La Fiscalía exige a Interior información “caso a caso” de las repatriaciones de menores en Ceuta

La operación sorpresa en Ceuta ha metido al Ministerio del Interior en un avispero. El Defensor del Pueblo, el Consejo de la Abogacía, importantes ONG y hasta sus socios de Unidas Podemos y la Fiscalía desconfían de que se estén respetando las garantías legales tras el acuerdo con Marruecos para repatriar a 700 menores que permanecían en la ciudad autónoma desde las llegadas masivas de mayo. El ministerio público ha abierto una investigación y exige a Interior información detallada “caso por caso”. Unidas Podemos ha trasladado su malestar a Fernando Grande-Marlaska y se desmarca de la operación. Las repatriaciones iniciadas de forma repentina el viernes, tras un acuerdo con Rabat que pone fin a semanas de máxima tensión diplomática entre ambos países, continuaron este sábado. Otro grupo de 15 menores fue conducido en autobús hasta el puesto fronterizo del Tarajal. Pero la voz se ha corrido entre los que aún continúan en Ceuta y varios ya han conseguido fugarse.

Al departamento de Fernando Grande-Marlaska siguieron lloviéndole palos este sábado —y cada vez de más envergadura— por una operación cuya legalidad cuestionan instituciones y colectivos sociales. La Fiscalía también dejó entrever su recelo ante la cobertura legal de la operación. Fuentes jurídicas recuerdan que la Ley de Extranjería establece un proceso garantista para la devolución de menores y obliga a dar voz a los afectados. El ministerio público se movilizó a través del fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Eduardo Esteban, y de la Fiscalía de Ceuta. Reclama a Interior la orden por la que se decretaron las repatriaciones y pide la información de cada uno de los casos individuales para comprobar que no se hayan “cometido arbitrariedades”, señalaron las mismas fuentes.

En el ministerio público ha causado malestar el modo en que ha sido informado de la repatriación masiva, ya que la ley obliga también a las autoridades policiales a recabar la opinión de la Fiscalía. Según las fuentes consultadas, Interior se lo comunicó “fuera de los cauces oficiales” y sin ofrecer detalles del alcance de la operación. La Fiscalía dice desconocer el número exacto de menores que ya han sido entregados a las autoridades marroquíes.

Para el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, y para el órgano de representación de los abogados españoles no hay duda de que la operación vulnera la legalidad. El Consejo General de la Abogacía emitió un comunicado para exigir que se suspendan las repatriaciones, al entender que se están haciendo sin garantías legales y que contravienen la doctrina del Tribunal Constitucional. “La Abogacía está preocupadísima porque se puedan estar repatriando a niños y niñas especialmente vulnerables y que no les hayan dado la información o facilitado la posibilidad de solicitar protección internacional”, denuncia. Hasta la asociación de pediatras de atención primaria emitió también una nota de protesta: “Cualquier repatriación colectiva de niños, niñas y adolescentes es ilegal”.

Frente a la indignación de colectivos sociales e instituciones, la oposición conservadora, en cambio, guarda silencio. Es más, el principal respaldo político para el Ministerio del Interior es el gobierno local de Ceuta, encabezado por el PP, que aplaude la decisión. Lo que más teme el Ejecutivo ceutí, que siempre ha alegado que no tenía medios para acoger tal cantidad de menores, es que la avalancha de críticas acabe truncando la operación. Es en la izquierda donde se le ha abierto el flanco a Interior y por ahí entraron también sus socios de Unidas Podemos, en un nuevo encontronazo entre las formaciones del Gobierno.

El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, envió una carta al de Interior en la que se desmarca por completo de la operación y da a entender que tampoco fue informado sobre ella. La carta, divulgada por El Confidencial, la firman el número dos del departamento, el secretario de Estado Nacho Álvarez, y la directora general de Infancia, Violeta Assiego. En el escrito, se hacen eco de las denuncias de organizaciones sociales sobre que “la operación parece estar realizándose sin la observancia estricta de la legislación española, de las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”. Otro secretario de Estado de ese departamento, el responsable de la Agenda 2030, también uno de los dirigentes más relevantes de Unidas Podemos, fue menos discreto y aireó sus críticas en las redes. Enrique Santiago, que es además secretario general del PCE, opinó en Twitter que la operación de Interior se está haciendo “sin seguridad jurídica y muy probablemente ignora el interés superior del menor”.

Las repatriaciones masivas han venido a confirmar un rebrote de la tensión interna en el Gobierno, que parecía haberse aliviado tras la salida del exvicepresidente Pablo Iglesias. Pero en pocas semanas se han sucedido varios choques públicos. Los últimos días ya habían deparado ásperas refriegas por la insistencia de Unidas Podemos en exigir medidas urgentes contra la subida de la factura de la luz y para reformar el mercado energético. La política inmigratoria abre ahora un nuevo frente.