La promesa incumplible (e ilegal) de Marine Le Pen
La candidata de extrema derecha dice que expulsará a los extranjeros investigados por radicalización
Que en las campañas electorales se prometen montones de cosas que luego se incumplen, se cumplen solo a medias, se matizan u olvidan no es nada nuevo. Más raras son las ocasiones en las que, ya desde el primer momento, se sabe que un candidato o candidata está diciendo algo que sencillamente es imposible de realizar. Porque es ilegal. Es el caso de la candidata presidencial francesa Marine Le Pen y su promesa de que expulsará del país a los extranjeros que estén vigilados por una posible radicalización.
“Todo extranjero que tenga un vínculo con el fundamentalismo islámico tiene que ser expulsado. ¡Fuera!”, ha insistido estos días la candidata del partido de extrema derecha Frente Nacional. Le Pen ha hecho de la lucha contra el terrorismo —que a menudo vincula con el islam— uno de sus principales fundamentos de campaña. Como parte de su programa antiterrorista, dice que expulsará a todo extranjero que tenga una “ficha S”.
“Todo extranjero que tenga un vínculo con el fundamentalismo islámico tiene que ser expulsado. ¡Fuera!”
Esta es una clasificación específica dentro del amplio “fichero de personas investigadas” (FPR, por sus siglas en francés) del Ministerio del Interior. Bajo la “ficha S” hay personas “objeto de una investigación para prevenir amenazas graves a la seguridad pública o la seguridad del Estado”, por lo que “se han recopilado informaciones o indicios reales” sobre su persona. Son datos como el estado civil de la persona investigada, su descripción, una fotografía, los motivos por los que es investigada o la forma en que se debe actuar en caso de que un agente se tope con ese individuo. Pero, subraya Interior, “no conlleva ninguna acción automática de coerción” en ese caso.
Y ahí está la clave y, para Le Pen, el problema con sus planes de “expulsar” a los extranjeros incluidos en este archivo: que se trata de personas que sospechosas de tener lazos terroristas, amenazar de alguna manera la seguridad del Estado o tener complicidad con algún individuo implicado, pero que no han cometido aún ningún crimen.
Es decir, la “ficha S” tiene meramente una “función de alerta”. Hay gente bajo “ficha S” solo por haber tenido algún tipo de contacto con un radical o un sospechoso de terrorismo. Y los fichados no son solamente islamistas radicalizados, como insinúa Le Pen. También hay “militantes violentos vinculados a la extrema derecha o la extrema izquierda y hooligans”, según dijo a finales de 2015 el entonces primer ministro, Manuel Valls, y recordaba recientemente el diario Libération.
Interior dice claramente que es “falso” que tener una “ficha S” sea una prueba de culpabilidad, como insinúa la candidata ultraderechista. “En ningún caso”, subraya. Se trata de un instrumento más, entre otros a disposición de la policía, para “recopilar información sobre la persona”.
En caso de que esos datos hagan sospechar de que se podría haber cometido un delito, pueden servir —y se subraya el “pueden”— para que el fiscal decida abrir una investigación preliminar que acabe en una investigación judicial, algo que tendrá que decidir un magistrado.
Es decir, lo de expulsar automáticamente a los extranjeros con “ficha S” es una promesa inviable a menos que Le Pen pretenda instaurar un régimen como el que retrataba el film de Tom Cruise Minority Report. Y a estas alturas, todos sabemos cómo acaba esa película.
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