El Constitucional egipcio anula el decreto con el que Morsi reabrió el Parlamento

En pleno pulso con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por el control del poder legislativo en Egipto, los Hermanos Musulmanes enviaron ayer dos mensajes aparentemente contradictorios. Mientras por la tarde miles de militantes islamistas ocuparon la plaza de Tahrir para secundar al presidente Mohamed Morsi en su órdago lanzado dos días antes, por la mañana, el pleno de la Asamblea Popular rebajó la tensión al suspender de forma indefinida sus trabajos, dejando su futuro en manos de los tribunales. Según los analistas, la actitud de la Hermandad debe interpretarse como un guiño hacia la junta militar para mostrar su disposición a encontrar una salida negociada a la crisis.

Durante las últimas horas, los adversarios de Morsi reafirmaron la firmeza de sus posiciones. En una sentencia hecha pública anoche, el Tribunal Constitucional suspendió el decreto presidencial que restituía el Parlamento disuelto, al considerar que esa norma vulneraba la legalidad vigente. El Constitucional se sumaba así a la junta militar, que el lunes por la noche había instado al nuevo rais a retirar su decreto y a respetar el Estado de derecho.

En una muestra de que el estamento judicial en pleno se ha situado del lado de la cúpula militar, el presidente del Club de Jueces, Ahmed al-Zend, lanzó ayer una severa amenaza a Morsi. “Si no retira sus decisiones de reconstituir el Parlamento en 36 horas, anunciaremos medidas al respecto”, advirtió Al-Zend, que afirmó que existía un acuerdo entre los jueces para no aplicar ninguna de las leyes que pueda aprobar la Cámara baja disuelta.

Este último capítulo en la pugna entre los Hermanos Musulmanes y la cúpula del Ejército se inició cuando los generales disolvieron el Parlamento a mediados de junio, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional. Unos días después promulgaron un anexo constitucional en el que se arrogaron el poder legislativo en ausencia de la Asamblea Popular. El pasado domingo, y tan solo una semana después de su investidura, el presidente Morsi revocó esa decisión y rehabilitó la Cámara baja, donde su partido goza de una cómoda mayoría. Los Hermanos Musulmanes lograron una clara victoria en las elecciones legislativas celebradas hace medio año, cosechando cerca del 45% de los votos. El principal partido salafista, Al Nour, se hizo con el 25%. Los diputados de estos partidos fueron prácticamente los únicos que asistieron ayer a la convocatoria del Parlamento.

Desde el lunes por la noche, docenas de jóvenes militantes islamistas se empezaron a congregar en la mítica plaza del centro de El Cairo para preparar la logística de la jornada reivindicativa. Decenas de miles de personas acudieron a Tahrir en respuesta a la convocatoria de una manifestación “millonaria” convocada por la histórica organización islamista, y que recibió el apoyo de algunas organizaciones revolucionarias, como el Movimiento 6 de Abril, uno de los principales impulsores de la revuelta popular contra Hosni Mubarak.

El tono desafiante de los cánticos de la multitud contrastó con el talante conciliador que adoptó la Asamblea Popular en su sesión plenaria de la mañana. Al renunciar a reanudar su labor habitual, tal como había decretado Morsi el domingo, el presidente del Parlamento, Saad Katatny, evitó el agravamiento de la crisis jurídica que habría supuesto la existencia en paralelo de dos órganos que ejercieran el poder legislativo. La sesión del plenario fue una de las más cortas de la historia, pues apenas se prolongó un cuarto de hora.

En una muestra de la división social que ha suscitado la decisión de Morsi, varios partidos laicos boicotearon la sesión parlamentaria, entre ellos el histórico Wafd y el Partido Social Demócrata. El diputado independiente Mustafá Bakri anunció su dimisión como miembro de la Cámara, y tildó la reconstitución de la Asamblea Popular de “acto de gamberrismo político” y de “violación del Estado de derecho”.

Por otro lado, la Corte Superior Administrativa, el tribunal encargado de dirimir los litigios de competencias entre las instituciones del Estado, decidió ayer aplazar hasta el 17 de julio su veredicto sobre el decreto de Morsi, que fue recurrido el lunes por varios diputados laicos, así como también sobre la declaración constitucional suplementaria promulgada por la junta militar. La decisión de la corte abre un plazo de una semana para que militares e islamistas puedan encontrar una salida política a la crisis.

Esta es precisamente la solución que defendieron el premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei y la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, que tiene previsto entrevistarse con el presidente Morsi el próximo sábado. “Urgimos de forma contundente un esfuerzo de diálogo concertado entre todas las partes para abordar unos problemas que son comprensibles, pero que se deben resolver para evitar que descarrile la transición”, declaró Clinton en una rueda de prensa.

Mientras políticos y militares participan en una descarnada lucha por el poder, Egipto padece una auténtica situación de desgobierno. Desde la caída de Mubarak, en febrero del 2011, diversos Ejecutivos, débiles todos ellos, han administrado el país. Su carácter interino y su falta de legitimidad han impedido que acometan las reformas profundas y urgentes que necesita el país, con una economía al borde de la bancarrota. Diez días después de su investidura, Morsi aún no ha nombrado su Ejecutivo. Su portavoz, Yaser Ali, aseguró ayer que el presidente anunciará en las próximas horas la identidad de su primer ministro.