Fracaso de la política

El juicio oral al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a dos de sus consejeras por la irregular organización de la consulta secesionista del 9-N de 2014 se inició ayer sin más peculiaridad exterior que la habitual manifestación. Nutrida, aunque menos que en otras ocasiones. Y anómalamente patrocinada por el poder autonómico, entre cuyas funciones no figura la de presionar contra la independencia del poder judicial.

En el interior, la incomodidad de los jueces por el acoso oficial y por la tardanza de los acusados, que se entretuvieron en el ritual baño de masas, se hizo visible. Sobre todo cuando el presidente —que lo es también del máximo tribunal catalán, el TSJC— tuvo que recordar a Mas que sobraban las arengas porque asistía en calidad de acusado y no de expresident.

Más allá de estas asperezas, lo más superfluo entre la parafernalia generada por el evento fueron casi todas las declaraciones, de niveles manifiestamente mejorables. Este juicio no es “una muestra más” de que “funciona el Estado de derecho”, como adujo un miembro del Gobierno: no sucede cada día que antiguos altos cargos del Estado (lo es el titular de un Gobierno autónomo, también como representante ordinario del Estado en su comunidad) sean enjuiciados.

Tampoco fue una demostración de la presunta inquina del Estado “contra Cataluña”, como reiteraban distintos líderes independentistas. Ni a Mas se le juzga por “poner las urnas”, de lo que él mismo se ufana orgullosamente sin razón, sino por haber dirigido su colocación en clara desobediencia (el TSJC dirimirá si solo material o también constitutiva de delito) a una providencia del Tribunal Constitucional.

Así que ni asistimos a un juicio de entidad menor ni a un atentado contra Cataluña. Asistimos a un acto judicial cuya celebración plasma e ilustra el fracaso de la política y de los políticos involucrados. De todos ellos, sobre todo de los dirigentes de los dos Gobiernos, central y autónomo. Si el de Mariano Rajoy hubiera tratado de encauzar la protesta que se le presentó, en vez de rehuirla y dirigirla hacia el poder judicial, y si Artur Mas hubiese cumplido dignamente con sus obligaciones legales y políticas de president, no asistiríamos a este proceso. Simplemente, no se hubiese desencadenado.

Resulta comprensible que a un reo corriente se le caliente la boca. Pero lo es menos (y además suele perjudicar en la vida), la frecuencia con que le ocurre a Mas. Alega que el juicio es “un montaje” y dictamina que carece de “base legal”: ¿sostendrá lo mismo si es absuelto? ¿O dirá que tenía tanta razón que hasta un tribunal hostil tuvo que reconocérsela? Los líderes democráticos ponderados prodigan el respeto a las instituciones en toda circunstancia: tanto si creen que les serán favorables como si temen que les resulten adversas. Entre otros motivos, para evitar el ridículo.

En sectarismo parecido incurrió algún consejero actual de la Generalitat instando a sus funcionarios a pedir permisos (días propios) para asistir a la manifestación: esa manera indirecta pero perversa de pasar lista, amenazar a los desafectos y conculcar la neutralidad de la Administración. Un poco más de madurez, por favor.