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Los refugiados urbanos quedan fuera de la ayuda internacional

Los agentes humanitarios actúan al ralentí con los que no viven ni en países desarrollados ni en campamentos

El barrio keniano de Eastleigh, en Nairobi, alberga cada vez más refugiados de Eritrea, Etiopía y Yemen. Ver fotogalería
El barrio keniano de Eastleigh, en Nairobi, alberga cada vez más refugiados de Eritrea, Etiopía y Yemen.

En su taller de costura, escondido en un edificio comercial del centro de Kampala, capital de Uganda, Alice (nombre ficticio) pasea entre las filas de mesas iluminadas por luces de neón, repartiendo instrucciones a unos y comprobando el trabajo de otros. Una veintena de empleados, ugandeses y refugiados congoleños, están inclinados sobre sus máquinas de coser.

Desde la confección de uniformes escolares hasta los finos bordados para trajes a medida, los servicios de esta dinámica mujer de unos 40 años son muy apreciadas en toda la ciudad. Entre sus clientes, cada vez más ugandeses acostumbrados a llevar el estampado local como un simple taparrabo, se dejan seducir por los elaborados diseños procedentes de su Congo natal. "Son los congoleños los que han enseñado a los ugandeses a llevar el kitenge", afirma orgullosa.

Cuando llegó a Uganda en 2006, Alice se benefició de las políticas progresistas del país en materia de acogida de refugiados, que les autorizaban a abandonar las instalaciones rurales -el país no tiene campamentos propiamente dichos, sino grandes pueblos situados en zonas apartadas– y a trabajar igual que los ciudadanos de Uganda. De modo que decidió asentarse en la capital para montar su negocio con una inversión inicial de 300 dólares enviados por su familia.

Sin embargo, su negocio, antes floreciente, se ve ahora amenazado. Su máquina principal se ha averiado, y sin acceso al crédito, ya muy limitado para las empresas de Uganda y casi inexistente para los refugiados, Alice no puede financiar la reparación. Teme caer en la pobreza.

Lejos de las imágenes que dominan los medios de comunicación, que muestran a los refugiados hacinados a las puertas de Europa o amontonados en grandes campamentos, la gran mayoría de los 60 millones de refugiados o desplazados internos residen en países con ingresos bajos o medios, según informa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Gran parte se ha instalado en las ciudades, sin recibir ninguna ayuda de gobiernos o agencias humanitarias, poco presentes fuera de los campos. Ellos siguen marginados, confiando en los sistemas de ayuda mutua para satisfacer sus necesidades más básicas.

Uganda, en otro tiempo devastada por la guerra civil, se ha convertido hoy en tierra de acogida para cerca de 1,2 millones de refugiados y solicitantes de asilo procedentes de África Oriental y del Cuerno de África, sobre todo de Somalia, la República Democrática del Congo, Burundi y el vecino Sudán del Sur, cuya frontera, desde julio de 2016, han cruzado más de 800.000 personas, según datos de Acnur.

"Cuando mi jefe se dio cuenta de que era un refugiado, dejó de pagarme", dice Joyeux

Sin embargo, la política de acogida de refugiados, sin duda generosa sobre el papel, se enfrenta a muchos obstáculos sobre el terreno. Con un índice de desempleo del 58%, el mercado de trabajo ya está saturado, y los permisos son mucho más difíciles de conseguir de lo que parece, según asegura Joyeux, un congoleño instalado en Kampala desde 2011. A esto se añade la discriminación que dicen sufrir los refugiados por parte de los empleadores. "Cuando mi jefe se dio cuenta de que era un refugiado, dejó de pagarme", recuerda con amargura Joyeux. "A los refugiados se los considera incapaces", añade.

La gran mayoría de los refugiados de Kampala no recibe ninguna ayuda de las agencias humanitarias, cuyas actividades se concentran en los pueblos. A menudo afectados por heridas físicas o psicológicas, chocando a veces con la barrera del idioma, y teniendo que hacer gala de las cualificaciones adquiridas en el extranjero, deben confiar en unos servicios públicos deficientes para abordar los problemas relacionados con la salud, la educación o la vivienda. "Los médicos hablan inglés y luganda. La comunicación es un gran problema para los tratamientos", se lamenta Boulongo Douglas, también congoleño.

