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El secreto de Trump para deportar

EE UU podrá expulsar a indocumentados cuya única falta ha sido trabajar sin permiso

Carteles contra Trump durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México).
Carteles contra Trump durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México). EFE

Durante la campaña presidencial, Trump prometió deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Cuando ganó moderó un poco el discurso, diciendo que deportaría a los criminales. Como presidente ha seguido repitiendo lo mismo, asegurando que las autoridades están expulsando solo a los badhombres que amenazan la seguridad del país.

Pero Trump miente. Una de sus primeras acciones cuando asumió el poder fue expandir la lista de prioridades para la deportación para incorporar a millones de personas que antes no eran consideradas peligrosas. También despojó a muchos indocumentados de su derecho al debido proceso para agilizar las deportaciones. Trump, pues, está atacando con su política migratoria dos cualidades que muchos admiran de EE UU: su apertura a los inmigrantes y su respeto al Estado de derecho.

Hasta cierto punto, un ataque es el resultado del otro. Hace tres años Obama estableció que las prioridades para la deportación serían los criminales, las amenazas a la seguridad nacional y las personas que han entrado ilegalmente a partir de 2014. Apenas asumió el mando, Trump acabó con esta política. Ahora las prioridades no solo son los indocumentados condenados por un delito, también los que han cometidos actos que califican como potenciales delitos por los cuales pueden ser condenados. Los que han cometido fraude o tergiversación deliberada sobre asuntos oficiales también son un blanco. Tan amplio es el nuevo criterio que abarca a indocumentados cuya única falta ha sido trabajar sin permiso o cruzar ilegalmente la frontera. Es decir: a casi todos.

Es verdad que Obama deportó a más inmigrantes que todos sus predecesores, incluyendo a muchos que no habían cometido delitos o que habían cometido delitos menores. Pero Trump quiere deportar a muchísimos más. A diferencia de Obama, no está haciendo nada para que las autoridades migratorias se enfoquen en la gente realmente peligrosa.

Ahora bien, una cosa es querer hacer algo y otra cosa es poder hacerlo. ¿Puede Trump aumentar masivamente las deportaciones? Hay razones para dudarlo. En primer lugar, necesita más agentes migratorios y centros de detención. Incluso si consigue los recursos, los procedimientos burocráticos pueden ser engorrosos. Contratar a un agente fronterizo, por ejemplo, conlleva normalmente más de nueve meses.

Trump enfrenta además otro problema. Las cortes de inmigración, que deben aprobar muchas de las deportaciones, están agobiadas. Tienen ahora más de medio millón de casos acumulados con esperas que pueden extenderse hasta cinco años. La nueva política migratoria podría colapsar el sistema.

Lo bueno es EE UU tiene un sistema judicial independiente que ya ha dado muestras de su capacidad para frenar a Trump

Hasta ahora Trump no ha especificado cómo va a confrontar cada reto. Pero sí anunció que lidiará con la sobrecarga en las cortes incrementando las deportaciones expeditas. Bajo este tipo de deportación, una autoridad puede expulsar a un indocumentado inmediatamente después de detenerlo, sin presentar el caso ante un juez. Hasta hace poco, las deportaciones expeditas eran utilizadas cuando se capturaba a un indocumentado a menos de 160 kilómetros de la frontera —y sólo si el capturado llevaba menos de 14 días en EE UU—. Trump decidió ampliar el plazo a dos años y eliminar el requisito de distancia: ahora estas expulsiones pueden llevarse a cabo en todo el país.

Las deportaciones expeditas se convirtieron entonces en un vulgar eufemismo: un término elegante para referirse a la cruel manera como se está despojando a millones de indocumentados de su derecho al debido proceso para eludir el embotellamiento en las cortes y aumentar las deportaciones.

Lo peor es que estas medidas afectarán sobre todo a una población extremamente vulnerable: las decenas de miles de centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras que llegan a la frontera cada año solicitando asilo. Muchos de estos migrantes son mujeres y niños que huyen de sus países para escapar la brutal violencia de las pandillas y la pobreza extrema. Esta crisis es tan grave que más de 200.000 menores no acompañados han sido capturados en la frontera desde 2013.

Durante el Gobierno de Obama muchos migrantes centroamericanos fueron injustamente deportados porque no contaban con asesoría legal y porque la burocracia estadounidense no tiene la capacidad ni la voluntad para distinguir entre los migrantes comunes y las personas que bajo la ley tienen derecho a obtener asilo. Un aumento de las deportaciones expeditas no solucionará sino agravará este problema.

Lo bueno es que EE UU no es una república bananera y cuenta con un sistema judicial independiente que ya ha dado muestras de su capacidad para frenar a Trump. La expansión de las deportaciones expeditas será seguramente desafiada en las cortes como el veto a los países musulmanes.

Pero mientras tanto, los medios y la sociedad civil también deben hacer su parte y denunciar los abusos que se están cometiendo contra inmigrantes que no representan amenaza alguna contra la sociedad estadounidense.

 Alejandro Tarre es escritor y periodista.

Twitter: @alejandrotarre

 

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