Cuando falla el sistema para proteger a la mujer

Olga solo tenía una idea en la cabeza cuando dejó atrás a su familia, a sus dos hijos y a su Rusia natal: prosperar económicamente. En 2007 desembarcó en España y comenzó a trabajar sin contrato como empleada doméstica. En 2010 dio el salto a la hostelería. Y poco después se marchó hasta Galicia para cuidar a un señor mayor en la provincia de Ourense. Pero, entonces, llegó la tragedia. "Una noche, en marzo de 2013, fue asaltada por dos encapuchados que, pistola en mano, la trasladaron a un monte cercano. La golpearon, amenazaron y agredieron sexualmente", según recoge el informe Deficiencias en los servicios de salud sexual y reproductiva en España, elaborado por 13 ONG y presentado este jueves; y donde se denuncia los defectos del sistema de atención a las víctimas de violencia sexista. Como, por ejemplo, que Olga acabó imputada por denuncia falsa.

Porque Olga (un nombre ficticio), tras el ataque, telefoneó a su pareja. Avisaron a la policía y la trasladaron hasta un hospital. Y, según han documentado los colectivos autores del estudio, dos semanas más tarde de la agresión, la Guardia Civil la detuvo por "simulación de delito para conseguir su regularización" en el país. Y la interrogaron. Y la dejaron en libertad. Pero, apenas 24 horas después, la policía la arrestó de nuevo y la condujo hasta el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, donde permaneció retenida 48 días: "En ese tiempo solo recibió compresas y le recetaron calmantes". Hasta que salió libre. Y meses después se archivó la causa abierta contra ella.

"En España existe una falta de debida diligencia en el marco de la violencia de género hacia las mujeres y una ausencia absoluta de políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las víctimas de violencia sexual", continúa el informe de las 13 ONG, entre las que se encuentra Médicos del Mundo. Esta deficiencia afecta con más énfasis a los sectores más desprotegidos: como la población inmigrante o las víctimas de trata.

"De 17 comunidades autónomas, solo nueve disponen de centros de atención a víctimas de violencia sexual. Y en ninguna se ha abierto un denominado centro de crisis, abierto las 24 horas de los siete días de la semana", subraya Bárbara Tardón, de la plataforma CEDAW Sombra. "El gran problema es la identificación", continúa Beatriz Sagrado, de Médicos del Mundo, en referencia a los recortes sanitarios a inmigrantes impulsados por el Gobierno de Rajoy: "La atención primaria era donde podíamos detectar posibles víctimas. Y hemos perdido ese espacio".

El estudio no solo incide en estos defectos, sino que también denuncia las barreras que encuentran las mujeres para conseguir métodos anticonceptivos o interrumpir un embarazo. "Hay quien tiene que recorrer kilómetros para acceder a un servicio de aborto legal porque en su comunidad no llevan a cabo ese servicio sanitario", concluye Sagrado.