Acnur no adoptó hasta 2009 una política sobre los refugiados que vivían en zonas urbanas, reconociendo su obligación de protegerlos y formar nuevas asociaciones con actores locales, como los municipios y las organizaciones comunitarias.

"Pero la implementación de estos programas es muy lenta. Porque a ACNUR le cuesta trabajo reconsiderar su papel en las zonas urbanas", explica Loren Landau, profesor de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo y especialista en migraciones forzadas. “No se trata de proporcionar servicios directos, sino de encontrar maneras de promover la integración urbana en los mercados del trabajo, los mercados de vivienda y los servicios públicos", puntualiza. "Se requieren unos conocimientos diferentes, una defensa política, la comprensión de los mercados locales. Son unos conocimientos que ACNUR no tiene”, añade Landau.

De manera que aún no se ha puesto en marcha ningún acuerdo con el Ayuntamiento de Kampala, aunque este sigue siendo el órgano de gobierno más cercano a los refugiados, encargado del acceso a servicios como la educación, el transporte o la sanidad. Sin embargo, se empieza a apreciar un lento cambio de mentalidad en las agencias humanitarias. La crisis de los refugiados sirios, la mayoría de los cuales se han instalado en zonas urbanas de Turquía, Líbano y Jordania, ha obligado a las ONG a establecerse en las ciudades e iniciar un diálogo con las autoridades locales.

"Las administraciones municipales están más dispuestas a actuar que los gobiernos nacionales", dice un trabajador de IRC

Es el caso del Comité Internacional de Rescate (IRC), una organización británica que ayuda, entre otros, a los sirios refugiados en esos tres países. "Las organizaciones humanitarias a menudo perciben a los gobiernos locales como socios ilegítimos o no viables. Y aunque a veces se da el caso, de todas formas hay que intentar saber si es verdad o no”, explica Samer Saliba, que trabaja en los programas del IRC como urbanista. “Según mi experiencia, las administraciones municipales están más dispuestas a actuar que los gobiernos nacionales”, considera Saliba.

El IRC favorece ahora el diálogo con las autoridades locales para promover la integración en cuestiones relacionadas con los refugiados en las políticas urbanas. Al presentar la asistencia a los refugiados como un mecanismo de gestión de riesgos, la ONG ha podido convencer al ayuntamiento de Amman para que incorpore algunas de las recomendaciones en su estrategia de adaptación.

Eastleigh, pulmón económico de Nairobi

En un pequeño restaurante escondido en el corazón del barrio keniano de Eastleigh, en Nairobi, Ayesha (nombre ficticio), la cocinera, se toma un descanso después del almuerzo para contar su historia. Originaria de Etiopía, país fronterizo con Kenia, perdió el rastro de sus progenitores cuando su padre fue detenido por el régimen del entonces presidente Girma Wolde-Giyorgis, y su madre fue en su búsqueda.

Al quedarse sola, cayó en manos de un policía que la secuestró. "Sacó su arma y me dijo, 'O te casas conmigo, o te mato", recuerda. Robó un fajo de billetes a su captor y huyó a Nairobi, la capital de Kenia. De eso hace seis años. Ella tenía 17.

Ayesha aterrizó en el barrio de Eastleigh, un hervidero de vida y comercios situado a pocos kilómetros al oeste del centro, conocido como Pequeña Mogadiscio debido al gran número de refugiados y emigrantes somalíes que residen allí. Acabó consiguiendo un trabajo de cocinera por recomendación de un conocido.

Eastleigh, un entorno poco apreciado, evoca entre los kenianos el miedo al grupo terrorista Al-Shabaab, conocido por reclutar a los jóvenes desocupados de la zona y del islam radical. Pocos parecen darse cuenta de que estas limitadas calles son un centro de comercio interregional. La presencia de Somalia, ya bien establecida en el barrio en la segunda mitad del siglo XX debido a los vínculos comerciales existentes entre los dos países, se intensificó a partir de la década de los ochenta y del estallido de un largo conflicto interno que todavía hoy desgarra al país.

Alimentado por las inversiones de la diáspora enviadas a través del hawala, el sistema de transferencia de dinero tradicional, el comercio somalí explota de ganancias, junto con el de los kikuyu, la principal tribu de Kenia, y el de los merus, que dominan el comercio de khat, una planta psicotrópica vendida en toda la región y muy valorada en Eastleigh. Los centros comerciales se multiplican, y el mercado inmobiliario crece, provocando una subida de los alquileres que empuja a los residentes más pobres a la periferia del barrio.

