Las rentas más altas se declaran en fuga

Pocas afirmaciones son tan aproximadamente ciertas como esta: la calidad democrática de un país empieza por su estructura fiscal. Incluso puede afinarse un poco más: la calidad democrática de un país se mide por la capacidad redistributiva de sus impuestos directos. Si aplicamos estos principios sencillos en la fiscalidad española, enseguida apreciamos que algo falla. Veamos primero el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el más importante y progresivo, para observar cómo se reparte la carga tributaria en España y apreciar su equidad. Con estadísticas de la Agencia Tributaria del año 2014, resulta que en ese año fiscal sólo 5.394 personas declararon rentas superiores a 601.000 euros anuales. Habría que redondear al alza el porcentaje para que alcanzase el 0,01% del total de declarantes.

¿Podemos creer sin más que en España sólo 5.394 personas ganan más de 600.000 euros al año? Vayamos un poco más lejos. En 2007 había en España 10.580 personas que ganaban más de 601.000 euros. Obsérvese que en siete ejercicios fiscales se han perdido más de 5.000 declarantes en el tramo más alto. Una de dos, o la crisis ha castigado salvajemente a los ingresos más elevados o la gestión de la Agencia Tributaria deja mucho que desear si permite una fuga tan notable en la crema del IRPF. La primera opción es una broma; la segunda, una tragedia. Conclusión: el IRPF es fácil de burlar en los tramos de rentas altas. Por ejemplo, en 2007 aparecían 96.477 declarantes con ingresos entre 150.000 y 601.000 euros; en 2014 sólo aparecen 63.122. Los estratos más altos de renta simplemente se han esfumado; han dejado de contribuir proporcionalmente al esfuerzo fiscal del país. Si tributan, lo hacen eludiendo la imposición progresiva del IRPF. Y éste es un problema de gestión política. Concretamente, de mala gestión.

Las estadísticas fiscales también desmienten el mito de la recuperación económica. Los ingresos públicos todavía no han alcanzado las cantidades registradas al inicio de la crisis. Las cuentas producen algo de vértigo. En 2007 la Agencia Tributaria recaudó 200.676 millones en total (IRPF, sociedades, IVA y especiales); bien, pues en 2015 la recaudación fue de 182.009 millones. Algunos hundimientos son estrepitosos, como el de sociedades (de 44.823 millones recaudados en 2007 se ha desplomado hasta los 20.649 millones en 2015). Este es el diagnóstico general de los ingresos públicos. No permite demasiadas complacencias. ¿Explicará el ministro algo de esto en el Congreso?

La Hacienda pública ha perdido montañas de dinero durante la crisis y todavía no se ha recuperado. Si se suman las caídas anuales de recaudación entre 2008 y 2015, la pérdida acumulada suma 272.000 millones. Así que las preguntas son obligadas: con una estructura de declaración en la que las rentas más altas están en fuga y con una recaudación tan dañada, ¿es factible sostener el funcionamiento de un Estado que garantice un mínimo de protección social a sus ciudadanos? ¿O son imperativamente necesarias una reforma fiscal y una ofensiva total contra el fraude?