El Senado argentino aprueba la expropiación de YPF

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha logrado hoy el apoyo del Senado para expropiar la petrolera YPF al grupo español Repsol tras cerca de 15 horas de debate que permitieron a la oposición advertir que su respaldo no supone un cheque en blanco para la gestión de la mayor empresa del país.

El proyecto de ley ha sido aprobado por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, en una jornada maratoniana en la que las acciones de la petrolera cayeron un 5,11 %.

El texto, que la próxima semana se someterá a votación en la Cámara de Diputados, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un 51% de las acciones de YPF propiedad de Repsol, titular de una participación total del 57,43% en la petrolera argentina. También prevé la expropiación de las acciones de Repsol en YPF Gas, la mayor distribuidora minorista de gas licuado de petróleo envasado de Argentina.

El oficialismo ha arrastrado a la mayoría del Senado con el argumento de que la expropiación de YPF a Repsol devuelve a Argentina la soberanía sobre sus hidrocarburos, aunque la oposición ha matizado su postura, ha cargado contra la política energética del Gobierno y ha advertido sobre la necesidad de garantizar un buen manejo de la petrolera.

Críticas a la familia Fernández

Las críticas han salpicado a Cristina Fernández, y a su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, a quien varios senadores recordaron como uno de los defensores de la privatización impulsada por el expresidente Carlos Menem, aunque uno de los más cuestionados de la jornada fue el ministro de Planificación, Julio de Vido, que encabeza al equipo de interventores de YPF, y al que la oposición responsabiliza del problema energético del país.

El presidente del bloque radical, el principal partido de oposición, Luis Naidenoff, ha apoyado la propuesta oficialista pero ha sido tajante sobre los motivos que precipitaron la decisión del Gobierno de hacerse con el control de YPF: "Se avanzó con el proyecto porque la caja no cierra". "Fue la coyuntura energética asfixiante la que motivó al oficialismo a iniciar este debate", ha agregado el senador radical refiriéndose a los 14.000 millones de dólares que Argentina gastará este año en la importación de gas y petróleo.

Mario Cimadevilla, también radical, ha pedido una revisión de las concesiones petroleras y ha recordado que en su provincia, Chubut, la mayor productora de petróleo del país, y pese al conflicto que enfrenta a Buenos Aires con Londres por la soberanía de Malvinas, la británica British Petroleum (BP) explota el yacimiento más importante de Argentina como socia de Panamerican Energy (PAE). Según el senador, BP consiguió prórrogas y concesiones del Gobierno argentino en 2005 por 40 años "violentando la ley de hidrocarburos".

Entre las voces más críticas se ha alzado la de María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, hija de José Estenssoro, expresidente de YPF, que ha decidido abstenerse tras alertar contra un modelo de "hiperconcentración de la riqueza y el poder" y recordar que Kirchner apoyó "enérgicamente" la privatización de la petrolera en 1992. "No podemos subsanar ese grave error con otro acto de corrupción", ha advertido Estenssoro, para quien "culpar a la gestión de Repsol por la mayor crisis petrolera de nuestra historia, es una simplificación y una trampa".

En contra del proyecto ha votado Liliana de Alonso, de la Alianza Compromiso Federal, convencida de que "el fin no justifica los medios" y "la seguridad jurídica es un valor que debe ser preservado".

Desde el oficialismo, los senadores cargaron con dureza contra la gestión de Repsol, e insistieron, como explicó Daniel Filmus, en que la aprobación de la iniciativa marca "un cambio de patrón de desarrollo, de soberanía y de modelo de Estado".

La expropiación de YPF es un acto "derivado de una consecuente e imperiosa necesidad de concretar en materia energética la reversión fundamental de paradigmas que caracterizaron el neoliberalismo", ha dicho el oficialista Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Tras la aprobación del Senado, el proyecto de ley cumplirá el último trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, previsiblemente el próximo 3 de mayo.