Hoy, y siempre, tolerancia cero con la mutilación genital femenina

Hoy se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica que, según datos de UNICEF, han sufrido al menos 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, dándose mayoritariamente entre la población femenina menor de cinco años. Con relación a la Unión Europea (UE), más de 500.000 mujeres y niñas han padecido este tipo de mutilación, y en España, según los estudios más recientes, 17.000 personas podrían correr riesgo de sufrirla.

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de estos órganos por motivos no médicos. Esta práctica está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la MGF refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos del niño. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte”.

Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, manifiesta que “la MGF tiene un impacto a corto, medio y largo plazo sobre la vida de las niñas. A corto plazo, la MGF provoca fuertes dolores y sangrado, que puede derivar en episodios de anemia. Además, la MGF puede provocar infecciones graves, septicemia y tétano. Se vincula, además, con problemas de retención de orina, especialmente cuando se cose la uretra y con cualquier otro riesgo inmediato asociado a problemas de cicatrización. A largo plazo, la MGF puede tener efectos durante el embarazo y el parto, poniendo en riesgo la salud de las madres y sus bebés”. Además, Olaguibel señala que “los efectos derivados de la MGF no son solo físicos, sino que también afectan al desarrollo social y emocional de las niñas y mujeres. Para muchas niñas, la MGF es un acto que deja una marca psicológica duradera. La experiencia se relaciona con desordenes psicosomáticos y psicológicos, como alteraciones del sueño, en los hábitos alimenticios, ataques de pánico, pesadillas, ansiedad y dificultad para relacionarse. Además, los efectos físicos y psicológicos pueden tener un impacto sobre la vida sexual futura; provocando dolores durante su práctica y el consiguiente rechazo a mantener relaciones”.

España, en consonancia con las orientaciones internacionales en esta materia, ha promovido a lo largo de los últimos años distintas reformas legislativas orientadas a promover la sanción y la persecución de la MGF, desde la consideración de que el respeto a las tradiciones culturales debe tener como límite infranqueable el respeto a los derechos humanos, por lo que prácticas como esta no pueden, en ningún caso, contar con amparo o legitimación por tales motivos.

En el Código Penal español, la mutilación genital, en cualquiera de sus formas, está considerada como un delito de lesiones y como tal se encuentra tipificada en el artículo 149.2. Además, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia incluye, dentro de los principios rectores de la actuación administrativa, la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la mutilación genital femenina. Los poderes públicos tienen, de acuerdo con dicha Ley, el mandato expreso de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren la coordinación entre las administraciones públicas competentes.

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, el 14 de enero de 2015, el “Protocolo común de actuación sanitaria ante la MGF en el Sistema Nacional de Salud”, un instrumento que pretende ser una herramienta útil al servicio de profesionales y orientado a la mejora de la salud de las mujeres y las niñas que han sufrido esta práctica, y para prevenir la mutilación genital femenina en niñas y jóvenes que corren el riesgo de sufrirla.

En España no existen pruebas fehacientes de que se hayan practicado mutilaciones, salvo las que vieron la luz en Cataluña, en 1993, y en Palma de Mallorca, en 1996. Almudena Olaguibel señala que la presión para practicar la MGF se da sobre los retornados. De esta manera, Olaguibel indica que “la familia que se queda en el país de origen suele ejercer una fuerte presión social sobre los emigrados, que llega a su punto álgido en el momento en que estos vuelven a casa, ya sea de manera definitiva o en periodo vacacional. Este regreso puede suponer un momento de riesgo real para las niñas”.

Los motivos por los que se practica la mutilación genital femenina difieren de una región a otra, aunque siempre responden a una mezcla de factores socioculturales. Entre estos, la convención (norma) social; el considerar que parte de la crianza de la niña y una forma de prepararla para la vida adulta y el matrimonio; y también responder a la concepción de lo que se considera una conducta sexual aceptable y tiene por objetivo asegurar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de él.

La Fundación Kirira que, desde hace años trabaja en Kenia para erradicar cualquiera de las prácticas relacionadas con la MGF, asegura que en los últimos diez años ha conseguido reducir las tasas de mutilación del 100% a un 2% en aquellas zonas en las que lleva a cabo proyectos.

Estrella Giménez Buiza, presidenta de la Fundación Kirira, declara que “esto se ha logrado apostando por la educación como el arma más eficaz para luchar contra esta terrible práctica”, e inciden en que “somos conscientes de que se trata de cambiar una tradición profundamente arraigada, por lo que hay que hacerlo desde la base, y la base es la educación”. Por ello, Giménez asegura que “el hecho de dar visibilidad a esta práctica favorece su erradicación, puesto que las niñas ya saben a lo que van a someterse (no hay que olvidar que este tema es un tabú del que no se habla en la comunidad) y se niegan a ser mutiladas”.

¿Cuáles son las principales dificultades que impiden que las familias dejen de realizar esta práctica? En opinión de Olaguibel, “la principal dificultad para erradicar esta práctica es el estigma social vinculado a la no participación de la práctica. En muchas ocasiones, los grupos que realizan la MGF se ven sometidos a lo que se conoce como la paradoja de la convención social: una práctica que padres, madres o miembros de la comunidad perpetúan aunque saben que es perjudicial para sus hijas, considerándolo un daño inferior al que sufrirían en caso de no continuar con ello”. Una circunstancia que, según Olaguibel, puede erradicarse “desarrollando diálogos y discusiones entre los miembros de la comunidad, con el objetivo de revertir la norma social y provocar un cambio colectivo, en el que la “nueva” norma social sea la de no someter a las niñas a MGF, propiciando que la presión del grupo recaiga en aquellos que sí la perpetúan”.

Con motivo de esta celebración, el pasado viernes, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso María Dastis, aprobaron una declaración institucional en la que se ponía de manifiesto el firme compromiso y determinación del Gobierno de España de contribuir a eliminar la mutilación genital femenina y apoyar a quienes la sufren, en España y en el mundo.