Frágil esperanza en Caracas

A pesar de su esperanzador arranque a principios de este mes, el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana debe cristalizar en cuanto sea posible en soluciones viables y concretas al complicadísimo bloqueo institucional que desde hace casi un año sufre Venezuela, agravado por la penuria material con la que es castigada la población.

Desgraciadamente, la situación se ha degradado tanto durante el último año que las meras declaraciones de buenas intenciones no son suficientes. Durante demasiado tiempo Nicolás Maduro se ha negado no solo a entablar cualquier tipo de diálogo con una oposición a la que ha descalificado sistemáticamente, sino que ha llevado la crisis a un peligrosísimo extremo al no reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, al torpedear la convocatoria legal de un referéndum revocatorio contra su persona y al mantener injustificadamente en la cárcel o sin permiso para salir del país a dirigentes opositores.

En este contexto no supone ninguna ayuda que el Tribunal Supremo Venezolano —controlado por el chavismo— haya prohibido a la Asamblea Nacional la apertura de un juicio político contra el presidente. Maduro debe entender que el tiempo del doble discurso ha pasado y que no se puede estar sentado a la mesa hablando de buena voluntad y al mismo tiempo utilizando al poder judicial con la misma estrategia de confrontación civil que ha caracterizado toda su gestión.

Hay que desear que el diálogo —auspiciado por el Vaticano y Unasur— sobreviva, pero al mismo tiempo es perfectamente lógico exigirle avances concretos, relevantes y en un plazo razonable. El proceso no puede convertirse en otra excusa utilizada por el chavismo para retrasar indefinidamente un acuerdo con la oposición que permita que Venezuela vuelva a la democracia.