Gracias a sus redes internacionales, los empresarios somalíes traen sus mercancías como ropa, electrónica, alimentos no perecederos... de Asia y Oriente Próximo, y los revenden a precios de saldo a los compradores llegados del este de África.

Tiendas, almacenes, restaurantes y hoteles están ahora llenos de trabajadores inmigrantes. Porque al igual que Ayesha, miles de refugiados somalíes, pero también etíopes, eritreos o ruandeses, se han instalado en Eastleigh para evitar las difíciles condiciones de vida de los gigantescos campamentos de Dadaab y Kakuma, situados en zonas áridas y apartadas de Kenia.

Omar Ahmed Nooh, secretario de la asociación de comerciantes de Eastleigh, cree que el barrio genera cada año unos 28 millones de euros en impuestos, aunque el Gobierno nunca ha difundido las cifras oficiales. Los beneficios totales de la actividad del barrio para la economía local, gran parte de la cual se lleva a cabo en el mercado negro, son incalculables.

El refugiado millonario del campamento de Kakuma

A unos 600 kilómetros de Nairobi, al noroeste de Kenia, Mesfin Getahun está ocupado respondiendo a las preguntas de sus clientes y empleados entre sacos de grano, cajas llenas de botes de champú y pilas de colchones. Este exsoldado reconvertido en empresario por necesidad, que llegó al campamento de refugiados de Kakuma en 2001, ha conseguido ganarse un lugar en la cima de la economía del campamento, hasta el punto de que ya le apodan el millonario.

El campamento de Kakuma está lleno de restaurantes, bares y tiendas de todo tipo

El campamento de Kakuma, establecido en 1992 en esta zona remota y árida de Kenia, alberga hoy a cerca de 200.000 refugiados, procedentes principalmente de Somalia, la República Democrática del Congo, Etiopía, Burundi y Sudán del Sur, que llegaron huyendo de los conflictos y los desastres naturales de sus países de origen. Aquí viven a expensas de la ayuda internacional en una situación provisional indefinida, divididos entre la esperanza de volver a casa algún día y el sueño de ser seleccionados por una embajada extranjera que los recoloque en un país rico.

Pero las escasas raciones de comida y productos de primera necesidad proporcionadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) nunca han satisfecho todas las necesidades. De modo que los refugiados más ricos –que a menudo tenían ya negocios en sus países de origen y disponen de redes de importadores establecidos y capitales de partida- han respondido a la solicitud sin demora.

Hoy Kakuma está lleno de restaurantes, bares y tiendas de todo tipo. Un congoleño tiene un estudio de fotografía que utiliza energía solar. Y un sudanés del sur que tiene un grupo electrógeno ofrece sus servicios de recarga telefónica al minuto. En la parte superior de la pirámide comercial se encuentran los mayoristas, que importan mercancías a granel de Kenia o del extranjero para revenderla a los minoristas. Estos son a menudo somalíes, reconocidos por sus dotes comerciales, y algunos de ellos disponen de enormes redes de abastecimiento en todo el este de África.

Mesfin no tenía ni redes ni experiencia cuando se lanzó a los negocios con los ahorros que había reunido durante sus años de trabajo en un café y luego como panadero en el campamento. Empezó como minorista y ahora ha construido su propia red de compradores actuando como inversor y mentor de otros empresarios, hasta alcanzar el rango de mayorista. "Aquí la mayoría de los comerciantes solo vendían ropa usada. Yo era el único que vendía otros productos", recuerda. Dice que actualmente gana 10.000 dólares (9.200 euros) al mes.

"Creo que he sido bendecido por Dios", se apresura a decir el empresario para justificar su olfato innato para lo negocios. Da limosna a las iglesias y a las mezquitas, financia la educación privada de algunos huérfanos y distribuye alimentos entre los más pobres, sin hacer distinciones entre las diferentes nacionalidades y etnias del campamento, ni entre los refugiados y los miembros de la comunidad de los Turkana, que viven cerca. Porque estos nunca están muy lejos, vendiendo sus propios productos en el campamento o aprovechando los bajos precios garantizados por los comerciantes refugiados. A fin de cuentas, la actividad económica de Kakuma es un asunto de todos.

Este reportaje ha sido financiado por el Centro Europeo de Periodismo a través de su programa de becas para la innovación en la información sobre el desarrollo.


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