Buscar el consenso

Si las renovaciones de miembros del Tribunal Constitucional han sido complicadas en muchas ocasiones, la que se plantea ahora de cuatro magistrados y nombramiento de un nuevo presidente es de las que exigen altura de miras. Además de otros importantes temas pendientes de solución, este órgano no puede convertirse en parte del problema planteado por las autoridades separatistas de Cataluña. Y en nada ayudaría a ese objetivo el nombramiento de Andrés Ollero como nuevo presidente del Constitucional, que, de adoptarse, sería una muy mala decisión.

Nadie discute la trayectoria académica de Ollero ni se le cuestiona ahora por sus conocidas convicciones religiosas. El problema es que ha sido un hombre de acusado perfil partidista, al haber actuado durante cinco legislaturas como diputado del Partido Popular. Diecisiete años de actividad partidista le alejan de la imagen de jurista que no solo debe ser equilibrado e imparcial, sino parecerlo. Manifiestamente, Ollero no es la persona adecuada para ello.

La renovación se produce en un momento en que el Constitucional ha superado la frustrante división anterior respecto a la cuestión catalana. Venía de un periodo en el que la sentencia de 2010, contraria a varios aspectos del Estatuto de Cataluña, acentuó sus perfiles polémicos. Sin embargo, bajo la presidencia de Francisco Pérez de los Cobos adoptó una línea respecto a los conflictos planteados por las autoridades catalanas que le han llevado a tomar por unanimidad todas las decisiones relativas a ese proceso. Y además hiló fino al esbozar una vía de salida en 2014. En su haber queda que, sin reconocer otra soberanía que la del pueblo español en su conjunto, descarta que la Constitución sea un muro infranqueable y considera el “derecho a decidir” como una aspiración política a la que puede llegarse, siempre que sea mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional.

Después ha tomado decisiones que anulan las del Parlamento de Cataluña para desconectarse de la legalidad del Estado y crearse otra a medida, con la que pretenden cubrirse los independentistas, buscando el enfrentamiento de la legitimidad de la Cámara catalana con la de las instancias representativas del conjunto de los españoles. Es evidente que el tribunal tenía que reaccionar contra el desafío a la legalidad y así lo ha hecho, bajo criterios de prudencia y firmeza que refuerzan la solidez de sus actuaciones.

Es cierto que hay un problema de fondo en la designación de magistrados constitucionales. Los partidos políticos, y en particular el PP y el PSOE, han negociado de facto los nombres de los nuevos magistrados —que formalmente han de ser elegidos por el Senado—, lo cual siempre conlleva el peligro de convertir al alto tribunal en una tercera cámara parlamentaria. Pero eso necesita otro debate. Ahora la cuestión es designar un nuevo presidente y en este punto tiene razón el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha dicho en el Congreso que no le parece buena idea elegir a un exdiputado como cabeza de la jurisdicción constitucional. Todas las evidencias conducen a descartar a Andrés Ollero como candidato idóneo y sería razonable que los miembros del tribunal lo tengan muy en cuenta al decidir sobre la nueva presidencia.