expulsen del país, “de forma rápida”, “a las personas cuya petición de asilo ha sido definitivamente rechazada”. Ese es, precisamente, el caso de Leonarda Dibrani y su familia, que lleva casi cinco años intentando regularizar su situación alegando que eran perseguidos en su país de origen, Kosovo, aunque en realidad huían desde Italia.

Los extranjeros, incluso en familia o con niños escolarizados, cuando dejan de tener el derecho de estancia, tienen que dejar el territorio

El destino quiere que la Policía de Fronteras de Doubs (este del país) obedezca las órdenes de Valls con tanto celo como para detener a Leonarda en plena excursión. Sus profesores denuncian la barbaridad en un blog de la Red de Educación Sin Fronteras (RESF), y tras un par de días de (auto) censura mediática, el escándalo estalla. “Es un bonito cuento acusar a los gitanos de no querer integrarse y luego ir a buscarlos al colegio”, dispara el líder del Frente de Izquierda, Jean-Luc Melénchon.

La escena, que algunos socialistas comparan con las redadas y deportaciones de Vichy, fractura al Gobierno y al partido. Destacados responsables del PS, como el primer secretario, Harlem Désir, o la candidata a la alcaldía de París, Anne Hidalgo, piden la vuelta inmediata de la familia, y el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, acusa a Valls de “traicionar los valores de la izquierda”.

El primer ministro pacta con Hollande una reacción que calme los nervios del partido, y la comunica al Parlamento: “Si se cometió un error, la orden de expulsión será anulada. Esta familia volverá para que su situación sea analizada de nuevo en función de nuestros derechos, nuestros valores y nuestros principios”, promete.

“La República es la ley pero es también fraternidad”, añade Ayrault, que ordena abrir una investigación para detectar si hubo irregularidades. A Valls no se le mueve una ceja, y se absuelve por adelantado: “La ley se respetó, el protocolo se respetó, el respeto a las personas se respetó”, asegura. Luego se va de viaje oficial a las Antillas, pero su potente y tentacular departamento de prensa no deja de trabajar. Los medios afines, casi todos, acusan al padre de Leonarda de haber mentido a las autoridades, lo pintan como un hombre violento, afirman que pegaba a sus hijas, que no quería trabajar y prefería cobrar las ayudas sociales.

Difamado el enemigo, todo está listo para la ofensiva final. El sábado, la investigación concluye que la expulsión de Leonarda Dibrani fue “conforme al reglamento” y no violó ninguna ley. Único pero: la policía cometió “una falta de discernimiento” al detener a la niña durante una actividad escolar. Pelillos a la mar, no volverá a pasar. Tras una cumbre en el Elíseo, Hollande comunica su decisión salomónica. La niña la rechaza, como era de esperar. Valls se permite la estocada final. Saluda “la generosidad del presidente” y exige a los medios que dejen de “utilizar” a Leonarda. Los sondeos le declaran vencedor por aclamación. Poco importa que en París unos cientos de estudiantes asocien su nombre al de Franco, o que el lema republicano haya perdido algunas letras por el camino. Valls ha sido atacado “con palabras indecentes que evocan otras épocas”, dice, pero ha ganado otra batalla. “La emoción no puede ser la brújula. La inmigración debe ser controlada. Nada me desviará de mi objetivo”.