La ingeniería de los mercados en la cooperación

Las técnicas para eludir responsabilidades fiscales también han afectado a los fondos de cooperación para el desarrollo. Hace unos días, el Tribunal de Cuentas denunciaba que partidas destinadas a la cooperación habían operado desde paraísos fiscales. Una denuncia que vino a constatar el uso ilegítimo de fondos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en operaciones que poco a nada tienen que ver con el desarrollo de los países y las personas. Lamentablemente, nada que de alguna manera no hubiéramos alertado ya desde las organizaciones de la sociedad civil.

Se trata del conocido como Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Heredero de los polémicos Fondos de Ayuda para el Desarrollo (FAD), funciona a través de tres tipos de operaciones: créditos blandos de Estado a Estado; créditos a instituciones financieras (como el Banco Mundial), y participación en fondos de inversión. En este último caso, lo que se hace es canalizar dinero público a través de intermediarios financieros (fondos de inversión) que, en teoría, lo invierten en el fomento del desarrollo de los países con los que se trabaja. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que la teoría no siempre va acompañada de la práctica, y que los mercados tienden a barrer para su casa.

Una situación ya denunciada

Aparentemente y según establece la ley, el FONPRODE fue creado para ser un instrumento más de la política de cooperación y, por tanto, para contribuir al desarrollo sostenible de los países. La ley, sin embargo, era lo suficientemente laxa como para que el FONPRODE no haya cumplido con ese objetivo. Desde su nacimiento, en 2010, ha ofrecido múltiples resquicios para que los intereses empresariales primen sobre los de desarrollo; a ello ha contribuido la enorme opacidad bajo la que se ha desarrollado, en contra de las obligaciones legales en materia de transparencia.

El desvío de estos fondos es grave. ¿Qué clase de valores orientan este tipo de actuaciones?

La reforma que sufrió en 2014 vino a empeorar esta situación y así lo denunciamos junto a la Plataforma 2015ymás. Entonces se ofreció el protagonismo de su gestión a COFIDES, una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo fin es la internacionalización de la empresa española y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO, el BBVA, el Banco Santander o el Banco Sabadell. Todo apuntaba a que los intereses empresariales se habían adueñado de los fondos destinados al desarrollo.

La reforma evitó también fijar una cuota máxima para la cooperación reembolsable, que es la ayuda en forma de créditos en mejores condiciones de las del mercado. Anteriormente, ese porcentaje se situaba en un máximo de 5% —porcentaje que, por cierto, nunca se cumplió. Ahora, ni siquiera se cuenta con ese límite y esto es extremadamente preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.

Recomendaciones y medidas urgentes

El informe del Tribunal de Cuentas es claro y pone sobre la mesa recomendaciones que deberían realizarse de manera inmediata. En primer lugar, es necesario garantizar la coordinación entre las Oficinas de Cooperación en los países y la Agencia Española de Cooperación. Las unas deben conocer lo que hace la otra y viceversa para, de este modo, complementarse y fortalecer la coherencia entre unas políticas y otras.

Otro de los palos en la rueda que habría que eliminar es la dispersión de la información y la documentación generada en torno al FONPRODE. Es urgente garantizar la centralización de estas informaciones para que estén accesibles y puedan ser objeto de investigación, seguimiento y control detallados.

Es necesario un cambio legislativo que, de una vez por todas, asegure que no podrán realizarse operaciones a través de fondos que operen en paraísos fiscales. Las acciones que se lleven a cabo tienen que ir de la mano de mecanismos de seguimiento rigurosos que garanticen que, efectivamente, se contribuye al desarrollo y no al engorde de los bolsillos empresariales.

El desvío de estos fondos es grave. ¿Qué clase de valores orientan este tipo de actuaciones? ¿Cómo es posible que se hayan producido estas irregularidades cuando existen requisitos internos y códigos éticos que deberían haberlo impedido? Tal vez ocurre que esos códigos son insuficientes y, entonces, deben ser modificados para garantizar su rigurosidad; o tal vez la ingeniería fiscal es tal que, incluso con códigos, asegura sus propios resquicios. En cualquier caso, las responsabilidades deben depurarse; urge (tal como reclama el propio Tribunal de Cuentas) una reforma inmediata que impida operaciones cuyos intermediarios operen a través de paraísos fiscales.

Marco Gordillo es vocal de Incidencia Política de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.