España rebaja a “pacto de mínimos” el plan de crecimiento de la UE

“El crecimiento es necesario, la respuesta que se da es un primer paso, a mi juicio, muy leve; pero el verdadero problema de la sostenibilidad de la deuda no se resuelve”. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, rebajó notablemente el entusiasmo que acompañó el lanzamiento del plan de estímulos al crecimiento de la economía europea, el pasado viernes en Roma, en una minicumbre a la que asistió el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, junto a los mandatarios de Alemania (Angela Merkel), Francia (François Hollande) e Italia (Mario Monti).

En una comparecencia en el Congreso, para informar sobre la cumbre europea del próximo jueves y viernes, el jefe de la diplomacia española consideró un “pacto de mínimos” el acuerdo para invertir 130.000 millones de euros, equivalentes al 1% del PIB de la UE.

Margallo desglosó algunas de sus partidas —4.500 millones en bonos-proyecto, 55.000 en reasignación de fondos estructurales no utilizados, 10.000 para recapitalizar el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 7.300 para el desempleo juvenil— y las calificó de “cifras realmente pequeñas”. Tras estimar que a España le corresponderán de este monto global entre 9.000 y 10.000 millones, comparó esta cantidad con los 27.000 millones, casi el triple, que el Gobierno ha destinado a pagar facturas atrasadas a los proveedores. “Creo que las cifras que vamos a destinar al crecimiento son mínimas y que el verdadero problema ahora es reducir el coste de la deuda soberana, los intereses que pagamos”, concluyó.

Más entusiasmo mostró el ministro por la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para avanzar en la unión bancaria, económica y fiscal. “Entramos en un terreno que se llama cesión de competencias, cesión de soberanía a las instituciones comunitarias, que preocupa a algunos y a mí no me preocupa absolutamente nada”, dijo Margallo.

Una opinión que comparte el primer partido de la oposición cuyo portaboz, el socialista Juan Moscoso, aseguró sentir “temor cero” a la cesión de competencias a Bruselas, aunque ello suponga, por ejemplo, que las emisiones de deuda, a partir de determinado límite, deban ser aprobadas por las autoridades comunitarias, que el Banco Central Europeo supervise el sistema financiero o que un futuro superministro europeo de Finanzas pueda corregir los presupuestos nacionales.

España apuesta por los eurobonos, pero es consciente, en palabras de Margallo, de que eso solo será posible al final del proceso, “después de una modificación de los tratados y de una convergencia muy estrecha desde el punto de vista económico” para evitar el riesgo moral, que unos países deban asumir la irresponsabilidad de otros.

Por eso, España defiende “avanzar en paralelo”, de forma que la consolidación fiscal se complemente con la creación de una agencia que, en una primera fase, apruebe las emisiones nacionales de deuda; para pasar luego a la emisión de bonos europeos de responsabilidad mancomunada (donde cada país responde exclusivamente de su cuota); y llegar finalmente a los bonos europeos de responsabilidad solidaria (en los que todos responden de la deuda de todos).

El Gobierno confía en que el Consejo Europeo de su respaldo político a la hoja de ruta de la nueva etapa del euro —aunque su aprobación definitiva no se produzca hasta octubre o diciembre— y la acompañe con un calendario de aplicación.

Pero, sobre todo, espera que este salto adelante en la integración europeo permita que, finalemente, el BCE vuelva a comprar bonos en el mercado secundario y se frene así “la hemorragia de la deuda soberana que amenaza con desangrar a toda la eurozona”, según Margallo. “Me paregunta usted si el Banco Central Europeo tiene que comprar deuda soberana. No tengo la menor duda”, le respondió a un parlamentario.