Un pasaporte empresarial europeo con limitaciones

En tiempos de Brexit y desapego europeo, la Unión Europea busca recuperar sus orígenes. Los líderes comunitarios constatan que el mercado único, una de las grandes banderas de Europa, no es tan único cuando se observan, por ejemplo, las trabas que encuentra un autónomo o una pequeña empresa para prestar servicios en otro país. Bruselas espera allanarles el terreno con una tarjeta electrónica que sirva como carta de presentación del emprendedor ante el Estado en el que proyecta instalarse.

Pese a los impulsos proteccionistas que laten cada vez con más fuerza, la Comisión Europea quiere facilitar que los negocios de construcción y de servicios como la arquitectura, la ingeniería y la consultoría puedan mudarse sin problemas de un país a otro o abrir una segunda sede. El papeleo necesario para obtener todos los certificados válidos —incluidas las traducciones— cuesta ahora unos 10.000 euros, según los cálculos comunitarios. La tarjeta electrónica persigue reducir esos costes a la mitad.

La clave reside en aligerar la carga del empresario en detrimento de las autoridades nacionales, que asumirán parte de la responsabilidad en los trámites. Quien desee iniciar una actividad en otro país podrá dirigirse a su Estado, en su idioma, y este se pondrá en contacto con el país europeo de destino para lograr los permisos.

Como casi todo en la UE, el alcance es limitado: la tarjeta solo sirve para un país y una actividad concreta. Además, esta especie de pasaporte electrónico para empresas excluye las llamadas profesiones reguladas, como abogados, notarios o médicos. La Comisión Europea lleva años pidiendo a los Estados que reduzcan los requisitos que aplican al ejercicio de estas labores, pero no puede hacer mucho más que “invitar a los Estados miembros”, como ha hecho estos días, a evaluar si esos peajes de entrada —por ejemplo, el deber de colegiarse— se ajustan a los objetivos que persiguen. La mayoría de los países se muestran poco receptivos.