El supervisor de la cárcel de Huelva envenenado tres veces por su compañera de trabajo: “Ha sido una pesadilla en la que no sabes cuándo llega el final”
Domingo Camacho sufrió en 2018 tres intoxicaciones por culpa supuestamente de una enfermera de su servicio que le introducía metadona y otras sustancias en las comidas y que ahora afronta 23 años de cárcel
Domingo Camacho (Huelva, 49 años) ha protagonizado una historia real de suspense y terror que aún no se ha cerrado del todo, pero a la que ha sobrevivido sin secuelas aparentes. El supervisor de la enfermería de la cárcel de Huelva fue supuestamente envenenado en 2018 tres veces con metadona y otros medicamentos por su compañera Elena Martínez, enjuiciada el pasado octubre y que afronta 23 años de cárcel por siete delitos de lesiones dolosas.
“Ha sido una pesadilla, un thriller en el que no sabes cuándo llega el final y quién va a ser el malo. Incluso sabiendo quién es el malo ¿cómo lo vamos a probar? Sobre todo siento incredulidad y mucha rabia. No éramos los mejores compañeros del mundo, pero ¿qué iba a conseguir aparte de quitarme de en medio?”, rememora este lunes tras el infierno atravesado.
En dos ocasiones distintas durante el verano de hace cuatro años, Camacho probó sus comidas caseras en las fiambreras y sabían amargas, pero nunca sospechó que la compañera que ansiaba su puesto le había puesto presuntamente un cóctel de metadona (opiáceo sustituto de la heroína), nordiazepam (un tranquilizante) y pregabalina (medicamento para el dolor neuropático), que combinados disparan su efecto.
El 9 de noviembre el médico de la prisión llevó lentejas para comer —como el enfermero jefe― y sufrió la misma intoxicación aguda. Ambos siguieron sin intuir los delitos que había detrás hasta que el 15 de noviembre seis enfermeros sintieron mareos y vómitos tras desayunar juntos. Se hicieron tests de drogas y descubrieron que todos habían sido envenenados a través del café. Denunciaron, Instituciones Penitenciarias y la policía abrieron sendas investigaciones, un mes después Martínez fue detenida y en la enfermería empezaron a respirar algo aliviados.
“Hay gente mala y punto, no todo el mundo tiene una patología. No hay que darle más vueltas. Como sociedad no somos capaces de asumir que hay gente mala sin traumas y que no tienen tratamiento”, lamenta. Martínez, casada con un guardia civil, con dos hijos, y que reside en la comarca sevillana del Aljarafe, carece de patologías mentales y niega los hechos por los que se ha sentado en el banquillo. En diciembre de 2018 se dio de baja médica, más tarde pidió el traslado a la prisión de la capital andaluza, y el pasado enero el instituto armado la detuvo en la Operación Estempel por falsificar recetas de Muface tras suplantar la identidad de una médica.
“Mi vida estuvo en riesgo, pero si al principio en el hospital me hubieran hecho un test y ven metadona en mi cuerpo, a ver cómo justifico yo eso. O pude haber atropellado a alguien con la moto, o que la detectaran en un control rutinario…”. Camacho recuerda cómo tras las sospechas de todos los compañeros y al haberla acusado ante sus superiores, la supuesta envenenadora no les llamó para rebatir las acusaciones. “Habíamos trabajado juntos 15 años y venía desde Sevilla a diario en coche compartido con otras compañeras que ya eran amigas. Cuando ingresaron en el hospital, les preguntó cómo estaban, pero luego nada, se cortó toda comunicación”, cuenta aún perplejo.
Envenenamiento prolongado
El enfermero jefe aportó a los jueces de la Audiencia de Huelva un análisis de su pelo que demostró que había ingerido metadona durante el verano de 2018, mucho antes de los tests realizados en noviembre, lo que reforzaba la tesis de que los episodios de envenenamiento se prolongaron durante meses. Tiene tres fechas localizadas porque sufrió secuelas, pero pueden haber sido más. Siempre sucedieron en mañanas y mediodías en las que la enfermera procesada estaba saliente de guardia y podía acceder sin testigos al armario donde se guardaba la metadona. “La prueba del pelo me dio la pauta de que yo tenía metadona en el cuerpo desde los meses anteriores que estaba relatando”, explica.
No hubo cámaras ni pruebas de las dosis exactas ingeridas, pero los indicios resultaron suficientes para que la Fiscalía acuse a la enfermera por siete delitos de lesiones y reclame que indemnice a sus víctimas con 61.840 euros. La acusación particular añade un delito contra la salud pública y eleva la petición a 34 años de cárcel. Dado que la investigación no pudo determinar las dosis exactas, fue imposible durante la instrucción dilucidar si la intención era causar lesiones o varios asesinatos frustrados.
¿Qué síntomas tuvo? “Mareos impresionantes, síndromes vertiginosos raros y vómitos, muchos días aturdido. En la segunda intoxicación estuve dos días perdido. Sé que me montaron en un coche, pero no sé cómo llegué al hospital y no sé lo que me pusieron o me dejaron de poner. Luego en casa estuve durmiéndome y despertándome, estaba totalmente perdido, no tengo conciencia de qué pasó durante esos dos días. Los médicos me hicieron estudios, pero ninguno de drogas”. Más tarde, la recuperación psicológica fue más lenta: “Todos hemos pasado por fases con dificultad para dormir, ansiedad y un poco de miedo de venir al trabajo. Una compañera diabética lo ha pasado peor”.
Envenenamiento coral
En la enfermería de la cárcel onubense conviven 13 enfermeros, cinco auxiliares y tres médicos. ¿El comportamiento de la enfermera procesada pudo hacer presagiar este desenlace? “Nunca. Tuvo roces con todos los compañeros porque le costaba acatar las normas y cuando me hice cargo de la supervisión de la enfermería, pues los roces se enfocaron más conmigo. Ella había ansiado el puesto y había optado… Si me dices que voy a ganar 1.000 euros más, se podría entender meterse en ese berenjenal tan grande, pero [el salario extra] llega a 20 euros al mes, más los problemas de organizar la plantilla”. La única persona que sospechó de la comida fue su esposa: “Me dijo ‘a ti te están echando algo en la comida’, y yo le contestaba ‘déjate de tonterías, si algún interno se entretuviera conmigo, me daría una puñalada o una hostia”.
Después del envenenamiento coral que afectó a los seis enfermeros, todos sospecharon de Martínez, pero hasta un mes después no fue detenida. En ese tiempo, nadie se separaba de sus botellas de agua y todos evitaban por cautela dejar sus tarteras en el frigorífico común de la enfermería. Ahora la cafetera es de cápsulas individuales.
Camacho transmite entereza y desde el principio ha pedido que actuara la justicia, aunque luego la pandemia retrasó sobremanera la investigación en el Juzgado de Instrucción 2 de Huelva. “No tengo pruebas de que nadie metiera las pastillas de metadona, pero hay un fiscal y un juez que lo han visto claro. No siento odio, sencillamente quiero que si una persona me intentó matar, que lo pague”, resume.
Preguntada al respecto, Instituciones Penitenciarias no aclara si Martínez ha estado trabajando en la cárcel de Sevilla, a la que pidió el traslado tras su baja médica. “Los superiores de Instituciones Penitenciarias que investigaron el caso me relataron que nunca habían visto un asunto así, de un envenenamiento entre compañeros, es algo insólito”, concluye el enfermero jefe. La sentencia de la Audiencia de Huelva se hará pública previsiblemente a lo largo de este mes.
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