México quiere obligar a Kate del Castillo a declarar sobre El Chapo

La actriz Kate del Castillo consiguió librarse en agosto pasado de la obligación de declarar por su vínculo con el capo Joaquín Chapo Guzmán, pero el Gobierno de México no quiere dejarla escapar. Esta semana se ha sabido que la fiscalía general impugnó el amparo que anulaba la orden de presentación que se le extendió en febrero de 2016, después de que el narcotraficante fuera capturado con ayuda de la intérprete.

El diario mexicano El Universal publicó que una fuente ministerial confirmó que la fiscalía interpuso un recurso de revisión del amparo concedido a Del Castillo el 12 de agosto. En caso de que la impugnación prospere, la actriz podría ser requerida nuevamente para rendir cuentas por su relación con Joaquín Guzmán Loera, revelada en enero pasado por el Gobierno.

Se trata del tercer intento de la fiscalía por traer a Del Castillo a México para explicar la serie de conversaciones y fotografías que evidenciaron su vínculo con Guzmán Loera. El 8 de enero pasado, el capo fue detenido de nuevo tras su fuga en julio de 2015. La fiscalía reveló que la captura fue posible gracias a los encuentros que Guzmán mantuvo a finales del año pasado con los actores Sean Penn y Kate del Castillo, con la intención de filmar una película sobre su vida. Con estos elementos, la mexicana fue citada a declarar pero no se presentó. Un segundo intento se produjo en febrero con una nueva orden de presentación —emitida esta vez por la procuraduría especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)—, pero ella consiguió anular el requerimiento.

Del Castillo ha declarado que tiene miedo de volver a México. En al menos dos ocasiones, la protagonista de la serie La reina del sur —basada en el libro de Arturo Pérez-Reverte sobre una narcotraficante mexicana— ha dicho que no confía en las autoridades mexicanas y teme que una vez que pise el territorio, el Gobierno la persiga para "destrozarla". Es por esto por lo que se amparó contra la orden de presentación y permanece en su lugar de residencia, Los Ángeles (EE UU).

Incluso en caso de ser requerida, la intérprete declararía en el consulado de la ciudad estadounidense y no en México, según dijo en febrero su padre, el también actor Eric del Castillo.

La intención inicial de la fiscalía era que la actriz mexico-estadounidense declarara como testigo en la causa judicial contra El Chapo, pero más adelante se sumaron nuevas pesquisas a la investigación: el Gobierno quiere indagar si la actriz recibió dinero del capo para la producción de su marca de tequila Honor del Castillo, ya que en ese caso, podría tratarse de lavado de dinero.

La protagonista de telenovelas mexicanas registró su marca de tequila en 2014 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Un mes antes de realizar el trámite, había comenzado un intercambio epistolar con el líder del cártel de Sinaloa mientras aún estaba recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Un año después, Del Castillo organizó un encuentro entre el capo y el estadounidense Sean Penn, durante el cual realizaron una entrevista que posteriormente se publicó en la revista Rolling Stone. El Chapo —quien ya se encontraba prófugo— aceptó esta reunión porque buscaba el apoyo de los actores para realizar su viejo anhelo de producir una cinta sobre su vida.

Este encuentro permitió a los servicios de inteligencia mexicanos ubicar al narcotraficante y seguirle la pista hasta atraparlo, según el relato de la fiscalía general. Tras su recaptura, el diario mexicano Milenio publicó los mensajes de texto intercambiados entre Kate, El Chapo y uno de sus abogados, interceptados por los servicios de inteligencia del país. En esos mensajes se revela la admiración mutua entre la actriz y el narco, así como la alegría de ella cuando este escapó de prisión y su interés en una posible participación en el lanzamiento de su marca de tequila. Es por ello que el Gobierno ha insistido en requerir a Del Castillo para que rinda cuentas sobre esta relación e investigar si cometió el delito de blanqueo de capitales.